Según la comúnmente conocida como Ley de Memoria Histórica, las dos únicas obligaciones de los Ayuntamientos en materia de simbología franquista, son: la elaboración de un catálogo de vestigios, y la retirada de los símbolos de exaltación de la guerra civil y dictadura. El Ayuntamiento de Madrid, desde la recuperación de la democracia y las primeras elecciones municipales en el año 1979, con su inacción, está retrasando resolver un problema que tras 40 años de democracia, se sigue sin solucionar en Madrid.

Ante la inacción del Ayuntamiento de Madrid, el pasado 24 de noviembre de 2015, a las 11.00h, presenté demanda contencioso-administrativa, en donde se suplicaba frente al Ayuntamiento de Madrid, dos cuestiones: la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y Dictadura, en Madrid; y la retirada inmediata de escudos, insignias, placas, derechos y honores, u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, y represión de la dictadura, así como la redefinición de: 186 calles, siete espacios públicos, seis centros públicos, una placa de recuerdo homenaje, todos ellos expuestos en el  hecho primero de la demanda.

Con carácter previo, el 14 de abril de 2015 se presentó el derecho de petición ante el Ayuntamiento, y con fecha 22 de julio de 2015, fue nuevamente requerido el consistorio, para dar respuesta a la petición. Según la norma, en 10 días hábiles se debe emitir un “recibí”, y en 45 días hábiles, una respuesta. Aunque el órgano colegiado es el mismo Ayuntamiento de la capital de España, conviene recordar que en la primera fecha, gobernaba una alcaldesa del Partido Popular que nunca se había presentado a las elecciones; y en la segunda, la actual alcaldesa de Madrid por otro partido, Ahora Madrid, jueza, y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. En ambas peticiones, no existe respuesta.

Resultan contradictorios los reparos morales a la hora de retirar simbología de exaltación, o tratar el debate sobre retirar simbología franquista, en aplicación de una Ley aprobada en el Congreso de los Diputados, frente a la facilidad con que se inauguraba en Madrid la Calle de la Armada Española, muy cerca por cierto del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. El cambio se produjo sin plenos especiales, en abril del año 2015, repito 2015, en un período en que se habían celebrado elecciones municipales en Madrid, y Ana Botella era la alcaldesa en funciones. Tras ocho meses, dicha actuación no ha supuesto ningún problema ni político ni jurídico, ni para la nueva corporación, ni mucho menos para la anterior, hoy en la oposición.

Es insoportable desde cualquier valor democrático que la capital de España sufra todavía de un callejero con 186 calles franquistas, siete espacios públicos, seis centros públicos, una placa de recuerdo homenaje; es intolerable que tengamos que sufrir, tengamos que soportar un Arco de la Victoria, puesto que hoy sigue siendo el único monumento del mundo que representa el triunfo de una parte de los españoles que celebra el triunfo sobre otra, los vencidos, ambos de una misma nacionalidad. Es insoportable que todavía existan centros escolares, donde los padres inscriben a sus hijos, para que los más pequeños aprendan a leer y escribir, y que estén dedicados a protagonistas del franquismo. Lo que se les pide a los poderes públicos, es que cumplan una ley de hace ocho años. Se trata de cumplir la Ley. Nada más y nada menos.

Tras la admisión a trámite de la demanda, el Ayuntamiento de Madrid legalmente tiene dos opciones: oponerse, convirtiéndose en cómplice de la Guerra Civil y Dictadura en el año 2015; o allanarse, y con ello dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica. Ellos sabrán.