La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha pedido al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, que envíe una comisión rogatoria a la República Popular de China para que solicite información sobre una cuenta en Hong-Kong. Los investigadores sospechan que dos transferencias, por un valor superior a dos millones de euros, podrían proceder “de las comisiones que se investigan vinculadas con el contrato de redacción del proyecto, la construcción y la explotación de la obra pública de la que sería la nueva línea de transporte entre las estaciones de Móstoles Central y Navalcarnero”. De demostrarse, el pago de mordidas en este tema sería de 4,5 millones de euros y no de 2,5.

En su informe, del 18 de febrero y al que ha tenido acceso ElPlural.com, los agentes también le demandan al magistrado, Manuel García-Castellón, que identifique al titular y beneficiario real de esa cuenta, así como a las personas intervinientes/autorizadas en ella, los movimientos de las cuentas desde su creación hasta el cierre de la cuenta que permitan conocer el origen y destino de los fondos, así como el ordenante de la operación.

El problema de tratar de conseguir información de las cuentas en Hong-Kong radica en que, el gobierno chino, siempre pone condiciones. Fuentes cercanas a la lucha contra la corrupción explican que “cuando pides ayuda a China para rastrear dinero en cuentas en Hong-Kong siempre piden quedarse con un porcentaje del dinero intervenido”. Ese hecho dificulta, y mucho, el poder recuperar dinero de ese país.

Las mordidas

El informe de la UCO está relacionado con la investigación en torno “al supuesto pago de la constructora OHL de unas comisiones millonarias en relación con la adjudicación del contrato, construcción y explotación de la nueva línea de transporte ferroviario entre las estaciones de Móstoles Central y Navalcarnero”. Un contrato por 20 años y con un valor de 396.632.515 euros.

Los agentes afirman que una fuente anónima informó de que los presuntos beneficiarios de esas mordidas habrían sido el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; y el director-gerente de la empresa pública de la Comunidad de Madrid, Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez. Aseveran desde la UCO que ambos mantenían una estrecha relación personal pero que, además, González era el presidente del Consejo de Administración de la empresa pública.

Durante su investigación, los policías encontraron varias anotaciones en la libreta intervenida al entonces yerno del presidente de OHL, Javier López Madrid, en las que hablaba de seguir las indicaciones de ‘Nacho’. Tanto para el juez, como para la Fiscalía y los investigadores, desde OHL se pagaron comisiones millonarias. Hasta ahora tenían centrado un pago de 2,5 millones de dólares, pero según este nuevo informe, el pago podría haber sido de más de 4,5 millones.