Primer paso para un Hemiciclo plurilingüe. El PSOE -junto a Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG- ha registrado una propuesta de reforma exprés del Reglamento del Congreso de los Diputados para incluir las lenguas cooficiales y poder utilizar el catalán, el euskera y el gallego con todas las de la ley durante las sesiones parlamentarias así como en la actividad diaria del parlamento. Lo han hecho a través de una Proposición de ley que esperan que se apruebe a través del procedimiento especial y urgente de lectura única en el Pleno a mediados del mes de septiembre. De ser así, el debate y la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo fijado para el 26 y 27 de septiembre podría ser la primera cita en la Cámara Baja en la que se escucharan los tres idiomas del Estado, junto al castellano.

Las lenguas cooficiales, al Congreso

Ha sido mucho el debate que se ha extendido en las últimas semanas entorno a la idea del uso de las lenguas cooficiales en el día a día de forma generalizada en el Congreso de los Diputados, tal y como ya ocurre en el Senado. Especialmente después de que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, abriera la puerta a principios del mes de agosto a llevar a cabo una reforma del Reglamento de la Cámara Baja para poder garantizar el uso del catalán, el euskera y el gallego tanto en los plenos como en la actividad parlamentaria al uso. Entonces la también vicepresidenta segunda aseguró que España es un "país de países", "muy diverso y plural", por lo que las "distintas identidades" merecen tener su espacio en todas las instituciones por "derecho" propio.

Tan solo días después fue el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien recogió el guante y se comprometió a impulsar las lenguas cooficiales en las instituciones europeas -siguiendo el acuerdo que alcanzó con los partidos nacionalistas, especialmente con Junts per Catalunya, ERC y el PNV en el marco de las negociaciones para la Mesa primero y después para su hipotética investidura-. "Vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea", anunció el 16 de agosto ante los diputados y senadores socialistas en una reunión en la Cámara Baja. Pero primero, garantizar su uso en el Congreso.

Una reforma exprés del reglamento

Así, el Grupo Parlamentario Socialista, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG han registrado una reforma exprés del Reglamento para incluir estas lenguas en el marco legal del parlamento. En concreto, han presentado una Proposición de ley que todo parece indicar que podría contar con el voto a favor de las fuerzas que apoyaron la designación de Francina Armengol a la primera como presidenta de la Mesa, es decir, mayoría absoluta de 178 síes. Sin embargo, su implementación abre un debate legal. La intención es tramitarla a través del procedimiento urgente de lectura única en el Pleno, por lo que una vez pasa el primer examen de su toma de consideración, únicamente se podrían presentar enmiendas a la totalidad. Esto es fundamental ya que, si finalmente no se lleva por el cauce rápido, la propuesta tendría que pasar por comisión y ponencia, lo que alargaría los tiempos.

Pero si todo se produce siguiendo los planes iniciales, esta reforma podría estar aprobada el 19 de septiembre a través de un pleno extraordinario. Cabe destacar que el Reglamento del Congreso cuenta con tipificación de ley orgánica, por lo que requiere de mayoría absoluta para su modificación, y una vez estarían garantizados los apoyos esta no necesitaría pasar por el Senado, donde el Partido Popular tiene el control y podría tumbarla. Así, de cumplir con los plazos, todo parece apuntar a que el uso de las lenguas cooficiales podría incluirse en la normativa de la Cámara Baja antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, por lo que esta cita prevista para finales de mes podría ser la primera en producirse en los cuatro idiomas nacionales diferentes.

Fuentes socialistas aseguran que esta reforma prevé un plazo de seis meses para disponer de los medios necesarios para tramitar los escritos presentados en alguna lengua oficial distinta al castellano. De esta forma, y durante este periodo, los diputados y diputadas que presenten sus escritos en una lengua oficial que no sea el castellano, deberán acompañar la traducción en dicha lengua para garantizar su entendimiento. "El uso de las lenguas oficiales trae a la Cámara Baja la pluralidad lingüística y responde al mandato constitucional para que el “patrimonio cultural” de las “lenguas españolas” sea “objeto de especial respeto y protección"", destacan desde el grupo parlamentario.

El reto técnico de su implementación

Y es que junto a la derivada legal, hay otra técnica. La puesta en marcha de esta reivindicación histórica que funciona desde hace décadas en la Cámara Alta supone un reto complicado por la necesaria complementación de recursos técnicos. La inclusión de tres lenguas más necesita de una contratación de personal y de medios de traducción para que el sistema funcione con las mínimas dificultades. A corto plazo, para que pueda empezar a operar ya desde la sesión de investidura del candidato popular, el Congreso tendrá que ejecutar contratos de urgencia para traductores desde el fondo con el que cuenta la Cámara gracias a los excedentes presupuestarios de los últimos años. Según datos de la institución a marzo del pasado 2022, el montante con el que cuentan actualmente asciende a más de 108 millones de euros. 

Tras la disposición manifiesta de Sánchez de contemplar esta medida, fuentes socialistas insistieron en mostrar cautela sobre la puesta en marcha de esta innovación, que conlleva ciertas dificultades a la hora de organizar los debates parlamentarios y su ejecución técnica. "Hay que hacerlo poco a poco. No hay traductores ahora mismo. Esto tiene sus pasos", esgrimieron a mediados de mes antes de apuntar precisamente a que hay que impulsar concursos públicos para contratar al personal necesario así como comprar todos los materiales necesarios no solo para los debates en el Pleno tanto para los diputados como para las taquígrafas, sino para los registros de propuestas y leyes, como ya ocurre en el Senado.