El jefe de la unidad antidroga que fue desmantelada por Fernando Grande-Marlaska irá a juicio por corrupción. Fuentes del Ministerio de Interior apunta a las "amistades peligrosas" de David Oliva, teniente coronel de la Guardia Civil y exlíder de la OCON-Sur, como justificación para el desarme de esta organización. Oliva ya se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional el pasado mes de abril de 2023 acusado de delitos de revelación de secretos y cohecho tras una investigación del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
Lo sucedido en Barbate apunta a Marlaska
La muerte de los dos guardias civiles en Barbate el pasado viernes tras ser arrollados por una narco lancha ha puesto en el ojo del huracán al Ministerio del Interior que dirige Marlaska. La oposición de derechas y Podemos, así como diversas asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, piden la dimisión o el cese del titular socialista, que ha rechazado apartarse del cargo. En el centro de las críticas también está la precaria situación a nivel material y de medios humanos que tienen los guardias civiles para la lucha contra el narcotráfico en la costa del sur.
Y es que muchas voces críticas apuntan directamente al desmantelamiento en septiembre del año 2022 del conocido como OCON-Sur, una unidad especial creada cuatro años antes con el objetivo de combatir a los clanes de la droga en el Campo de Gibraltar. Se trata de un grupo de unos 150 agentes de la élite del Instituto Armado que estuvieron acuartelados en el Puerto de Algeciras y que lograron detener a decenas de involucrados en esta lacra así como incautar grandes cantidades de droga. Pero Interior decidió suprimir la OCON-Sur.
Esta decisión generó mucha sorpresa tanto en el cuerpo como en la justicia dado que la fiscalía antidroga de Cádiz, que ha trabajado "codo con codo" con los uniformados en las investigaciones que han llegado a sede judicial durante todos los años en funcionamiento, no fue informada del cierre de este organismo. Así lo ha reconocido en las últimas horas el fiscal general Álvaro García Ortiz en una entrevista en Onda Cero. "No se nos comunicó", ha sostenido este martes tras la polémica por lo sucedido en Barbate.
"Amistades peligrosas" del exjefe
Pero hasta el momento no se ha sabido el por qué del demantelamiento de un grupo de trabajo con grandes resultados en la lucha contra los narcos. Ya el propio Ministerio, el Gobierno y fuentes del PSOE han puntualizado que la OCON no ha sido desmantelada sino que los 150 agentes que formaban parte de la misma han sido recolocados en las unidades judiciales de las diferentes comandancias de las Guardia Civil de la zona del Estrecho para reforzar las plantillas. Sin embargo, parece haber algo más detrás de esta polémica decisión.
Según fuentes del ministerio, y como revela el diario Heraldo, tras esta resolución se encontraban las sombras de sospechas sobre David Oliva, el teniendo coronel de la Guardia Civil y entonces jefe de OCON-Sur. Estas voces apuntan a un liderazgo "personalista" de este así como una especial cercanía con algunos de los cabecillas del narcotráfico de la zona. Todo esto respaldado por las investigaciones que estaba llevando a cabo la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil contra el oficial y sus "amistades peligrosas".
Estas indagaciones se abrieron como una pieza separada de la llamada Operación Varea, una causa mayor que un juez de la Audiencia Nacional seguía contra un clan de narcos y que dirigía el propio Oliva. Esta radicaba en una disputa entre dos tenientes y la presunta relación de uno de estos con una familia gaditana vinculada a la droga, tal y como ha revelado la investigación judicial, que puso en alerta tanto a Asuntos Internos como al teniente coronel.
Revelación de secretos
Presuntamente Oliva se interesó por conocer si le afectaban las pesquisas y fue imputado por facilitar la llegada a OCON-Sur de uno de estos tenientes, entonces en Asuntos Internos, a cambio de revelarle la información reservada sobre el caso. Esta operación estalló en diciembre de 2022, tres meses después de que Interior decidiera desarmar la OCON, con la detención de uno de los agentes, acusado de revelación de secretos. En abril fue Oliva y el otro teniendo implicado quienes declararon ante la Audiencia Nacional.
Las filtraciones sobre este caso provocaron el archivo de la pieza principal contra los narcos en la Operación Varea y derivaron en una disputa entre dos juzgados en cuanto a la competencia del procedimiento policial. Finalmente tuvo que intervenir el Tribunal Supremo, que en octubre decidió entregar la causa a un juzgado ordinario de Madrid, concretamente el de Instrucción número 5 de Parla, por ser el enclave en el que presuntamente se produjo el supuesto chivatazo.
Ahora este juzgado ha finalizado las pesquisas sobre este caso y ha decidido mandar a juicio a los tres agentes implicados -incluido Oliva- por corrupción, concretamente al apreciar dos delitos de revelación de secretos y uno de cohecho.
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