El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dejado entrever en su respuesta al juez Pablo Llarena, instructor del procés, que la Generalitat pudo cometer “un posible delito de malversación de caudales públicos”. De esta manera, el ministro viene a matizar sus declaraciones anteriores, incluidas las de una entrevista en El Mundo, en las que dijo que bajo su control, el Govern no había financiado el proceso independentista.

 “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, dijo Montoro en aquella entrevista, en la que añadió que “eso sólo habría podido ocurrir por un delito de falsificación de un funcionario conchabado con algún proveedor de la causa”. El ministro llegó a decir que “la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”.

La Guardia Civil sí sostiene que se malversó
Montoro responde ahora al juez Llarena, que le interpeló tras sus declaraciones en el citado diario, el 16 de abril, para que aportara pruebas que apoyaran sus palabras, en las que negó malversación de  dinero público, ya que éstas no coinciden con las investigaciones de la Guardia Civil, que sí sostienen que la Generalitat de Carles Puigdemont desvió fondos. La cifra estimada sólo para el referéndum del 1-O es de 1,6 millones de euros.

Llarena se planteó, incluso, celebrar un careo entre Montoro y el jefe de la UCO encargado de la investigación del 1-O. Pues bien, Montoro ha respondido al juez, en un escrito, que adelanta este lunes la Cadena SER, en el que aporta nueve denuncias presentadas, entre el 14 de febrero de 2017 y el 7 de febrero de este año, por su Ministerio ante la Fiscalía General del Estado y el tribunal de Cuentas por posibles delitos de la Generalitat relacionados con el mal uso de dinero público.

Denuncias de funcionarios
Montoro detalla al juez los mecanismos de control del Presupuesto de Cataluña puestos en marcha desde noviembre de 2015 ante "la situación de riesgo económico para el interés general derivada del empeoramiento crediticio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del afloramiento de más de 1.300 millones de euros de gasto así como de diversas manifestaciones de alguno de los representantes de las instituciones, en las que declaraba que el impago de la deuda con las farmacias o su voluntad de incumplimiento de las leyes", según dice uno de los Acuerdos del Consejo de Ministros que establecen diversas medidas de control de las cuentas de la Generalitat.

La Generalit no envió la información requerida por Hacienda
Montoro no da su brazo a torcer -le va mucho en juego- y, en la línea de sus declaraciones anteriores, dice que gracias a esos mecanismos “se ha impedido que exista la instrumentalización de un presupuesto público para conseguir la independencia de una parte del territorio español". Sin embargo, a continuación matiza que “en los casos en los que se ha detectado sospecha de indicios de delito, se ha puesto con la debida diligencia en conocimiento de las autoridades judiciales".

El ministro reconoce que la Generalitat se negó a enviar información completa sobre la preparación del referéndum del 1 de octubre, como reclamó el Gobierno, que pidió a la interventora general de Cataluña a comunicar, semanalmente, un sistema de certificados y declaraciones juradas para garantizar que el dinero público se destinaba a financiar los servicios públicos esenciales de la comunidad y no a fines independentistas.

Posibles falsificaciones de facturas
Montoro deja entrever posibles falsificaciones de facturas por parte del Govern, al afirmar, aunque de manera poco clara, que "cualquier información sobre la realidad material o fáctica que se obtenga por otras fuentes de información no puede pretender ser necesariamente contradicha por el hecho de que exista un documento presupuestario o estrictamente contable contradictorio, o que pretenda dar cobertura a una realidad material distinta, y ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad que quepa exigir a quienes hayan emitido o suministrado la citada información presupuestaria o contable ajena a la realidad material de los hechos".

El titular de Hacienda habla en su escrito de posibles “acciones u omisiones con relevancia penal que se habrían producido al margen o eludiendo el sistema de control administrativo de los pagos".

Las denuncias a la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas
En su escrito, Montoro detalla que el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Mora, puso en conocimiento del fiscal general del Estado “todo lo relacionado con los requerimientos de información y respuesta sobre la difusión de la campaña institucional por el referéndum y como consecuencia de la comunicación por la que dejan de aportar la información semanal, por si alguno de los hechos descritos pudieran dar lugar a exigencia de responsabilidad penal".

Montoro también explica al magistrado del Supremo que hubo otros tres escritos enviados al Tribunal de Cuentas para que investigara la actuación de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana en el referéndum del 1 de octubre y una posible responsabilidad contable por parte de 200 alcaldes de municipios catalanes que viajaron a Bruselas para participar en un acto convocado por Puigdemont.

El ministro de Justicia ofrece al juez Llarena poner a su disposición todos los documentos requeridos para la cuantificación de todos los recursos públicos (…) “para los que pueda sospecharse la existencia de un posible delito de malversación de caudales públicos".

El Ministerio dice a El Plural que el ministro ya admitió "posible malversación"
El Plural se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda, al que ha preguntado si la respuesta de Montoro al juez es una rectificación de sus anteriores declaraciones negando el desvío de fondos públicos. Fuentes autorizadas de su departamento han respondido que “no hay ninguna rectificación” porque ya “el ministro en aquella entrevista admitió que pudo haber malversación”.