El futuro de Emmanuel Macron como jefe del Ejecutivo en el Elíseo todavía no está claro. Lo que sí lo está es que su apreciado proyecto sobre la reforma de las pensiones le va a salir muy caro, tanto que incluso le puede costar su legislatura como presidente de Francia. El 16 de marzo, Macron carecía de los apoyos suficientes para aprobar este anteproyecto en la Asamblea Nacional. Ante la falta de votos, el líder galo recurrió al artículo 49.3 de la Constitución francesa, decreto que permite aprobar proyectos de ley de manera directa sin la necesidad de que sea votada.

Pero ahora la pelota no está en terreno de Macron, sino de los conocidos sabios o los nueve miembros del Consejo Constitucional, entre ellos, los veteranos políticos Laurent Fabius y Alain Juppé quienes también apostaban por ser presidentes de la República francesa, algo que podría ocurrir a través de una aclamada moción de censura, o más de una. En concreto, la pelota está en el tejado del equivalente a lo que sería en España el Tribunal Constitucional, el Consejo Constitucional, en especial, si deciden enmendar en su totalidad el documento de Macron o eliminar algunos artículos de su texto.

El objetivo de Macron es que su legislativa entre en vigor antes de terminar el año. Aunque, el Consejo Constitucional también examina una petición para organizar un referéndum nacional para limitar la edad de jubilación hasta los 62 años, en lugar de los 64 que pide Macron. Sin embargo, esta petición requiere de la recogida de casi cinco millones de firmas en tan solo nueve meses.

Borne revisará “lo antes posible” el texto de la reforma de las pensiones

Hace una semana, la primera ministra, Élisabeth Borne, anunciaba que acudirá al Consejo Constitucional para revisar “lo antes posible” el texto de la reforma de las pensiones tras la aprobación recurrente del presidente galo. Ya han sido dos mociones de censura presentadas en el marco de la aprobación por el decreto de Macron sobre las pensiones, algo que para Borne representa “el final del camino democrático”. “Estamos llegando al final del proceso democrático de esta reforma imprescindible para nuestro país. Asumí mi responsabilidad y la del Gobierno con humildad y seriedad”, decía la primera ministra en su cuenta de Twitter.

Macron también ha anunciado una serie de reuniones en el Elíseo. Entre ellas, se encuentra una cita con Borne y los ministros involucrados en la polémica reforma junto a varios líderes de los grupos y partidos representados en el Parlamento. El pasado lunes, la Asamblea Nacional francesa rechazaba dos mociones de censura contra el Gobierno por la aprobación de la reforma de las pensiones tras las movilizaciones desatadas a lo largo del país.

Según un sondeo de lfop para Le Journal du Dimanche, el 28% de los franceses han aprobado la nueva política de Macron, cuatro puntos menos que el mes pasado. La encuesta refleja que la popularidad de Macron sigue cayendo en picado desde finales del año pasado, con una reducción de ocho puntos desde diciembre. “Se trata de una secuencia muy mala para la pareja ejecutiva (Macron y Borne)”, explica el director general del sondeo, Frédéric Dabi, donde la aprobación de los franceses sobre Macron ha caído por debajo del 30%.

La violencia continúa en las calles francesas

El descontento popular sigue azotando las calles francesas tras la decisión de su presidente, Emmanuel Macron, de aprobar el proyecto de ley para elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación y ampliar el período de cotización necesario para obtener la pensión máxima a los trabajadores del país galo. Estos últimos días, en la población francesa reina la violencia, el caos y el desorden, una situación en la que los agentes de la llamada Sûreté Nationale han saldado con 450 personas detenidas tras los más de 900 incendios que se han ejecutado en la capital parisina.

Las actuaciones policiales vuelven a estar en el punto de mira, aunque los cuerpos y los sindicatos reconocen que el extremismo vuelve a dominar las calles de Francia, entre ellos, por la confirmación del ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, con la apertura de once investigaciones por supuesto exceso de fuerza entre los agentes antidisturbios, y las declaraciones de la líder del sindicato de CFE-CGC, François Hommeril, al calificar estas manifestaciones lideradas por “parásitos sociales” en comparación con las concentraciones pacíficas.

Organizaciones denuncian “el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias”

Sin embargo, para las organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) no ven con buenos ojos lo que está sucediendo en Francia señalando “el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias”. Del mismo modo, lo denuncia Reporteros Sin Fronteras contra los periodistas en el país galo, “contra periodistas claramente identificados como tales”. Durante las marchas del 16 de marzo se pudieron percibir el uso de porras, gases lacrimógenos o granadas de conmoción para disipar a la población manifestante.

El debate de las pensiones en España

Desde España, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recriminado las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras indicar que su modelo de la reforma de las pensiones sería similar al adoptado por el presidente galo, Emmanuel Macron. Por ello, Montero indica que “pareciera un llamamiento a las movilizaciones, a las protestas que en Francia ha generado la reforma de las pensiones”.

“Es algo inédito, no recuerdo ninguna situación en la que un líder de un país vaya a dificultad la llegada de recursos y políticas”, sostiene Montero. Asimismo, indica que la población española “lo que quiere es que sus líderes sean útiles, que remen en la dirección del bienestar y que dejen de torpedear cualquier actuación que mejore la calidad de vida”, y que las declaraciones de Feijóo no solo han recibido una crítica a nivel nacional, sino que “hasta el punto de que se lo tuvo que recordar un comisario europeo de no practicar una política de destrucción permanente”, dice Montero.

En España, la edad de jubilación está fijada en los 65 años, aunque desde el año 2013, el tiempo va en contra y el aumento de este período se fija para el año 2027, en los 67 años para obtener la pensión máxima, cifras mucho más altas que las demandadas en Francia.