El Gobierno de coalición subirá el Salario Mínimo Interprofesional. Ninguna de las dos formaciones que lo conforman, PSOE y Unidas Podemos, alberga duda alguna. Los sindicatos presionan, la calle también y únicamente falta por sumarse al acuerdo la patronal. Este es el único elemento disruptor que turba la placidez monclovita. Los morados son muy agresivos, dedicando afiladas palabras a la CEOE -como las de Yolanda Díaz- y a las grandes empresas, mientras los socialistas procuran rebajar el tono.

En una entrevista en RNE, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aseverado que no solo “hay margen” para subir el Salario Mínimo Interprofesional, sino que “es lo que tenemos que hacer para proteger a las familias” frente a “los poderosos”. “No me sorprende el rol de la gran patronal”, ha lamentado.

Este martes ha trascendido una ligera caída del Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual tras una recha de tres meses consecutivos al alza. La cifra se mantiene por encima de los dos dígitos, con un 10,4% en agosto, cuatro décimas menos que el récord histórico de julio. Irene Montero ha admitido que “sigue siendo enormemente preocupante” y ha utilizado estos datos para apuntalar la necesidad de profundizar en la protección de los más vulnerables. “Se ha planteado que la subida del SMI iba a hacer daño a la economía y a destruir empleo, y ha sido todo lo contrario. Lo que dificulta la justicia social son los beneficios abusivos de las grandes empresas, la banca y las energéticas. Hay miles de familias que necesitan la subida para pagar las facturas y llegar a fin de mes”.

A su juicio, el Ejecutivo ha de complementar el incremento del salario mínimo con otros articulados para afrontar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación: ley de Vivienda para regular los precios de los alquileres, la ley de Familias para ampliar los permisos, redoblar los esfuerzos en el plan de conciliación etc.

Un otoño en la calle

Los sindicatos, antes del verano, ya advirtieron que preparaban movilizaciones para septiembre y octubre. No en vano, para aplacar el descontento de la ciudadanía y exhibir una imagen de mayor cercanía y proximidad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha diseñado una campaña con 30 actos para desprenderse del excesivo halo institucional. La ministra de Igualdad ha apoyado las movilizaciones razonando que “es una de las claves de la democracia” y un derecho recogido en la Constitución. “Las grandes conquistas democráticas se han conseguido a través de la lucha colectiva. Las jornadas de ocho horas, las vacaciones, el aborto… Los poderosos, sin presentarse a las elecciones, pueden ejercer poder; la gente se junta codo con codo.

¿Aumento del Presupuesto en Defensa?

Mientras PSOE y Unidas Podemos coinciden en la necesidad de subir el SMI y ultiman los detalles que pondrán en común con los agentes sociales, la disensión es absoluta en lo relativo al gasto militar. En julio comenzaron las reuniones entre socialistas y morados para intercambiar impresiones sobre los mimbres de los Presupuestos Generales del Estado 2023, que a priori, debieran recoger el aumento de la inversión en Defensa a la que Sánchez se comprometió ante la OTAN en la cumbre celebrada en Madrid.

Los morados no lo respaldan. Reclaman, firmes, que todos los recursos se centren “en proteger a las familias” porque “con esta guerra solo gana la industria armamentística”. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, fue quien este lunes prendió la mecha de la polémica al deslizar que el techo de gasto negociado y aprobado no contemplaba el incremento del gasto en Defensa. Horas después, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, la contradecía: y este martes, Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, ha hecho lo propio: “El presidente Sánchez siempre cumple sus compromisos”.

Aborto y conquistas feministas

El Consejo de Ministros aprueba hoy la Ley del aborto impulsada por Igualdad que establece la posibilidad de interrumpir el embarazo a los 16 años, asegura que los centros públicos cuenten siempre con personal disponible para practicar abortos, dispensa suministros gratuitos para la menstruación en centros de servicios públicos, profundiza en la educación sexual y avala la baja por regla dolorosa, entre otras cosas.

Montero ha celebrado el articulado como un “avance feminista”, destacando que una de las prioridades es hacer de la red de hospitales públicos la “red de referencia”. Así, ha explicado que el derecho al aborto es perfectamente compatible con la objeción de conciencia: “Siempre habrá personal disponible”.

En este punto, ha lanzado un afilado dardo al CGPJ alegando que la ley se aprobará sin su informe porque “no han cumplido con los plazos de la ley orgánica” y “no podemos paralizar un derecho porque el CGPJ haya decidido no hacer su trabajo”.