El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha dictado la apertura de juicio oral para el expresidente madrileño Ignacio González por la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007, por lo que la Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel. Junto al exalto cargo popular se sentará en el banquillo el controvertido  Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y exconsejero de la constructora.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha comunicado su decisión en un auto en el que da por buenos los "indicios racionales de criminalidad".

Ignacio González tiene otras dos causas abiertas: la referida a la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal de Isabel II en 2013, por lo que se enfrenta a una petición del fiscal de 8 años de cárcel; y la que investiga la adjudicación de las obras de un campo de golf en instalaciones del Canal. De esta última, en la que ha sido procesado junto a su hermano Pablo, aún no hay escrito de acusación.

Ignacio González y el empresario Javier López Madrid están acusados en la causa del tren de Navalcarnero junto al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; el empresario Adrián de la Joya -imputado en el caso del excomisario José Villarejo-, y dos exdirectivos de OHL, Felicísimo Damián Ramos y Arturo Martín de Nicolás.

Una comisión de 1,8 millones de euros

En su auto, el juez García Castellón habla de "ilicitudes" en el proceso de adjudicación a OHL de las obras del tren que unía las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, que "obedeció a un plan ideado" por López Madrid y Arturo Martín de Nicolás que incluía destinar 2,5 millones de dólares (unos 1,8 millones de euros) "al abono de una ilícita comisión".

Los beficiarios de esa presunta comisión habrían sido el expresidente Ignacio González y el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, que debían "ejercer su influencia" sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de MINTRA, empresa encargada de la licitación.

Las transferencias de los dos millones

El entonces directivo de OHL Damián Ramos, "siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico", Martín de Nicolás, ordenó transferir 2,5 millones de dólares de las cuentas de OHL en España a otras abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo. En noviembre de 2007 presuntamente ordenó de nuevo transferirlos desde México a la cuenta suiza de una sociedad panameña propiedad del empresario De la Joya, quien "hizo llegar" a Ildefonso de Miguel "fondos en efectivo por un importe entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros".

La investigación no ha podido descubrir aún las "circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones" entre De Miguel e Ignacio González.

El 7 de octubre de 2011, pese a que la sociedad concesionaria paralizó la ejecución de las obras al no conseguir financiación, pidieron una modificación contractual, como habían presuntamente planeado, pero MINTRA, la empresa encargada de la licitación, entonces ya había sido disuelta, por lo que "no lograron culminar su propósito" dado que la Consejería de Transportes e Infraestructuras inadmitió su solicitud.