Consultar a la población sobre un asunto importante para su futuro o el de su país es uno de los mayores exponentes del ejercicio de la democracia. La posibilidad de convocar referéndums la contemplan las constituciones de los estados de derecho, entre ellas la española en su artículo 92, pero algunos de los que se han celebrado últimamente han puesto en evidencia la supuesta eficacia de la llamada "democracia directa".
No se trata de cuestionarla, por supuesto, sino de matizar algunos aspectos que los gobernantes deberían tener en cuenta antes de convocan consultas que pueden terminar convirtiéndose en cargas de profundidad de consecuencias incalculables.
