El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo ha admitido a trámite el recurso contra un auto que desestimó una querella interpuesta por un viticultor contra la exconsejera de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha que María Dolores de Cospedal presidió entre 2011 y 2015, María Luisa Soriano, por un presunto delito de prevaricación administrativa al estimar ilegales viñas que cumplían los requisitos para ser regularizadas.

Recurso posterior a la querella

Lo que el juzgado de Toledo ha admitido ahora a trámite es el recurso contra el auto que desestimó una querella interpuesta por un viticultor contra la exconsejera de Agricultura durante la pasada legislatura, con María Dolores de Cospedal al frente del Ejecutivo castellano-manchego. Recurso que fue presentado el 27 de noviembre ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo y que da continuidad a la querella presenta el 21 de septiembre de 2017 ante el mismo juzgado, según ha informado a Efe la Plataforma de Afectados por el Arranque de Viñedos de Castilla-La Mancha (Aferran).

Consejera en el Liceo Cervantes de Roma

La decisión del citado juzgado trunca la ‘dolce vita’ de esta polémica política en Roma, donde es la máxima responsable del Liceo Español Cervantes en la Ciudad Eterna, un centro de titularidad pública, directamente dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que se imparten enseñanzas españolas regladas dirigidas a la población escolar no universitaria.  El Liceo atiende la demanda de los españoles residentes en Italia que deseen escolarizarse en el sistema educativo español y, así mismo, oferta estas enseñanzas a ciudadanos de otras nacionalidades.

Una enchufada de 100.000 euros

María Luisa Soriano es una de la docena de enchufados de Cospedal en distintos organismos oficiales. No hay que olvidar que la exconsejera de Agricultura compartía Consejo de Gobierno con Marcial Marín, exconsejero de Educación con Cospedal y actual Secretario de Estado de Educación, cargo al que accedió por influencia directa de la hoy ministra de Defensa, que tras perder el Gobierno castellano-manchego “colocó” a todos, absolutamente a todos, sus consejeros en destacados puestos de responsabilidad, como ya informó ELPLURAL.COM, con sueldos parecidos o superiores a los 100.000 euros que cobra aproximadamente como Consejera de Educación del centro romano María Luisa Soriano.

La millonaria cumbre del vino

Y mientras que María Luisa Soriano negaba a ese viticultor su derecho a vivir de sus viñas legalmente, su Consejería de Agricultura llevaba a cabo un despilfarro millonario en la organización de la Cumbre Internacional del Vino, anulada por el actual Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Emiliano García-Page, al entender que se trataba de un invento millonario y glamuroso de María Dolores Cospedal que costó a las arcas regionales varios millones de euros y que, siempre según los socialistas, sólo iba buscando contraprogramar a la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), organizada por la Diputación socialista de Ciudad Real y que a lo largo de los años se ha convertido en el acontecimiento del sector más importante de España y uno de los encuentros vitivinícolas más destacados del mundo.

En este sentido, Francisco Martínez, sustituto de María Luisa Soriano al frente de la Consejería de Agricultura,  justificaba la supresión definitiva del evento, que se sacó la hoy consejera del Liceo Español en Roma de la chistera para su lucimiento propio y de su jefa de filas, Cospedal, asegurando que la cumbre “carecía de sentido, dado que para el sector no había aportado nada”, para seguidamente sentenciar: “no tenemos que aventurarnos por otras cosas porque tenemos la suerte de encontrarnos con FENAVIN, que en todas las regiones se considera feria de referencia”.

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Antes y después de las obras de “restauración”, según el visor del Fega y Google Maps

Apoyo a la “Escopeta nacional”

Y no sólo eso, este martes conocíamos que la Audiencia Nacional confirmaba la sanción de 230.000 euros impuesta a los propietarios de la finca Cabañeros, la familia Aznar-Oriol, por la realización de obras sin la autorización correspondiente en el interior del parque nacional.  Esta sentencia, dictada por la sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, es el tercer fallo judicial que ratifica la ilegalidad de las actuaciones realizadas en 2014, siendo consejera de Agricultura María Luisa Soriano y ministro del ramo el hoy comisario europeo, Miguel Arias Cañete, denunciadas por Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF por su potencial impacto en el espacio natural, y el séptimo en que la familia Aznar-Oriol ve desestimada su peculiar interpretación de la legislación aplicable al Parque Nacional.

En concreto, el fallo judicial da la razón a SEO/BirdLife, organización personada en representación de las organizaciones en todo el proceso, y confirma la ilegalidad de dos obras anexas a la vivienda principal de la finca: un aparcamiento y una campa de importantes dimensiones destinada a la evisceración de piezas de caza.