Tras las elecciones a la Junta de Andalucía, PSOE y Unidas Podemos han acelerado los plazos para la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática. Las dos fuerzas de la coalición han fijado ya la fecha para remitir el texto al Senado y ya trabajan con las vistas puestas en la votación. Morados y socialistas han marcado el 11 de julio con rojo en el calendario, mientras esperan que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se sume al proyecto, como ya han logrado con otros de sus socios, y aporte viabilidad al renovado marco normativo.
Por el momento, este miércoles ha quedado constituida la ponencia donde se debatirán las enmiendas parciales al texto que los diferentes grupos que componen el arco parlamentario registraron el pasado mes de noviembre y que cayeron en el olvido, al menos hasta ahora, por las divergencias entre las distintas fuerzas.
Los ponentes se reunirán a puerta cerrada el próximo y se guardan la opción de un tercer encuentro el miércoles, siempre y cuando este fuera preciso, con la idea de elevar el informe a la Comisión Constitucional del próximo martes 4 de julio. De superarse la votación, escenario que en el PSOE ven más que factible, se trabaja en la idea de que el dictamen de la comisión y las enmiendas que resistan a ella se debatan y voten en el pleno del 11 de julio. Así las cosas, se dejaría el texto enviado a la Cámara Baja antes de las vacaciones.
Un año después de aprobarla el Gobierno
De cumplir con los plazos esbozados sobre el papel, el texto que amplía la Ley de Memoria Democrática de 2007 vería la luz, previo paso por el Congreso, claro, casi un año después de que emanara del Consejo de Ministros.
Los socialistas, según fuentes parlamentarias, tienen atado el apoyo de Coalición Canaria, dan por hecho el 'sí' de Más País-Equo y Compromís y han limado asperezas con PNV, PDeCAT e inlcuso Bildu. La incógnita surge con el grupo lilderado por Gabriel Rufián, que dotaría de certeza el plan de la coalición. De hecho, a los republicanos les han transmitido nuevas ofertas para atraerles al voto afirmativo.
Una de las apuestas del Ejecutivo se basa en el reconocimiento de la ilegalidad del régimen franquista. En la redacción original del proyecto se reconoce y declara "el carácter radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas o ideológicas", así como la "ilegitimidad" de los órganos emisores.
Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030 y uno de los ponentes de la formación morada en esta materia, ha manifestado la disposición de Unidas Podemos al refuerzo de la conceptualización como "ilegítimo" del régimen de Francisco Franco. "Recogeremos más enmiendas a propuesta de ERC para reforzar este carácter", indicó antes de la ponencia el líder del Partido Comunista de España, quien se abrió a la incorporación de enmiendas de otros grupos.
En concreto, en su enmienda pide que se declare "ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y que estuvo implantado hasta la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978".
Juzgar crímenes del franquismo
No obstante, a ojos de ERC es insuficiente el mentado reconocimiento para aprobar la Ley, por lo que mantiene sus dudas sobre la fórmula pactada por la coalición para dar entrada a la reivindicación de Unidas Podemos y se puedan juzgar los crímenes del franquismo en España.
PSOE y Podemos ya acordaron en su momento la introducción de una enmienda que recalcara que la Ley de Amnistía de 1977, fundamental en la Transición, ha de interpretarse en consonancia con el Derecho Internacional en particular, el humanitario, según el cual los crímenes de gerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura obtienen la consideración de "imprescriptibles y no amnistiables".
En Unidas Podemos se explica que, como ha expuesto Enrique Santiago, esa redacción se abría a juzgar a torturadores franquistas. Sin embargo, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, admitió que no tendría efectos prácticos porque no deroga el texto del 77, sino que ratifica su vigencia y refuerza la idea de que ha de interpretarse en base a los tratados internacionales.
El dirigente del PCE admitió que esa enmienda se añadirá sin cambios al texto final, aunque los republicanos preservan sus exigencias para que se retoque la Ley de Amnistía y se abra una vía enfocada a una reparación patrimonial de las víctimas real. A pesar de todo, el portavoz morado ha expuesto la voluntad negociadora de la coalición y ha manifestado su deseo de que ERC recule y apoye la normativa.
"Estoy convencido de que ninguna fuerza política progresista, democrática y de izquierdas, va a quedarse sin apoyar esta ley situándose donde se va a situar la derecha y la ultraderecha. Este escenario no debería darse", ha señalado, al tiempo que insistía en que ninguna "de las fuerzas del pacto de investidura" debería "defraudar al movimiento memorialista".
Restituciones y centro virtual de documentación
En suma, PSOE y Unidas Podemos tienen prácticamente resuelto el acuerdo con el PNV. Algunas de las propuestas se incluyeron en el proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo y ahora se incorporarán enmiendas relativas a la restitución de documentos o bienes incautados a personas naturales o jurídicas así como de partidos políticos o sindicatos.
Las enmiendas del PDeCAT transitan en un sendero similar e incluso podrían adherirse al texto final, aunque también se incluyen otras destinadas al respeto de las competencias autonómicas en materia de Memoria Democrática.
Ana Oramas también se ha sumado a este proyecto. La diputada de Coalición Canario vio aceptadas sus dos enmiendas, que abordarán la creación de un Centro Virtual de Documentación al que pueden incorporarse documentos de autonomías -o entidades extranjeras- a través de convenios de colaboración con el Centro Documental de la Memoria Histórica y, la segunda, se dirige a la cobertura de los citados convenios, con el fin de que cuenten con la pertinente financiación en la Ley de Presupuestos.
