El habitual discurso de odio sustentado por la ultraderecha ha llegado ahora a la Justicia en forma de advertencia. El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha salido en contra de las declaraciones del diputado de Vox Iván Sánchez para desmentir que los delitos contra la libertad sexual estén vinculados con los menas.
Así, Fernández ha destacado que “esa equivalencia no existe” y que “la mayoría de los delitos contra la libertad sexual que se cometen en Castilla-La Mancha no los cometen ni los menas, ni siquiera extranjeros, es decir, son delitos cometidos en el círculo familiar”.
Esta llamada de la Justicia se produce después de que el diputado de extrema derecha haya criticado que “las políticas de puertas abiertas de los dos grandes partidos, del PP y del PSOE, y ese fomento a la inmigración ilegal, está trayendo a nuestro país gente que no protege a las mujeres, gente que le da igual a las mujeres y se está desprotegiendo a las mujeres y se pone en riesgo a las mujeres, a los barrios, a nuestros pueblos”.
En la misma línea, ha abogado por que se revise la mayoría o, en su defecto, minoría de edad, de los agresores. Refiriéndose a la tramitación de doce expedientes para determinar la edad, ha señalado que de esos doce “solo dos eran menores de edad, los otros diez eran mayores de edad” por lo que señala que “son inmigrantes que han entrado de manera ilegal y que están engañando o están intentando lucrarse de unos beneficios que se les está otorgando a los menas cuando ellos no son menores”.
Frente a este argumento defendido desde el discurso del odio y del rechazo, el Fiscal Superior ha recordado que la edad únicamente sirve para establecer “cuál es su régimen de estancia en el Estado español, no su régimen de expulsión, porque difícilmente será expulsable, esto lo sabemos todos”.
Por su parte, ha señalado que “normalmente, las personas que vienen de fuera tratan de alegar que son menores de edad porque el régimen es más beneficioso, es decir, es mejor objetivamente estar en un centro de menores que estar en un centro de mayores de internamiento”. Por ello, ha aclarado que “en los casos de duda, se hace este expediente de determinación de edad con este objeto, pero no quiere decir que al extranjero ilegal le vayamos a meter en la cárcel”.
Con ello, Fernández ha insistido en que no podía compartir ese “silogismo” de que los delitos contra la libertad sexual son obra de los menas, “ni cosas por el estilo”. “Los que son menores son las víctimas, y normalmente son niñas, pero es irrelevante la nacionalidad y es irrelevante la situación”.
El PP se desmarca del “silogismo”
En la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes para informar sobre la Memoria 2024 de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, la diputada del PP, Tania Andicoberry, ha mostrado su apoyo a las víctimas de violencia de género, pero manteniéndose al margen de la comparación entre menas y violencia defendida por el diputado de Vox.
“Los datos están ahí y es una realidad tozuda a la que no podemos y no debemos obviar. La violencia de género existe, existe más que nunca, cada vez existe más. Algo estaremos haciendo mal o, al menos, no estaremos haciendo lo suficiente”.
Por su parte, desde el PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy, ha puesto el foco en el aumento de los delitos contra la libertad sexual considerando que es “absolutamente urgente que hagamos algo”, pues “tenemos un problema cada vez más como sociedad”.
Además, el socialista ha preguntado, en relación a los delitos cibernéticos, que haya alguien que "bajo el anonimato esté continuamente cometiendo delitos y que sea imposible hoy en día para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para la Fiscalía, para la justicia, saber quién" es, abogando por legislar este asunto y que quien utiliza una red social o utiliza el espacio digital, el espacio telemático, tenga que identificarse.
