No hace falta exagerar los hechos para llegar a una conclusión incómoda. Basta con enumerarlos. Una escuela bombardeada en Minab. Una universidad atacada en Beirut. Un centro de salud arrasado en el sur de Líbano con doce sanitarios muertos. Más de un millón de desplazados libaneses y un discurso cada vez más abierto contra su regreso. Fósforo blanco sobre zonas habitadas. En Palestina, más de 72.000 muertos, entre ellos miles de niños; niños sepultados bajo edificios, niños alcanzados en refugios, niños muertos junto a sus padres en coches tiroteados, como los dos hermanos de 5 y 7 años asesinados con su familia. A eso se suma una población empujada al hambre, al colapso social y a una pobreza masiva que ya alcanza a una parte enorme de la sociedad palestina. Y, pese a todo, la reacción de buena parte de Occidente sigue oscilando entre la tibieza, el encubrimiento verbal y la justificación estratégica.
Ese es el marco. No una sucesión de episodios aislados, sino una cadena de hechos que, puestos uno junto a otro, dibujan una forma de impunidad. La pauta se repite: primero llega el ataque, después la justificación, luego el matiz, el silencio o la corrección parcial, cuando ya hay muertos, infraestructuras civiles destruidas y un nuevo hecho consumado sobre el terreno. La cuestión no es solo lo que hacen Israel y Estados Unidos. La cuestión es todo lo que se les sigue consintiendo hacer.
En el caso de Irán, el argumento central fue la amenaza nuclear. Estados Unidos e Israel atacaron bajo esa premisa. Se habló de una necesidad urgente, de una acción preventiva, de una operación supuestamente indispensable para evitar un peligro mayor. Pero con el paso de las semanas el propio Pentágono ha ido enfriando ese relato. Lo que se presentó como certeza ha dejado de sonar tan sólido. Y eso obliga a volver al punto de partida: si la justificación era que Irán tenía armas nucleares o estaba a punto de tenerlas, ¿por qué el discurso oficial estadounidense ya no sostiene esa acusación con la misma rotundidad?
No es un detalle menor. Porque en medio quedan los bombardeos. Quedan los objetivos alcanzados. Queda el precedente de volver a usar la hipótesis de las armas de destrucción masiva, aunque esta vez se la envuelva en un lenguaje más técnico y más rápido. La diferencia es que ahora el cuestionamiento llega antes, cuando el daño ya está hecho pero el relato aún no se ha cerrado del todo.
Hay además un elemento que vuelve todavía más endeble la coartada del error. Tanto Estados Unidos como Israel llevan años presentándose como las potencias con la tecnología militar más avanzada del mundo, con sistemas de inteligencia de máxima precisión, con capacidad de vigilancia total, con armamento quirúrgico y con una superioridad técnica que, según su propio relato, les permite localizar, seguir y eliminar objetivos concretos con una exactitud milimétrica. Si ese es el nivel de precisión del que presumen, resulta cada vez más difícil aceptar que la destrucción de escuelas, centros sanitarios, universidades o convoyes familiares se explique por simples fallos de cálculo, errores de identificación o daños inevitables de guerra.
Cuando el aliado bombardea, el relato cambia
La escuela de Minab resume bastante bien esa lógica. Un centro educativo de niñas bombardeado. No un objetivo militar evidente, no una instalación fronteriza, no un lugar ambiguo en mitad de un frente. Una escuela. Aun así, el debate internacional no ha girado en torno al alcance del ataque sobre población civil, sino en torno a la explicación posterior. Eso pasa una y otra vez. El foco se desplaza. En lugar de discutirse el hecho, se administra su versión.
Y cuesta todavía más comprar la tesis del error cuando se observa lo que sí son capaces de hacer cuando el objetivo les interesa de verdad. Israel no tuvo problemas en localizar y aniquilar a la cúpula militar iraní. Ahí no hubo confusión, ni imprecisión, ni excusas sobre inteligencia defectuosa. Ahí sí funcionó la capacidad de rastreo, de infiltración y de ejecución selectiva que tanto se atribuye a su aparato militar. Esa diferencia importa. Porque muestra que, cuando quieren acertar, aciertan. Cuando se alcanza una escuela, un hospital, una universidad o una familia que huye, no se puede despachar siempre como si la tecnología hubiese fallado de repente.
En Líbano ocurre algo parecido. El ataque a la Universidad de Beirut, como el bombardeo del centro de salud en el sur del país en el que murieron doce profesionales, entra de lleno en una zona que el derecho internacional humanitario protege con claridad. Personal sanitario. Infraestructuras civiles. Espacios educativos. Nada de eso debería admitir demasiada interpretación. Sin embargo, la respuesta occidental se ha movido otra vez entre la reserva diplomática, el gesto formal y la ausencia de medidas reales.
Mientras tanto, los desplazados se cuentan por cientos de miles hasta superar el millón. Y lo más inquietante no es solo el número. Lo más inquietante es la idea que ya empieza a verbalizarse sin demasiados rodeos: que una parte importante de esa población no regrese. Ahí aparece el componente político de la ofensiva. No solo castigar o debilitar al enemigo. También alterar de hecho la realidad demográfica y territorial. Un sur del Líbano vaciado, bloqueado o condicionado durante meses deja de ser solo un escenario de guerra. Se convierte en una operación sobre el mapa.
Sobre ese escenario se suma el uso de fósforo blanco. No hace falta entrar en tecnicismos para entender lo que significa: munición incendiaria, efectos devastadores sobre cuerpos, viviendas y campos, utilización en zonas habitadas. Tampoco se puede decir que sea una denuncia marginal o propagandística. Está documentado por organizaciones internacionales. Pero el patrón vuelve a ser el mismo. Mucha prueba, poca consecuencia.
Gaza, entre la matanza y el hambre
Gaza lleva ese mismo mecanismo a un nivel más brutal. La cifra de muertos ya no admite eufemismos ni atajos verbales. Son decenas de miles. Más de 72.000 palestinos asesinados. Entre ellos, una cantidad insoportable de niños. No hablamos aquí de una nota al pie. Los menores están en el centro de la matanza. Niños sepultados bajo edificios. Niños alcanzados en convoyes. Niños muertos en escuelas convertidas en refugio. Niños que sobreviven con amputaciones, quemaduras, desnutrición y traumas severos. En otros contextos, esa acumulación de hechos bastaría para activar un consenso inmediato. En este caso, no.
Y aquí vuelve a chocar la misma contradicción. Quienes dicen disponer de los sistemas de reconocimiento más sofisticados, de la inteligencia más penetrante y de la capacidad ofensiva más precisa del planeta, terminan dejando tras de sí un rastro constante de menores muertos, familias enteras borradas del mapa, barrios pulverizados y servicios básicos arrasados. Si de verdad cuentan con ese grado de superioridad técnica, entonces el margen para seguir hablando de accidentes se estrecha hasta casi desaparecer. Lo que queda es otra posibilidad: que muchos de esos objetivos civiles no sean una anomalía, sino una consecuencia asumida de la operación.
La muerte de los dos hermanos palestinos de 5 y 7 años junto a sus padres, tiroteados dentro de su coche, no es solo una noticia especialmente dura. Es también la imagen de un umbral moral que se ha ido moviendo. Hace tiempo que buena parte de Occidente dejó de reaccionar ante el asesinato de familias palestinas con la contundencia política que dice reservar para la defensa de los derechos humanos. La normalización no llega de golpe. Se instala. Primero con excepciones, luego con fórmulas diplomáticas, luego con la rutina.
A la cuenta de los muertos se le suma otra capa menos visible a corto plazo, pero igual de grave: la destrucción social. Gaza no solo está siendo bombardeada. Está siendo empujada al hambre, al derrumbe de los servicios básicos y a un horizonte de pobreza extrema. No se trata ya solo de la falta de alimentos, de agua potable o de medicamentos. Se trata de una sociedad llevada al límite material, con miles de familias sin casa, sin ingresos, sin escuela, sin atención sanitaria y sin perspectiva de reconstrucción real.
Los organismos internacionales llevan tiempo alertando de ese escenario. El riesgo de pobreza máxima, de indigencia extendida y de dependencia total de ayuda exterior ya no es una amenaza futura. Está ocurriendo. En la práctica, una parte enorme de la población palestina vive entre la desposesión absoluta y la supervivencia diaria. Y eso también forma parte de la guerra. No es una consecuencia accidental que aparece después. Es una forma de castigo colectivo.
Ahí es donde la enumeración inicial deja de ser una lista y empieza a parecer un método. Bombardear infraestructuras civiles. Desplazar población. Impedir el regreso. Deteriorar hospitales. Alcanzar centros educativos. Dejar a los supervivientes en un escenario de ruina y hambre. Lo que se ve en Gaza, lo que se ha visto en el sur del Líbano y lo que se ha empezado a ver en Irán no encaja bien con la idea de errores puntuales. Encaja mejor con una política de fuerza sostenida, envuelta después en términos de seguridad, defensa o estabilidad regional.
La ley del más protegido
En ese contexto, el papel de Estados Unidos va mucho más allá del apoyo diplomático. Washington no solo protege a Israel en los foros internacionales o amortigua el coste político de sus operaciones. También ha elevado el tono en otros frentes. Las amenazas sobre Cuba vuelven a colocar sobre la mesa una lógica de tutela imperial que parecía vieja, pero que sigue intacta cuando conviene. Venezuela entra en la misma ecuación: presión, asfixia, maniobra sobre sus recursos y uso político del aislamiento o del reconocimiento según interese en cada momento. No son escenarios idénticos, pero sí comparten algo: la facilidad con la que Estados Unidos se atribuye un margen de intervención sobre la soberanía ajena.
Hay otro elemento de fondo que conviene no perder de vista. Israel y Estados Unidos atacaron Irán invocando el riesgo nuclear. Sin embargo, tres semanas después, el propio aparato militar estadounidense ha rebajado esa acusación. Y, al mismo tiempo, las últimas informaciones devuelven al debate una realidad largamente silenciada: el Estado de la región que sí ha sido señalado de forma reiterada por disponer de capacidad nuclear es Israel. Esa asimetría resume bastante bien la escena. A uno se le bombardea por una sospecha que luego se desinfla. Al otro se le blinda incluso cuando su opacidad estratégica forma parte del problema.
Por eso el problema de fondo no es solo la violencia. Es el filtro político y mediático con el que se clasifica esa violencia. Hay muertos que se convierten en escándalo internacional en cuestión de horas y muertos que quedan atrapados en el lenguaje de la prudencia diplomática. Hay agresiones que se interpretan como barbarie y agresiones que se explican como respuesta compleja. Hay países a los que se les exige prueba absoluta antes de mover una ficha y aliados a los que se les concede crédito preventivo incluso después de haber bombardeado escuelas, universidades, centros de salud y familias enteras.
A estas alturas, el debate ya no debería ser si Occidente conoce o no lo que está pasando. Lo conoce. Las imágenes están ahí. Los datos están ahí. Los testimonios están ahí. La discusión real es otra: cuánto de ese silencio, de esa minimización y de esa indulgencia convierte a las potencias occidentales no solo en espectadoras, sino en parte del problema. Y esa es una pregunta que sigue sin tener una respuesta seria en las grandes capitales que dicen defender el orden internacional.
