La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en el marco de la pieza del caso Lezo sobre presuntas irregularidades en la construcción y el mantenimiento del campo de golf del Canal Isabel II, que afecta al expresidente de la Comunidad Ignacio González y al exdirector gerente de la empresa pública Ildefonso de Miguel, para quienes reclama seis años de cárcel.
El Ministerio Público atribuye al expresidente madrileño, a su hermano Pablo González y los empresarios José Antonio Clemente y José Caballero un presunto delitos de cohecho, lo que supone un total de 6 años de cárcel, inhabilitaciones para el cargo público de 16 años y multa que supera el medio millón de euros.
La Fiscalía sostiene que Ignacio González, en aquellas fechas vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal, impulsó la tramitación de un concurso que se adjudicó a Dragados con la condición de que subcontratara los trabajos a la UTE que integraban una serie de empresas, entre ellas una participada por su hermano Pablo, la mercantil Tecnoconcret, en la que participaban los empresarios Clemente y José Caballero (este último, cuñado del exdirigente del PP).
Medio millón de euros
Según el escrito de la Fiscalía, "la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT (Tecnconcret), empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones".
El proyecto, que contaba con un presupuesto inicial de 58,5 millones de euros consistía en remodelar el depósito de aguas e impulsar la creación de jardines, estanques, un campo de fútbol y hasta un helipuerto.
Un aumento del 38% del contrato
Anticorrupción sostiene que en el año 2004 el proyecto inicial sufrió modificaciones y en lugar de sacar un nuevo concurso, dado que los cambios implicaban un aumento del 38% del presupuesto, simplemente lo modificaron y los responsables del Canal optaron por la UTE alegando que era la oferta más económica. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con Dragados conllevó que el contrato inicial de 160.204 euros acabara ampliándose a 3 millones de euros.
Los investigados se repartieron los beneficios de la facturación, de forma que Pablo González se hizo con poco más de 101.000 euros mientras sus socios en el proyecto se asignaron 71.199 euros en el caso de Clemente y 94.425 euros en el caso de Caballero. "Aunque, según sus acuerdos particulares, los tres acusados participaban a partes iguales en le capital de la sociedad, en la distribución de esos beneficios no se respetaron esos porcentajes, seguramente al primar en los dos primeros la relación familiar que les unía con Ignacio González", dice el escrito.
González se sentará en el banquillo por el tren de Navalcarnero
La Fiscalía investiga también la compra de la brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II y las presuntas comisiones pagadas para la concesión del proyecto de tren de Navalcarnero a la constructora OHL. Por estos hechos se sentarán en el banquillo el empresario Javier López Madrid además de Ignacio González, para quien la Fiscalía pide otros seis años de prisión.
