Asistimos durante estos días posteriores a la celebración de las Elecciones en Catalunya al enésimo debate sobre desequilibrios territoriales, con excesos verbales nacionalistas o sobreactuaciones de independentistas y extrema derecha para poner en cuestión la integridad del Estado, según los intereses de unos o de otros.

Frente a esos debates artificiales, que solo buscan la confrontación y la división de los ciudadanos, otros hemos querido ponernos a trabajar en la lucha contra la despoblación y para lograr la mayor cohesión territorial en nuestro país.

El pasado mes de diciembre participé, en la presentación en el Congreso, de la PNL del PSOE para la elaboración del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población.

Y este es uno de los principales objetivos con los que vamos a trabajar en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en los próximos meses: elaborar y aprobar un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población que contribuya a fijar la población en las áreas menos densamente pobladas del territorio nacional, afianzar la calidad democrática de los municipios y garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Esta PNL insta al Gobierno a que el futuro Estatuto contenga medidas dirigidas a mejorar la organización y el funcionamiento administrativo, procedimientos de contratación y prestación de servicios por parte de los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Es necesario poner en valor que las Entidades Locales, en particular los municipios, son las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía y las que dan respuesta a las necesidades más próximas en el entorno en el que viven sus habitantes. Son la puerta de entrada a nuestro Estado del Bienestar y, además, son espacios para la convivencia en los que debe preservarse la calidad democrática.

La realidad en nuestro país está marcada por una demografía que nos indica con cifras oficiales del INE, que hay 8.131 municipios en España, pero amplias diferencias de configuración, población, etc.

Con datos de enero de 2020, existen 1.400 municipios de menos de 100 habitantes, 2.606 municipios entre 101 y 500 habitantes, 1.001 municipios entre 501 y 1.000 habitantes, 869 municipios tienen entre 1001 y 2.000 habitantes, 951municipios entre 2001 y 5.000 habitantes, 545 municipios tienen entre 5001 y 10.000 habitantes, 344 municipios son entre 10.001 y 20.000 habitantes, 266 municipios tienen una población entre 20.001 y 50.000 habitantes, 86 municipios albergan entre 50.001 y 100.000 habitantes y 63 municipios cuentan con una población de más de 100.001 personas.

Los datos de la población inscrita en el padrón a 1 de enero de 2020, cifraban la población de España en 47.431.256 personas. El 40,1 % de esa población española vive en los 63 municipios de más de 100.000 habitantes, por lo que se evidencia demográficamente la realidad de nuestro país con amplias zonas con muy poca población y la mayor parte se aglutina en grandes urbes y sus áreas metropolitanas.

Contamos con 5.007 municipios de menos de 1.000 habitantes y un total de 6.827 municipios de menos de 5.000 habitantes en nuestro país. Esto supone que un 83,69 % de los municipios en nuestro país son claramente rurales al disponer de menos de 5.000 habitantes.

Estos municipios más pequeños han tenido que lidiar con esa dispersión territorial y demográfica que afecta a nuestro país, debiendo ejercer sus funciones en el marco de un régimen de organización y funcionamiento que no siempre se adapta a sus necesidades como procedimientos administrativos, necesidades de personal o financiación para poder prestar los servicios públicos de calidad a los que tienen derecho sus habitantes.

La persistencia de estas dificultades en el tiempo, además, no hace sino agravar la situación y contribuir, todavía más, a la despoblación, pues hace que para familias y jóvenes resulte cada vez menos atractivo residir en estos municipios menos poblados.

Para avanzar en la resolución de este problema, el Consejo de Ministros del 29 de marzo de 2019 presidido por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobó las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, cuyo objetivo general es sentar las bases de un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio a través de la coordinación y cooperación de todas las Administraciones Públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos y la colaboración público-privada.

Retos como el cambio climático o el propio reto demográfico, la digitalización de las administraciones públicas y su administración electrónica, o unos servicios públicos de calidad para poblaciones y colectivos de especial necesidad (mayores) tienen que ser abordados en colaboración con los pequeños municipios, donde se cristalizan las soluciones para la población. Para ello tienen que tener unas normas de procedimiento administrativo, contratación pública o normas presupuestarias ajustadas al tamaño de sus proyectos.

Antidio Fagúndez Campo es diputado por la provincia de Zamora y Portavoz Del Partido Socialista sobre Reto Demográfico en el Congreso