En la Fiscalía General del Estado observan con asombro cómo desde el PP y las asociaciones de jueces conservadoras se reclama a Álvaro García Ortiz, líder del Ministerio Público, que se ausente del acto oficial de apertura del año judicial que tendrá lugar este viernes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.
La habitual solemnidad del ceremonioso desfile de autoridades en la plaza de la Villa de París, con el rey Felipe VI como máximo exponente, se verá alterado este inicio de curso por el boicot del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y las previsibles quejas de jueces conservadores, quienes, ante la imputación de García Ortiz, llevan toda la semana apalabrando en chats privados y cenáculos reducidos cómo realizar un desplante al fiscal general que no derive en una falta de respeto a Casa Real ni al resto de protagonistas de la cita.
A la espera de ver cómo acaban materializándose estas pretensiones, objeto de rumor desde hace semanas, este miércoles el presidente del PP y líder de la oposición hizo público el primero de los movimientos. Fue a través de un comunicado de Génova a los medios de comunicación, en el que, simplificando la afrenta en una nota de prensa de cerca de 300 palabras, explicaban que Feijóo se había comprometido con anterioridad a acompañar a Isabel Díaz Ayuso a la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid.
Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga.
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 4, 2025
Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi…
De esta forma, y entre muchas disculpas al rey Felipe y “el mayor de los respetos” hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Génova aprovechaba para atacar al fiscal general y al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez: “El PP lamenta que el Gobierno someta al jefe del Estado a la tensión institucional de compartir acto con un FGE en esta situación procesal, algo que sería fácilmente evitable si Pedro Sánchez forzara su renuncia de manera inmediata”, sentenciaban.
Un comunicado acompañado de otro que ha visto la luz este jueves, firmado, esta vez, por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). Ellos, dando un paso más, profetizaban sobre la inconveniencia de que García Ortiz acudiese a la ceremonia de este viernes y reclamaban abiertamente no someter a Felipe VI al mal trago de presenciar abiertamente esta pugna judicial: “Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad”.
“Nos piden que incumplamos la ley”
ElPlural.com se ha puesto en contacto con fuentes cercanas al fiscal general del Estado para conocer cómo están viviendo estas horas de incertidumbre y ataques directos contra su persona y su presencia en la apertura del año judicial. Fuentes solventes, incrédulas ante la cascada de movimientos, explican que “la asistencia del FGE no está en cuestión”: “Es su obligación asistir a este acto como marca la ley. No puede elegir ir o no ir. Desde el momento que sigue siendo FGE, debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades del cargo”.
De esta forma, y ante la repregunta por el comunicado de asociaciones conservadoras de la judicatura, deslizan su asombro ante una petición que iría directamente en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, en su artículo 181, establece que el líder del Ministerio Público debe presentar la memoria de la Fiscalía en el acto de apertura del año judicial.
“Se supone que los jueces y los fiscales conocen perfectamente las obligaciones institucionales y regladas que conlleva el cargo de FGE. El FGE está cumpliendo la ley y no pueden pedirle que la incumpla o protestar porque la cumple”, rematan estas mismas fuentes.
Una polémica imputación
Fue el 29 de julio cuando la Sala de Apelación del Tribunal Supremo daba por enterrado el recurso de Álvaro García Ortiz y ratificaba su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos vinculado al fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La imputación, decidida por el juez instructor de la causa, Ángel Hurtado, no ha estado exenta de polémica desde el principio de la investigación. A la riña política, derivada de la relación del denunciante con la baronesa popular, máximo exponente de la guerra política entre el PP y Pedro Sánchez, se sumaba una instrucción muy discutida en distintos momentos procesales.
La relación directa entre Fiscalía y Presidencia o la presunta filtración a los medios de comunicación han sido claves para la decisión del juez Hurtado. No obstante, han sido muchos los testigos a los que se les ha tomado declaración que han negado tajantemente haber recibido el correo del abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, reconociendo su fraude fiscal de manos de la Fiscalía General del Estado. Entre ellos se encuentra un reguero de periodistas que van desde medios como Cadena Ser hasta otros como laSexta, elDiario.es o ElPlural.com, medio que publicó en exclusiva el documento que acreditaba la confesión del propio Alberto González Amador por haber defraudado durante dos ejercicios consecutivos más de 350.000 euros.
