El empresario José Adolfo Vedri, detenido por la trama de financiación ilegal del PP en Valencia, se benefició de adjudicaciones amañadas de 11 consejerías del gobierno valenciano, de empresas públicas dependientes de la Generalitat, de las Diputaciones de Valencia y Alicante y del Ayuntamiento de Valencia, adjudicaciones que superan los 30 millones de euros.

Así se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena Ser que añade que las cifras superan con mucho a las de la trama Gürtel en Valencia, que logró alrededor de 16 millones de euros.

Las administraciones gobernadas por el PP le concedías los contratos en concursos amañados y, a cambio, Vedri pagaba una mordida al partido que solía ser del 3% de cada concesión, aunque también podía superar ese porcentaje.

El procedimiento, según explica la SER, era el siguiente:

La mayoría de las contrataciones se hacían por el procedimiento negociado sin publicidad. El Consell invitaba a tres empresas y todas ellas eran siempre de José Adolfo Vedri.

El otro método utilizado para evitar el concurso público era el procedimiento de urgencia, que permitía la adjudicación a dedo.

Curiosamente en muchos de los casos en los que se utilizaba este procedimiento no existía tal urgencia ya que se trataba de campañas de publicidad previsibles desde hacía meses, como en el caso de la campaña de la gripe de 2010, concedida a Vedri por un importe de 731.555,54 euros, o en campañas de prevención de incendios o publicidad del Servici Valenciano de Empleo, de entre 780.000 y 900.000 euros.

El juzgado de Valencia, que investiga el caso, cree que Vedri actuaba como finaciador del PP de Valencia, que también presidía Camps.

Según los investigadores el PP de Valencia actuó durante años como una “organización criminal”. La trama, en la que además de Francisco Camps aparecen Alfonso Rus, Máximo Caturla o Gerardo Camps, disponía de hasta 5 cajas B, que se nutrían con el dinero de empresarios que, a cambio, lograban adjudicaciones públicas. En la causa que investiga el juzgado número 18 de Valencia hay más de 60 imputados por cohecho, blanqueo y malversación, entre otros delitos.