Este miércoles, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el titular de Exteriores, José Manuel Albares; y el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, darán cuenta en el Congreso de los Diputados sobre el acuerdo entre Junts y PSOE para la delegación en materia de control de fronteras y flujos migratorios. A su vez, como oposición, una decena de organizaciones de la Policía y la Guardia Civil han convocado una protesta, ya que entienden este acuerdo como una “cesión ilegal” a la Generalitat de Cataluña y los Mossos d'Esquadra.
Fernando Grande Marlaska se enfrenta así a las preguntas del portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, y la diputada Sofía Acedo, quienes le van a interrogar para saber si "considera legítima la cesión de competencias exclusivas del Estado a cambio de seguir en el poder" y "qué respuesta da a las quejas contra las cesiones en materia de fronteras hechas públicas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", respectivamente.
De esta manera buscan que el ministro socialista explique la postura del Gobierno y además se pronuncie públicamente por las críticas al acuerdo. En nombre de Vox, por su parte, será el diputado Ignacio Gil Lázaro quien se dirija a Marlaska para que aclare ante el hemiciclo "cómo va a defender la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña".
En lo que respecta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ésta tendrá que hacer frente a las preguntas de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien le va preguntar "qué más van a ceder para seguir en el gobierno". También el dirigente popular Elías Bendodo pedirá cuentas a Montero por su gestión del Ministerio y el diputado Jaime de Olano le preguntará si "la igualdad entre españoles es una prioridad de este Gobierno", donde también podrán hacer referencia a la quita de deuda de las comunidades que el Gobierno pactó con ERC.
Los otros dos ministros que PP y Vox quieren que se pronuncien sobre este asunto son José Manuel Albares y Félix Bolaños. Al primero va a dirigir la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo para preguntarle "cómo puede el Gobierno defender la democracia y la soberanía territorial fuera de España mientras las socava dentro de España".
Mientras que a Bolaños será la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien pedirá que aclare "qué explicación le da el Gobierno a sus contradicciones". No obstante, el asunto no se queda ahí, ya que una vez finalicen las preguntas al Gobierno, el PP intentará ir un poco más allá en este asunto con una interpelación contra Marlaska para hablar sobre "las cesiones que acaba de realizar su Gobierno en materia de inmigración y fronteras", un debate que derivará en una votación a la semana siguiente.
Críticas a Sánchez
Las principales organizaciones policiales han rechazado contundentemente la proposición de ley orgánica acordada con Junts,, con la que se delegan competencias en materia de inmigración a Cataluña -a través del artículo 150.2 de la Constitución-. Esta iniciativa permitiría a la Generalitat gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y ejecutar la devolución de extranjeros con prohibición de entrada.
El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d'Esquadra a compartir con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la Policía catalana estará en la frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este pacto responde a una de las reivindicaciones ya clásicas de Junts, que pasaba por que los Mossos d’Esquadra tuvieran presencia en los puestos fronterizos que se encuentran dentro de Cataluña.
En su convocatoria para la concentración frente al Congreso a las 11:00 horas, una docena de organizaciones policiales han criticado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas, donde afirmó que los Mossos d'Esquadra son "Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" al mismo nivel que la Guardia Civil y la Policía Nacional.
"Evidencian, una vez más, un doble rasero injustificable. Si el Gobierno quiere igualar el reconocimiento de todas las policías, que lo haga en derechos, condiciones laborales y salariales, y no solo cuando le conviene políticamente", han señalado desde la plataforma policial.
