El comienzo del año judicial ha llegado con más turbulencias de las esperadas. La situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde de sentarse en el banquillo por la presunta revelación de secretos con el mensaje en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía sus delitos fiscales, ha levantado muchas ampollas en los sectores más conservadores y en el Partido Popular, llegando a pedirle que se ausente del acto inaugural del año judicial y planificando un 'boicot' para protestar por que siga en sus funciones pese a este contexto. Las diferentes visiones alrededor de esta situación han protagonizado la palestra mediática durante los últimos días.
El primero en abrir la veda fue Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, al anunciar que no acudirá a la apertura del año judicial en protesta por la situación del fiscal general del Estado. Con esa decisión, Feijóo no solo plantará al fiscal general, sino también al rey, Felipe VI, que es quien preside el acto. Donde sí estará el líder del PP este viernes, no obstante, será en la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid.
"Compromisos previamente adquiridos"
Fuentes de Génova explican que el acto coincide en fecha y hora con la inauguración del curso político del PP de Madrid en Arganda del Rey, al que Feijóo asistirá junto a Isabel Díaz Ayuso, y definen este acto como un "compromiso previamente adquirido", por lo que el gallego no asistirá a la inauguración del año judicial, algo que sí había hecho en 2022, 2023 y 2024, ya sea por haber estado comprometido previamente con ello o por la explicada protesta.
"Feijóo, por tanto, acompañará a Isabel Díaz Ayuso y no asistirá a una apertura del Año Judicial en la que participa un fiscal general del Estado que incurrió en desviación de poder según el propio CGPJ, y que está procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribunal Supremo", señalan estas mismas fuentes. La protesta del PP ha sido señalada desde otros sectores como una "politización del acto judicial", por aprovechar también para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan, sin mucho que ver con el motivo de sus protestas con el fiscal general del Estado, de "amnistiar a imputados como Puigdemont, indultar a condenados como Junqueras, celebrar que se anulen las condenas a Chaves y a Griñán y proteger a personas como Begoña Gómez o David Sánchez".
El escrito en protesta y la respuesta de la Fiscalía General
Por su parte, desde la Fiscalía General del Estado observan con asombro cómo desde el PP y las asociaciones de jueces conservadores se reclama a Álvaro García Ortiz que se ausente del acto oficial de apertura del año judicial que tendrá lugar este viernes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El acto está habitualmente caracterizado por la solemnidad, con un desfile de autoridades en la plaza de la Villa de París y con el rey Felipe VI como máximo exponente. No obstante, este año se verá alterado por el boicot del líder de la oposición y las previsibles quejas de los jueces conservadores, quienes, ante la imputación de García Ortiz, emitieron un comunicado para pedir su ausencia y llevan toda la semana apalabrando en chats privados y cenáculos reducidos cómo realizar un desplante al fiscal general que no derive en una falta de respeto a Casa Real ni al resto de protagonistas de la cita.
"Su presencia es un desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al jefe del Estado", rezaba el texto, en el que las asociaciones mostraban su "rechazo a la presencia en este acto de Álvaro García Ortiz". "Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad", argumentaban.
"Respetamos la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz y será debidamente amparado ante los tribunales, sin embargo, el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos. Por eso, desde aquí queremos solicitar al Fiscal General del Estado que, por respeto a S.M. el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial", sentencia la protesta.
A raíz de la emisión de este escrito, ElPlural.com se puso en contacto con fuentes cercanas al fiscal general del Estado para conocer cómo están viviendo estas horas de incertidumbre y ataques directos contra su persona y su presencia en la apertura del año judicial. Incrédulas ante la situación, las fuentes señalaban que "la asistencia del FGE no está en cuestión": "Es su obligación asistir a este acto como marca la ley. No puede elegir ir o no ir. Desde el momento que sigue siendo FGE, debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades del cargo".
En esencia, la petición iría en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, en su artículo 181, establece que el líder del Ministerio Público debe presentar la memoria de la Fiscalía en el acto de apertura del año judicial. "Se supone que los jueces y los fiscales conocen perfectamente las obligaciones institucionales y regladas que conlleva el cargo de FGE. El FGE está cumpliendo la ley y no pueden pedirle que la incumpla o protestar porque la cumple", remataron las fuentes.
La filtración, "no atribuible" al FGE según un juez
El pasado mes de julio, la Sala de apelaciones del Tribunal Supremo rechazó el recurso de apelación presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en contra de su procesamiento, pero la decisión fue tomada sin un acuerdo total en la sala, ya que el magistrado Andrés Palomo del Arco formuló su voto particular al estar disconforme con el criterio mayoritario de los otros dos magistrados.
Palomo mostró su disconformidad con el voto de los otros dos magistrados al concluir que "no aparece suficientemente justificada que don Álvaro Ortiz haya sido el autor de la revelación de la información contenida en el correo electrónico de 2 de febrero de 2024, ni a la prensa, ni a la Presidencia del Gobierno". "En mi propuesta de ponencia, que restó en minoría, entendía, que para ambos investigados, debió acordarse el sobreseimiento. La valoración de la mayoría ha resultado radicalmente divergente a mi borrador; absolutamente incompatible, por lo que entiendo necesario, que conste el disenso, que no es cuestión de matiz, sino sobre el alcance de la finalidad del auto de prosecución en el procedimiento judicial y la fiscalización judicial del acervo incriminatorio", razonaba el magistrado en primera instancia.
El documento llegó a manos de diferentes periodistas y medios de comunicación antes de que García Ortiz lo tuviera en su poder, según el análisis de diferentes mensajes. "La petición de remisión para su conocimiento de los referidos mensajes a su correo de Gmail, tampoco resulta corroboración alguna indiciaria; dada la hora que era, no deviene significativo, pues aunque no sea habitual, tampoco resulta infrecuente en algunos titulares de direcciones de correo electrónico bajo dominio del ministerio de justicia que alternen sus comunicaciones con correos de otros dominios. Pero, aunque se otorgara fuerza corroboradora de la coincidencia cronológica referida, la destrucción de conversaciones, mensajes y correos electrónicos de sus dispositivos, es patente, que el canon exigido para dictar el auto de prosecución, en modo alguno se alcanza", argumentaba Palomo.
"Por ende, no resulta posible con el acervo indiciario acumulado, atribuir de una manera mínimamente justificada, la filtración del correo del día 2 de febrero al investigado; de manera que también procedía acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones, respecto del mismo", concluía el magistrado, disconforme con el fallo.
