En esta última entrega, dedicada al Caso Lezo y a la instrucción que ha llevado el juez García Castellón conviene recordar a los lectores que cuando se hacen las primeras detenciones el 19 de abril 2017, en concreto la de Ignacio González, ex Presidente de la CM y ex Secretario General del PP, el juez instructor era Eloy Velasco. Dicho esto, a nadie se le escapara que la entonces cúpula del Gobierno de Rajoy con Rafael Catalá como ministro de Justicia y Jorge Fernández Díaz como Ministro del Interior conocían de la operación desde que la Fiscalía Anticorrupción presentó el 13 de junio 2016 una querella que daría paso a las DP 91/16. Esta querella se fundamenta en un informe de la UCO fechado el 14 de octubre 2015.Esta cronología es especialmente relevante si se ponen en relación con una conversación grabada por la UCO el 22 de noviembre 2016 en el despacho de Ignacio González, por entonces ex Presidente de la CM, tras ser vetada por Rajoy su candidatura a las elecciones autonómicas del 2015 y ser sustituido por Cristina Cifuentes. Su interlocutor era Eduardo Zaplana, ex ministro de Aznar y ex Presidente de la Generalidad Valenciana. En la actualidad está siendo investigado por el caso Erial.Ignacio González: “Vamos a ver una cosa Eduardo, yo de verdad, como tú dices ... Eduardo Zaplana: “Es que aquí no manda nadie” Ignacio González: “Es eso lo que te iba a decir, vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal, y escucha, tenemos a un Juez que está provisional. ... tú lo asciendes ... yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular coño (…) magistrado de enlace en Roma que vive como dios y él tío no quiere saber nada claro, a mi me vas a meter en líos, y una mierda .... y está encantao. Yo le llamo a éste y le digo, oye ven aquí, el titular aquí y a éste ... a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta eso?, y a este tío los pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¡pero qué cojones de chantaje!, pero como to el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla”.No hay que ser un sabueso detective para deducir que cuando se refieren al magistrado de enlace a Roma están hablando del juez Manuel García Castellón que efectivamente desde marzo del 2012 estaba destinado en Italia, tras haber sido cesado como juez de enlace en Francia, país en el que estaba ubicado desde el año 2000. Dicho esto tampoco es muy complicado constatar que 8 meses después de esta conversación entre un investigado y un sospechoso habitual el juez regresa a su plaza de titular al Juzgado Central de Instrucción nº 6 para hacerse cargo, entre otras causas, de Lezo y Púnica.Y ya puestos, tampoco está de más recordar que 5 meses después de tomar posesión en el JCI nº 5 decide sacar de prisión a Ignacio González fijando una fianza de 400 mil €.Ahora vayamos a repasar la situación de cada pieza que forman este caso:El sumario inicialmente fue dividido en 7 PS. Posteriormente se añadieron 2 nuevas PS. La relativa a la financiación del PP de Madrid fue testimoniada para su integración en la PS 09 del Caso Púnica y la Pieza 6, contratos irregulares vinculados a Mercasa, el juez Velasco se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción nº 5. Se han investigado presuntos casos de corrupción que afectarían a la compra de empresas en Sudamérica (Colombia y Brasil) por el Canal de Isabel II;la adjudicación de un contrato para la construcción de un tren en Navalcarnero, y el blanqueo por parte del clan de los González.Las PS son las siguientes:Causa Principal y Pieza 1. Hechos referentes a la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II, con las adquisiciones con desvío de dinero público de EMISSAO (Brasil) e INASSA (Colombia) y el mercado de la Pintada. El 5 de marzo del 2020 García Castellón ha firmado dos autos de apertura de juicio oral. 1. Caso Emissao. Se ha investigado la adquisición entre 2012 y 2015 por parte del Canal de Isabel II de Emissao, con un sobreprecio de 9,6 millones de euros. El MF considera probado que el expresidente madrileño lideró una trama para cobrar de una comisión ilegal de 4 millones de euros por comprar esta empresa brasileña. La Fiscalía para González solicita ocho años de cárcel. Asimismo, han sido procesadas otros seis acusados: Edmundo Rodríguez Sobrino, (7 años de cárcel); el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, (7 años de cárcel); el vendedor brasileño de Emissao, Sebastiao Cristovam, (6 años y 6 meses); y la exdirectora del Canal, María Fernanda Richmond, (5 años de cárcel).2. Caso Inassa. En este caso se ha investigado la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por 73 millones de euros, con un sobreprecio cercano a los 30 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de siete años de cárcel por malversación a los exconsejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Juan Bravo y Pedro Calvo Poch por su responsabilidad en la adquisición supuestamente irregular en 2001 de la empresa. Otros procesados son el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña Arturo Canalda, a quien solicita 7 años, y varios exconsejeros del Canal, que se enfrentan a la petición más baja, de 6 años. Asimismo, la Fiscalía pide penas de cárcel para el ex director económico y de desarrollo comercial del Canal José Antonio de Cachavera (7 años) y el exdirector de Nuevos Negocios del Canal Pablo López de las Heras (7 años), entre otros. Otros dos procesados, el exgerente de Inassa Diego García Arias y el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro, habrían llegado a un acuerdo con el ministerio público para aceptar dos años de cárcel. En su momento, García Castellón rechazó que fueran investigados Alberto Ruíz Gallardón y los consejeros de su gobierno que aprobaron la inversión del Canal de Isabel II en la compra de Inassa.Pieza 2. Adjudicación, explotación y gestión de Canal Golf vinculado al CYII. El 5 de agosto 2021, García Castellón ha firmado auto de apertura de juicio oral contra Ignacio González y otras cuatro personas –entre ellas su hermano y su cuñado– por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II relacionados con el campo de golf levantado durante la época de Esperanza Aguirre sobre el Tercer Depósito del Canal, ubicado en el madrileño barrio de Chamberí. Pieza 3.Adjudicación del Tren de Navalcarnero a Móstoles. Por auto de 04.06.21, García-Castellón acuerda la apertura de juicio oralSe investiga el contrato del tren de cercanías Móstoles- Navalcarnero y las posibles comisiones abonadas. Según la UCO y el MF existen indicios sobre la adjudicación fraudulenta del contrato de obra y gestión de esta obra que involucrarían a Ignacio González González, Francisco Javier López Madrid, Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas, Felicísimo Damián Ramos Ramos, Adrián de la Joya Ruiz de Velasco e Ildefonso de Miguel Rodríguez. En el transcurso de la investigación se han hallado numerosas pruebas sobre el presunto pago de una comisión desde el entorno de la empresa OHL.Con anterioridad, el 29 de octubre del 2020, en el auto de procesamiento, García Castellón ha sobreseído al fundador de OHL Villar Mir y a Jesús Trabada, ex director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y ex consejero delegado de la empresa pública Mintra.Pieza 4.Financiación ilegal del PP Madrid.Según la UCO, la empresa INDRA por sugerencia de altos responsables políticos del PP de Madrid entregó 687.497,58 € (566.497,58 € en el año 2012 y 121.000€ en el año 2013) a empresas vinculadas directa o indirectamente a proveedores de campaña del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. En su día García Castellón se ha inhibido a favor de si mismo por considerar que la financiación del PP de Madrid se estaba ya investigando en la PS 9 de Púnica.Pieza 5.Blanqueo de capitales. El pasado 27 de julio, a propuesta del MF, se ha prorrogado la instrucción hasta el próximo 29 de septiembre ya que considera necesario esperar a que se incorporen a las actuaciones la totalidad de las diligencias ya admitidas con carácter previo además de las solicitadas por la UCO “de las que no es descartable que se puedan derivar nuevas diligencias que solo podrían acordar de prorrogarse la instrucción”. En su día García Castellón archivó las actuaciones contra la hija de Edmundo Sobrino, contra Pablo González Liberal, padre de Ignacio González y contra Pablo González, hermano e hijo de los anteriores.Pieza 8. Comisiones OHL.Se crea por Auto de 14.03.2018 a raíz de los hallazgos que se habían ido produciendo en las distintas entradas y registros ordenadas en la PS 3 de Lezo Tren de Navalcarnero, también adjudicado a OHL. Se ponen de manifiesto los pagos de comisiones a cambio de adjudicación de contratos de obra pública por lo que se decide investigar los distintos expedientes investigados abarcan desde 2004 hasta 2018. El hallazgo de un pen drive con conversaciones grabadas que abarcan desde 2004 a 2007 situan la investigación en obras adjudicadas por el Ministerio de Fomento en estas fechas, fundamentalmente puertos (Cádiz, Tenerife, Lanzarote, Melilla) y carreteras (Extremadura y Andalucía). Hasta el momento y dada las competencias y estructura del Ministerio, las responsabilidades se restringen al ámbito autonómico, excepto en el caso de OHL que afectan a toda la estructura. La Pieza investiga lo que parece fue una práctica generalizada porque no sólo se adjudican a OHL, sino también a UTEs donde participan las principales constructoras del país.Hasta aquí esta trilogía sobre la instrucción que ha perpetrado un extraño juez que un día, como bien señala Ignacio Escolar, decidió regresar de Roma, donde vivía razonablemente bien, a un juzgado de Madrid para ganar menos y trabajar más. Algún día no muy lejano, quizá solo quizá, se sabrán las razones propias y ajenas que le llevaron a tomar esta decisión. De momento, lo que si se sabe es que desde su llegada al JCI nº 6, numerosos dirigentes del PP no han sido ni siquiera “molestados” para que, al menos, fueran a declarar como testigos, como es el caso de Rajoy o Cosidó en Kitchen, Isabel Díaz Ayuso y Cospedal en Púnica o, por último, Esperanza Aguirre en la PS2 de Lezo para aclarar su participación activa en recalificar unos terrenos para la puesta en marcha de un campo de golf en pleno barrio de Chamberí. A esta generosa lista hay que añadir un número cada día más creciente de investigados genoveses que, de un día para otro, han dejado de estarlo, como son los casos de Cifuentes (Púnica) o Gallardón (Lezo). Nada nuevo bajo el sol de la Audiencia Nacional.Seguiremos informando.