El Gobierno busca efectos retroactivos
Según la ley 5/2006 estos nombramientos de altos cargos deben ser sometidos al control parlamentario. Los elegidos deben comparecer ante la Cámara, para que los diputados comprueben que no se produce ningún conflicto de intereses entre los nombrados y sus nuevos cargos. El Gobierno, al destaparse que se ‘saltaba’ la ley, ha intentado disimular el desprecio que con sus nombramientos hacía al Parlamento y en el último Consejo del día 30, en una jugada rocambolesca, aprobó un decreto por el cual se acordaba “comunicar al Congreso el nombramiento el día 23” de Romay Becaría, pero “produciendo efectos sólo una vez se cumpliera el trámite parlamentario”.
Es decir, ‘corrompiendo’ lo que marca la ley, primero realizan el nombramiento y después lo someten al Congreso, justo lo contrario de lo establecido. “Esto significa un mayor desprecio aún para el Parlamento –declaran a ELPLURAL.COM fuentes socialistas-, porque según la ley aquí no debe venir un cargo nombrado y cuyo nombramiento ya ha sido publicado en el BOE, sino un candidato que debe ser examinado. Y lo que nos vienen a decir ahora desde el Gobierno es que, diga lo que diga el Parlamento, se cumplirá el trámite de la entrada en vigor de sus nombramientos”.
Queja al Ejecutivo del Presidente del Congreso
Para acelerar el trámite, el PP ha impuesto estas comparecencias express para mañana miércoles. En concreto, durante la tarde se verá el caso de Romay Becaría en la Comisión Constitucional. Según ha sabido ELPLURAL.COM, la rectificación del Gobierno ha llegado sólo después de que el propio presidente de la Cámara, Jesús Posada, se quejara por su actuación de desprecio hacia el Congreso
