En el ecosistema global de la tecnología, pocos nombres generan tanta fascinación y desconfianza a partes iguales como el de Pável Dúrov. El creador de Telegram, que presume de independencia frente a cualquier poder estatal, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras cuestionar la iniciativa del Gobierno español para restringir el acceso de menores a las plataformas digitales. Detrás del gesto, sin embargo, se despliega una historia más amplia de choques políticos, acusaciones de permisividad con contenidos ilícitos y una vida personal envuelta en mitología.
La reacción del empresario ruso llega en un momento de creciente presión regulatoria sobre las grandes plataformas tecnológicas en Europa. La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez de limitar el acceso de menores de 16 años a determinadas redes sociales se inscribe en esa tendencia, alineada con debates abiertos en otros países sobre salud mental, desinformación y exposición temprana a contenidos nocivos. Desde su posición habitual, Dúrov ha respondido reivindicando la libertad digital y alertando contra lo que considera una deriva paternalista de los Estados. No es la primera vez que adopta ese papel de contrapoder: más bien constituye el núcleo de su identidad pública.
Antes de Telegram, Dúrov ya había protagonizado un enfrentamiento de alto voltaje con las autoridades rusas. Fundador de la red social VKontakte, abandonó el país tras negarse a facilitar datos de usuarios vinculados a la oposición política. Ese episodio cimentó su relato de empresario perseguido por defender la privacidad, pero también marcó el inicio de una estrategia basada en la deslocalización permanente, estructuras societarias complejas y una comunicación pública cuidadosamente construida. Desde entonces, su figura oscila entre la del disidente tecnológico y la del magnate opaco difícil de someter a reglas comunes.
Telegram, lanzada en 2013 junto a su hermano Nikolái, se ha convertido en el principal vehículo de esa filosofía. La aplicación presume de cifrado, ausencia de publicidad intrusiva y resistencia a la censura gubernamental. Sin embargo, ese mismo diseño ha sido objeto de críticas reiteradas por parte de autoridades europeas y organismos internacionales, que señalan la proliferación de canales utilizados para difundir propaganda extremista, coordinar actividades delictivas o distribuir material ilegal. La compañía ha defendido de forma sistemática que retira contenidos cuando recibe notificaciones válidas, aunque sus mecanismos de moderación continúan siendo cuestionados por su falta de transparencia.
El conflicto con distintos gobiernos se ha repetido en múltiples jurisdicciones. Francia, Alemania o Brasil han presionado en distintos momentos para obtener mayor colaboración en investigaciones penales o para exigir la retirada de contenidos. En algunos casos, Telegram ha afrontado amenazas de bloqueo temporal. En otros, ha aceptado ajustes limitados sin alterar su arquitectura general. Esa dinámica de tensión constante refuerza la imagen de Dúrov como actor global que opera en los márgenes de la soberanía estatal tradicional.
Donaciones de esperma y una paternidad sin fronteras
A esa dimensión política se suma una narrativa personal que Pável Dúrov ha cultivado con la misma intensidad con la que defiende su independencia frente a los Estados. Su figura pública combina deliberadamente una estética casi ascética —vida itinerante, disciplina física, rechazo declarado de comodidades superficiales y una retórica de autodominio— con demostraciones periódicas de riqueza y poder simbólico, como la posesión de múltiples ciudadanías y un patrimonio multimillonario. En los últimos años, Dúrov ha convertido un aspecto tan íntimo como su descendencia en otro elemento de su relato: afirma haber donado esperma de forma regular desde alrededor de 2010, lo que, según su propia declaración, ha dado lugar a más de cien hijos biológicos en una docena de países.
Este dato, ampliamente reproducido por medios y confirmado por múltiples entrevistas y reportes, se basa en su participación en una clínica de fertilidad en Moscú que gestionó esas donaciones, aunque la verificación independiente de cada caso es complicada debido a la naturaleza privada de los procedimientos y a la ausencia de un registro público exhaustivo.
El propio Dúrov ha defendido estas donaciones argumentando que respondían a una supuesta “escasez de esperma de calidad” y que las realizó en parte como un gesto “deber cívico” para ayudar a parejas con dificultades para concebir, incluso ofreciendo financiar tratamientos de fecundación in vitro para mujeres menores de 37 años que quisieran emplear su material genético. Aunque la estrategia ha atraído atención mediática y ha generado titulares sensacionalistas, también ha levantado interrogantes éticos y legales sobre la gestión de la reproducción asistida, los posibles riesgos genéticos y las implicaciones de engendrar una prole tan dispersa sin un marco regulatorio claro.
El verano que cambió el tablero para Dúrov
Mientras tanto, el crecimiento de Telegram continúa a un ritmo sostenido y con una penetración especialmente intensa en regiones donde la confianza en las instituciones o en los medios tradicionales es más frágil. La plataforma supera ya varios cientos de millones de usuarios activos en todo el mundo y se ha consolidado como un canal de comunicación clave no solo para intercambios privados, sino también para la difusión masiva de mensajes políticos, campañas de movilización y circulación de información no verificada. Su arquitectura híbrida —a medio camino entre mensajería cifrada, red social y sistema de emisión pública mediante canales— ha permitido que adquiera un papel relevante en contextos políticamente sensibles, desde protestas sociales coordinadas en tiempo real hasta escenarios de guerra donde se utiliza tanto para propaganda como para comunicación civil.
Esa centralidad creciente ha intensificado la preocupación de los reguladores europeos, que observan cómo servicios de mensajería de gran escala pueden operar en la práctica fuera de los marcos de supervisión concebidos para las redes sociales tradicionales. A diferencia de estas, Telegram ha defendido históricamente una responsabilidad limitada sobre los contenidos que circulan por su infraestructura, lo que complica la aplicación de obligaciones de moderación, transparencia algorítmica o retirada rápida de material ilegal. Las autoridades comunitarias temen que esa zona gris regulatoria facilite la expansión de redes de desinformación, mercados ilícitos o comunidades extremistas con capacidad de reorganizarse rápidamente ante cualquier intento de control.
Ese clima de sospecha institucional tuvo una traducción directa en el verano de 2024. En agosto de ese año, Pável Dúrov fue detenido en Francia tras aterrizar en el aeropuerto de Le Bourget procedente de Azerbaiyán, en cumplimiento de una orden emitida por la Policía Judicial dentro de una investigación preliminar. Las sospechas apuntaban a una presunta falta de cooperación con las autoridades en relación con delitos graves que, según los investigadores, se estarían cometiendo a través de Telegram, como tráfico de drogas, fraudes o delitos contra menores. Aunque organismos europeos negaron haber participado en la operación, el episodio colocó por primera vez al fundador de la plataforma ante un escenario de responsabilidad penal en territorio comunitario, con posibles penas de hasta veinte años de prisión si los cargos prosperaban.
La detención tensó además el tablero diplomático y tecnológico internacional. Figuras vinculadas a la defensa de la privacidad digital criticaron la actuación francesa, mientras algunos gobiernos observaron el caso como un precedente sobre hasta dónde pueden llegar los Estados en su intento de someter a control a las grandes infraestructuras de comunicación. Dúrov fue finalmente liberado bajo una fianza millonaria y con restricciones de movimiento dentro de Francia, situación que se prolongó hasta 2025, cuando pudo abandonar el país y regresar a Dubái. En su primera entrevista tras el arresto, defendió que Telegram sí respondía a las solicitudes legales vinculantes y calificó las acusaciones de complicidad como una interpretación excesiva del sistema judicial francés. Lejos de cerrar el conflicto, el episodio reforzó la percepción de que el pulso entre el empresario y las autoridades europeas había entrado en una fase más profunda y judicializada.
La futura aplicación plena de normativas como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea abre, en este sentido, un escenario de fricción directa con el modelo de la compañía. Bruselas aspira a imponer estándares homogéneos de diligencia, cooperación con autoridades judiciales y protección de los usuarios —especialmente menores— que podrían chocar con la narrativa libertaria que Dúrov ha convertido en seña de identidad. El resultado de ese pulso no solo determinará el margen de actuación de Telegram en el continente, sino que servirá también como precedente para definir hasta dónde llega la capacidad reguladora de los Estados frente a plataformas tecnológicas concebidas, desde su origen, para desbordar cualquier frontera jurídica.
