Empantanada. Así se encuentra a estas alturas la reforma de la ley mordaza, una norma que ha permanecido en pie a lo largo de toda la legislatura del Gobierno progresista a pesar de las promesas electorales de tumbarla por parte de los partidos de izquierdas y sin visos de que esto vaya a cambiar. La modificación de la polémica legislación sobre Seguridad Ciudadana de Mariano Rajoy lleva años encallada, sin embargo, los contadores de Moncloa han empezado a correr a doble velocidad a la luz de la última novedad al respecto: el avance de la modificación dentro de los trámites parlamentarios. Y es que este jueves los grupos del Congreso han convocado para el próximo martes una sesión de la comisión para debatirla a pesar de que todavía no hay un acuerdo entre los partidos del Ejecutivo y los socios. De ser así, caerá y no pasará a pleno.
La 'ley mordaza', a comisión
La Mesa y los portavoces de la Comisión de Interior han acordado en su reunión de este jueves impulsar la reforma de la conocida como ley mordaza hacia el siguiente paso parlamentario, es decir, su discusión en el seno de la comisión y su posterior votación. Se trata del primer debate sobre esta normativa y que, tal y como han fijado, se va a producir el próximo martes 14 de marzo a las nueve y media de la mañana, pero para la que parece que no hay opciones de fructificar, al menos por ahora. Tras meses de negociaciones, todavía no hay acuerdo entre el Gobierno y sus principales socios para aprobar la modificación impulsada en septiembre de 2020 por el PNV con el objetivo de cambiar los aspectos más lesivos de la ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular.
Esto vuelve a colocar el cambio de la legislación en el centro de las incógnitas sobre su futuro. No son pocas las conversaciones y las preguntas de los medios de comunicación en los últimos meses a unos y otros sobre el estado de las negociaciones al respecto, que no han avanzado demasiado desde que la ponencia superara la primera fase el pasado 1 de febrero gracias al voto a favor de ERC. Este gesto no fue más que un ligero cese por parte de los independentistas catalanes que, como EH Bildu, dejaron claro que únicamente pretendían desbloquear la norma y sacarla de su primer trámite. De hecho, actualmente mantienen sus discrepancias sobre la norma, lo que podría ser fundamental para sacarla adelante o que caiga definitivamente.
Una reforma sin apoyos
El PSOE está dispuesto a llevar hasta el final esta reforma, a pesar de que no haya acuerdo con las fuerzas parlamentarias de izquierdas e incluso si el resultado es tumbarla. Este es precisamente el escenario más factible a la luz del inmovilismo de todas partes. Dado que el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y el grupo Mixto están en contra de la reforma, los partidos del Gobierno necesitan que al menos se abstengan dos grupos minoritarios, como ERC, EH Bildu o Junts per Cataluña. Sin embargo, tanto ERC y Bildu -principales apoyos de la coalición- tienen previsto permanecer en sus posiciones el próximo martes. Misma decisión de PSOE y Unidas Podemos. Hasta el momento solo PNV ha confirmado que va a votar a favor del texto, por lo que de no cambiar in extremis no darán los números.
Esta situación ha llevado a Unidas Podemos, formación que entró primero en las elecciones y después en la coalición con el compromiso de tirar por tierra la ley de Seguridad Ciudadana de Mariano Rajoy, a instar a los socios de investidura a hacer un último "esfuerzo" para llegar a un pacto y evitar el "fracaso colectivo" que supondría renunciar a esta modificación. "Tenemos un 98% de acuerdo, no puede ser que un desacuerdo sobre el 2% impida que salga adelante. No nos podemos permitir esa irresponsabilidad", ha declarado esta misma semana Jaume Asens, portavoz de los comunes en el Congreso. Pero también voces del PSOE se han pronunciado en la misma línea. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha llamado a intentar alcanzar un pacto al tiempo que ha reconocido que existen dificultades para ello.
Las fricciones de la norma
Los puntos de fricción fundamentales para las negociaciones se encuentran en la prohibición de las pelotas de goma como material antidisturbios, las devoluciones en caliente, la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad. Para los socialistas y morados el uso de estos objetos para dispersar no forma parte de esta legislación, por lo que defienden que su utilización por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad tiene que regularse a través de otros protocolos, como sucede en regiones como Cataluña y el País Vasco. Los otros tres aspectos también generan especiales tensiones. ERC y Bildu insisten en que estos puntos forman parte de los "artículos más lesivos" de la norma, por lo que piden "eliminar u objetivar" el delito de desobediencia y el de las faltas de respeto a la autoridad, mientras exige prohibir las devoluciones de migrantes en la frontera.
