Hasta la fecha una máxima ha regido las relaciones del Gobierno de coalición: los puntos de fricción que generan desacuerdo se aparcan y se afrontan al final de las negociaciones. El descalabro de la izquierda en las elecciones andaluzas ha forzado a socialistas y morados a acelerar un calendario legislativo que había quedado aplazado hasta septiembre por el babilónico volumen de trabajo de estos meses, en los cuales han tenido que lidiar con las consecuencias económicas y sociales que aún colean de la pandemia de coronavirus, la gestión de los fondos europeos, la inflación, los corolarios de la guerra en Ucrania y un largo etcétera. Conscientes de que sus opciones pasan por convencer a los ciudadanos de que las medidas sociales son eficaces y facilitan su día a día, en Moncloa se han puesto el mono de trabajo para agilizar varias leyes. Con todo, el comienzo de esta nueva etapa no ha sido el ideal por las discrepancias con respecto al CGPJ.
Dado que PSOE y Unidas Podemos habrán de abordar asuntos que no comparten, los choques serán la tónica habitual, pero según fuentes de las conversaciones, la voluntad de acordar es inequívoca y todos los obstáculos se superarán.
El primero de ellos es el decreto anticrisis que aprobará el Consejo de Ministros este sábado 25 de junio. No solo se prorrogará el grueso de las iniciativas integradas en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la crisis de la guerra de Ucrania. El presidente, Pedro Sánchez, quiere ir más allá. Desde el pasado lunes trabaja a contrarreloj junto a sus socios para articular un ambicioso paquete con importantes novedades. El pasado miércoles, durante la sesión de control al Ejecutivo, Sánchez anunció que volverá a bajar el IVA de la electricidad del 10% al 5%, colocando a España como el país con el tipo más bajo de Europa junto a Malta. Esta medida figura en el plan económico que Alberto Núñez Feijóo remitió a Sánchez, por lo que los socialistas esperan que el guiño sirva para cosechar el apoyo de su bancada.
El Gobierno de coalición ultima también un cheque de ayudas directas para que las familias más vulnerables lidien con la inflación. Los detalles aún no están concretados. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó el pasado lunes en su cuenta oficial de Twitter que “para reforzar la protección de la ciudadanía, apostamos por un cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis”. Sabedores de que no es sino un parche temporal y no una medida que contenga la inflación -cuya media anual podría superar el 7%-, aún estudian la cuantía y si sus receptores serán personas o unidades familiares.
Díaz también deslizó que se valoraría reducir un 50% el abono transporte y un impuesto para las grandes empresas energéticas. Esta última arista ha generado profundas tensiones entre Unidas Podemos y PSOE. Los morados apuestan por la vía legislativa, esto es, incluir el impuesto en el decreto; mientras que los socialistas insisten en que deberá trabajarse en los Presupuestos Generales del Estado, aún en pañales.
El montante total de todas estas medidas alcanzaría los 10.000 millones de euros: 6.000 de las rebajas en el impuesto de la luz, por 3.000 del descuento de los carburantes y a razón de unos 1.200 millones en caso de aplicarse finalmente el cheque de 300 euros. Todo ello, sumado a las ayudas sectoriales específicas para agricultura, pesca y la industria electrointensiva.
Seduciendo a los socios
Además de tener que limar las discrepancias en el marco del decreto anticrisis, en las próximas semanas comenzarán a esbozarse las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado, la madre de todas las leyes. A esto, hay que sumarle el tapón legislativo provocado por varias leyes que permanecen encalladas y que ambas formaciones habían aplazado para después del verano. Sin embargo, ante los resultados en Andalucía y la amenaza de que varios articulados se retrasen sine die, PSOE y UP se han remangado.
Así, el Grupo Socialista ha reactivado la ley de Memoria Histórica, que superó su primer examen en el Congreso de los Diputados el pasado octubre, hace más de siete meses, y permanecía encallada en su fase de ponencia. El principal obstáculo era la exigencia de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), puesto que al igual que EH Bildu y PNV, considera que se queda corta. La condición sine qua non es que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977, de forma que forma que se declare ilegal el régimen salido del golpe de Estado de Francisco Franco. Sería la antesala para la reparación del patrimonio de las víctimas. Cualquier persona física o entidad jurídica podría, entonces, reclamar inmuebles o bienes incautados por la dictadura.
Tal era el anquilosamiento de la ley que el líder de Más País, Íñigo Errejón, registró una Proposición no de Ley para forzar al Gobierno a comprometerse a desbloquear todas las iniciativas bloqueadas que atañen a la reparación de las víctimas del franquismo.
Según ha podido saber ElPlural.com, aún no hay acuerdo entre los socios en esta materia, pero Moncloa ha pisado el acelerador de su agenda legislativa y están dispuestos a negociar a marchas forzadas con todos sus socios. No en vano, se ha reactivado la mesa de diálogo con Catalunya tras el encuentro entre Félix Bolaños y Laura Vilagrà. La reunión fue “cordial” y “constructiva” y, aunque desde el Govern justifican que aún no se dan las condiciones para una conversación “plena”, sí pretenden sentar las bases para encarrilar la situación.
Mal comienzo
Con todo, los partidos no han comenzado con buen pie esta nueva etapa. Este viernes el PSOE ha registrado una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional. Unidas Podemos se ha desmarcado censurando que no estaba pactado y es incompleta. Además, cabe recordar que la postura acordada entre ambos pasaba por impulsar modificaciones para facilitar el relevo de todos los órganos, incluida la rebaja de la mayoría parlamentaria necesaria.
