La batalla ideológica está servida en Alcalá de Henares (Madrid) con el bipartito formado entre Partido Popular -con Judith Piquet, una de las personas fuertes de Isabel Díaz Ayuso al frente- y Vox. Este martes, casi con total seguridad -por pura aritmética- será reprobada la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento complutense, Rosa María Romero, acusada de delito de odio después de criticar que la asociación Provida, contra el derecho al aborto, desfilara en la pasada cabalgata de Reyes.
Más allá de lo polémico de esta situación concreta, da la casuística de que la misma se produce contra una de las personas que más ha puesto pie en pared para conseguir que se haga justicia en el bautizado como ‘caso Alborada’, que afecta a menores de entre tres y seis años que habrían sido víctimas de abusos sexuales por parte de un ex cuidador del centro.
La vehemencia con la que la derecha y la extrema derecha han actuado en favor de esta asociación y la forma en la que, parece, callan con los abusos sexuales del colegio Alborada es cuanto menos llamativa, y así lo denuncia la propia portavoz en declaraciones a ElPlural.com con mucha cautela: “Posiblemente esté todo relacionado, las familias lo sospechan y el partido también, porque al final no deja de existir un vínculo estrecho entre Provida, el PP y el Opus, pero son solo sospechas”.
En cuanto a la actualidad más estricta, todo parece que la reprobación de Romero saldrá adelante con el beneplácito de los ‘populares’ y el partido que a nivel nacional capitanea Santiago Abascal en el marco de esas críticas a la carroza, que después apareció rota. “Todo apunta a que fue un accidente, pero tanto Provida como PP, Vox, y Abogados Cristianos, defienden que ha sido culpa de nuestras declaraciones”, explican en conversación con este periódico, añadiendo que la zona estaba vigilada “con cámaras y vigilancia presencial nocturna”.
"Podrían haber desfilado Revuelta o Núcleo Nacional"
“No tienen ninguna prueba (…) Se pronunciaron cuando la investigación policial todavía estaba en curso”, determina la portavoz de Más Madrid. Otra cosa que llama la atención es que las bases del concurso eran tan generales que cualquier entidad podría haberse presentado, tal y como a corroborado ElPlural.com: “Podría haber desfilado Revuelta o Núcleo Nacional”, dice la fuente de estas líneas con un toque de sorna.
Ahora, tal y como refleja la documentación a la que ha tenido acceso este medio, le piden que se retracte de sus palabras pidiendo perdón o, de lo contrario, se aprobara su reprobación y la consiguiente querella. “Yo tengo muy claro que no me voy a callar cuando se están utilizando fondos públicos para financiar a entidades que van en contra de los derechos fundamentales de las mujeres”.
Además, recuerda, el partido tiene una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que demuestra de qué manera la región está utilizando la Mesa de la Asamblea para vetar a la formación a nivel autonómico. “No se dejan de vulnerar derechos y ahora me acusan a mí de incitar al odio cuando lo que ha ocurrido aquí es un atropello a la libertad de expresión”, insiste Romero, lamentando que a nivel municipal también sigan la estela de Isabel Díaz Ayuso.
Este ejemplo es muy clarificador, y es que es bien conocida la postura de los ‘populares’ madrileños y, sobre todo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien mandó a las mujeres “a abortar a otra parte” cuando el Gobierno de España pidió una lista de objetores de conciencia.
Asimismo, parece una contradicción la respuesta de la derecha nante los abusos del centro concertado Alborada, tema delicado del que rechazaron preguntas en noviembre en la Asamblea que ahora han aceptado: “Ellos -el PP- son muy provida, pero parece que solo les importa lo que denominan no nacidos (…) Hay unos 50 niños que han sido presuntamente víctimas de abusos sexuales y en ningún momento ni el PP, ni Vox, ni ninguna asociación provida han condenado ni se ha postulado a favor de las familia”. “El silencio impera y es muy llamativo”, refrenda.
El Ministerio de Sanidad formalizaba hace unas semanas una denuncia contra la Comunidad de Madrid por seguir a fecha de hoy sin registro de objetores de conciencia del aborto, incumpliendo con ello la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2023 y el protocolo votado por la propia consejería de Sanidad.
