Aunque sea solo una leyenda, algo tendrá de verdad cuando ha tenido ese éxito que acostumbran a tener las leyendas que todo el mundo quiere que sean verdad. “Todavía hay jueces en Berlín”, cuenta esa fábula, es lo que cierto campesino prusiano le dijo al rey Federico el Grande cuando este pretendió derruir un molino propiedad del humilde labriego cuya cercanía al palacio real afeaba la estética de este. La existencia de ‘jueces en Berlín’ garantizaba el imperio de la justicia y la igualdad ante la ley frente a los atropellos de los poderosos.
Nuestra versión castiza del ‘todavía quedan jueces en Berlín’ sería ‘todavía quedan jueces en Madrid’, entendiendo Madrid como sinécdoque de una España judicial donde es abrumadoramente mayoritario un talante conservador que suele manifestarse no en la mayoría de las sentencias, pero sí en aquellas en que se dirimen asuntos de alcance político: su número es estadísticamente casi inapreciable, pero suelen tener un impacto electoral de innegable trascendencia. ‘Todavía hay jueces en Madrid’ desmiente la leyenda prusiana, pues su significado es entre nosotros justamente el contrario del ‘todavía quedan jueces en Berlín’.
Goleada conservadora
Lo recordaba ayer mismo el periodista Ignacio Escolar en el boletín semanal a sus lectores de elDiario.es: “En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la derecha juega en casa. Los magistrados de este tribunal han sido nombrados a medias entre la Asamblea de Madrid –donde la derecha mantiene la mayoría desde hace décadas– y el Consejo General del Poder Judicial –que la derecha ha dominado 20 de los últimos 25 años, gracias a los sucesivos bloqueos a su renovación–. Es casi imposible –concluía Escolar– encontrar algún juez progresista entre todos los que componen este tribunal”.
Pero Madrid no es solo Madrid, como recogía una documentada información de Manuel Altozano en infoLibre el pasado día 4: “En las elecciones que se celebraron el pasado 26 noviembre pasado entre todos los 5.500 jueces y magistrados españoles para seleccionar a los miembros electos de sus salas de gobierno, las asociaciones conservadoras y más corporativas (Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria) se hicieron con 104 puestos de las 118 en juego. Jueces y Juezas para la Democracia, la asociación de la que el PSOE y sus socios suelen extraer a sus cargos judiciales, solo consiguieron tres. Otras 11 fueron cubiertas por candidatos no asociados”.
Es más que probable, por no decir seguro, que si la gestión de las residencias de Madrid en que murieron 7.291 ancianos durante la pandemia por la aplicación del llamado ‘protocolo de la vergüenza’ hubiera sido responsabilidad directa del socialista Pedro Sánchez, y no de la popular Isabel Díaz Ayuso, hoy el presidente del Gobierno estaría imputado y a la espera de la apertura de juicio oral.
Y es también más que probable, por no decir seguro, que, al contrario de lo que ocurrió con ‘M. Rajoy’, si la anotación ‘P. Sánchez’ hubiera aparecido en un documento relacionado con la financiación ilegal del Partido Socialista, la justicia habría albergado pocas dudas de que tal apunte solo podía referirse, obviamente, a Pedro Sánchez y, en consecuencia, habría procedido a su imputación.
Parábola del chimpancé
El sistema judicial merece confianza, pero algunos jueces no. Ni tampoco la merecen los jueces nominalmente encargados de fiscalizar y en su caso sancionar a esos colegas suyos cuya práctica profesional está bajo sospecha. En materia de justicia, la apariencia de imparcialidad no es menos importante que la propia imparcialidad. Y demasiada gente tiene la sospecha, por no decir la certeza, de que hay jueces flagrantemente parciales que instruyen determinadas causas con una cierta impunidad que el departamento de asuntos internos de la justicia, residenciado en el Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera se molesta en tomar en consideración.
Que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado no ‘sobre’ sino ‘contra’ Begoña Gómez no por ser la ciudadana Begoña Gómez sino por ser la esposa del presidente del Gobierno no haya merecido la más mínima atención por parte de la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial sugiere que algo huele a podrido en el órgano de gobierno de la justicia española: aunque provenga solo de unos pocos, es un hedor que alcanza a todos.
De manera que quizá le quitamos el sonido a los telediarios cuando relatan casos como el del novio defraudador de Isabel Díaz Ayuso por la misma razón que no suele gustarnos ver de nuevo películas que acaban mal porque los malos no pagan por sus fechorías. El caso González Amador, en el que ha acabado velozmente imputado el Fiscal General del Estado, produce un tipo de irritación muy particular: la que se siente cuando el delincuente no solo parece salirse con la suya sino que consigue que su denunciante resulte empapelado pese a ser inocente. Es la indignación ante una injusticia evidente, la indignación del chimpancé que, según un conocido experimento científico, se cabreaba porque a su compañero de jaula los cuidadores le daban plátanos y a él solo los mucho menos apetitosos pepinos. El pobre animal rechazaba los pepinos no porque fueran incomestibles o porque no tuviera hambre, sino por la certeza de estar siendo objeto de una flagrante, inequívoca y escandalosa injusticia.
