El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha accedido este viernes a una petición de la Administración de Donald Trump para eliminar un programa que ha permitido a 532.000 personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela vivir y trabajar en el país norteamericano, fruto de una medida dictada durante la etapa de Joe Biden en la Casa Blanca.
La eliminación de este programa significa que más de medio millón de inmigrantes que pudieron entrar en Estados Unidos legalmente podrían ser expulsados del país, algo que forma parte de las políticas de la administración de Trump que buscan limitar el acceso de inmigrantes a Estados Unidos. El consejero superior del presidente de Estados Unidos, Stephen Miller, le ha contado a CNN que la “corte suprema ha intervenido justamente” y que la Casa Blanca está “celebrando” la oportunidad de expulsar a más demedio millón de “invasores”.
La anterior administración de Washington creó un programa que le otorgaba el estatus de “libertad condicionada” a inmigrantes que llegaban al país por razones humanitarias urgentes. En marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la finalización de la libertad condicionada humanitaria para cubanos, haitanos, nicaragüenses y venezolanos, pero esta propuesta fue bloqueada. Un juez federal entendía que la Administración no podía adoptar este tipo de medidas masivas sin una evolución caso por caso. Aun así, Noem, presentó una petición al Alto Tribunal.
Esta aprobación de la Corte Suprema supone la segunda victoria judicial lograda por Trump en materia migratoria en el mes de mayo, ya que ya había permitido en otra decisión previa la eliminación del estatus de protección dirigido específicamente a migrantes procedentes de Venezuela. El magnate republicano ha abogado desde su retorno a la Casa Blanca por limitar este tipo de beneficios y agilizar las deportaciones.
La viceportavoz de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karen Tumlin, ha señalado que las políticas de Biden no correspondían con las leyes de inmigración de Washington, según AP. Por ello, ha afirmado que: “Nos sentimos seguros de la legalidad de nuestras acciones para proteger a los ciudadanos estadounidenses y esperamos más acciones de la Corte Suprema para vindicarnos”. La decisión de la Corte Suprema no es una decisión final, sin embargo, elimina las protecciones preexistentes mientras que el caso se disputa en tribunales inferiores.
Dos jueces federales oponen la decisión
Dos de los nueve jueces de la Corte Suprema han manifestado su disidencia de la decisión tomada este viernes. En el caso de una jueza, Kentanji Brown Jackson, ha afirmado que esta disolución “menosprecia las consecuencias devastadoras de permitir que un gobierno vuelque abruptamente las vidas y los sustentos de casi medio millón de personas con sus reclamaciones legales pendientes”.
La otra jueza, Sonia Sotomayor, se unió a la carta escrita por Jackson. “Las cortes, aparentemente, ahora han determinado que el balance de la equidad está a favor del gobierno y, supongo, que es en el interés del público tener las vidas de medio millón de inmigrantes desenvolverse alrededor de nosotros antes de que las cortes decidan sobre sus reclamaciones legales”, reza la disidencia.
Cuando las cortes evalúan las solicitudes de emergencia de inmigrantes, la justicia toma en cuenta la situación a la que podrían enfrentarse si son devueltos a su país de origen y si el interés público está de su parte. Jackson ha afirmado que la Corte ha hecho “una chapuza” y ha señalado que ninguno de los jueces ha puesto en disputa la disrupción que supondría la eliminación de medio millón de inmigrantes para la economía y la sociedad.
Por su parte, la abogada de la organización que defiende a los inmigrantes, el Centro de Acción de Justicia, también ha condenado la decisión de la Corte. “La Corte Suprema le ha dado efectivamente una luz verde a ordenes de deportación para una estimación de medio millón de personas, la deslegalización más grande de la era moderna”, ha señalado. También ha añadido que no puede “exagerar lo devastador que es esto: la Corte Suprema ha permitido que la administración de Trump desate un caos extendido”, señalando que esto afecta no solo a sus “clientes y miembros de clase”, sino que además, impacta la vida “de sus familias, su lugar de trabajo y sus comunidades”.
