La Oficina Federal de Investigación (FBI) ha registrado la casa y la oficina del exasesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, John R. Bolton. Esto forma parte de una investigación con su origen en el primer mandato de Trump, que inició en 2016, sobre la posesión indebida de documentos clasificados.
Los agentes federales llegaron a la casa de Bolton en Bethesda, estado de Maryland, en torno a las 06:00 hora local, y posteriormente, se registró su oficina en Washington DC. El dirigente de la Casa Blanca ha señalado que no fue informado sobre este movimiento, pero ha calificado a su exasesor: “No me gusta John Bolton. Es un poco como un delincuente”. Ha añadido, además, que “no es un hombre inteligente” y que “podía ser muy poco patriótico”.
“Podría saber sobre ello. Podría ser la persona que lo ha empezado. Soy el jefe de la ley. Pero siento que es mejor así”, les dijo a periodistas en Washington al señalar que no sabía nada sobre el registro, pero que podía haberlo ordenado si hubiera querido. Cabe destacar que el “jefe de la ley” es Estados Unidos es la fiscal general, Pam Bondi, y no el presidente, según el Departamento de Justicia.
El director del FBI, Kash Patel, ha comentado a través de X -anteriormente conocido como Twitter- que “nadie está por encima de la ley” tras el anuncio del registro, aunque no hace alusión directa a ello. Patel, por su parte, incluyó a Bolton en su lista de “miembros del Estado Profundo del Brazo Ejecutivo” en el libro que publicó en 2023, lo que hace referencia a una teoría de la conspiración que considera que el gobierno estadounidense está compuesto por políticos corruptos y personas poderosas que están detrás de las decisiones políticas del país.
NO ONE is above the law… @FBI agents on mission
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025
El subdirector de la agencia federal, Dan Bongino, ha respondido a la publicación diciendo que la “corrupción pública no se tolerará”, mientras que la Fiscal General ha asegurado que “la seguridad estadounidense no es negociable. Se perseguirá la justicia. Siempre”.
America’s safety isn’t negotiable. Justice will be pursued. Always. https://t.co/Feev4Cxqlj
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 22, 2025
Irónicamente, Trump enfrentó una investigación prácticamente idéntica a la de Bolton, con decenas de cargos por el mal uso de documentos clasificados, que incluyen la obstrucción en el proceso de investigación. La naturaleza federal de los casos implica que el mandatario podría enfrentarse a una pena de prisión en caso de ser hallado culpable. Sin embargo, su posición como presidente de Estados Unidos le garantiza impunidad durante su mandato y el encargado del caso, Jack Smith, se vio obligado a retirar la acusación.
La investigación al exasesor de Seguridad Nacional del dirigente de la Casa Blanca ha despertado preocupaciones sobre la persecución legal de Trump de sus oponentes. No obstante, el registro de una oficina y una casa de una persona prominente requiere aprobaciones tanto por parte del director del FBI como de un juez magistrado federal.
La investigación actual busca establecer si Bolton tenía posesión de o había compartido documentos clasificados a medios de comunicación o partidos políticos, según fuentes del New York Times (NYT). La administración de Trump buscó procesar a Bolton anteriormente por las mismas razones, debido a los contenidos del libro que publicó sobre su estancia en la Casa Blanca, pero no tuvo éxito en su momento.
La administración de Trump es conocida por su persecución de sus opositores por cualquier medio posible. Tras la inauguración de Trump a finales de enero y el posterior comienzo de Bondi en su puesto como Fiscal General, esta abrió el “Grupo de Convertir el Trabajo en Arma” que está encargado de investigar aquellos oficiales que han o están investigando al presidente. En el primer informe publicado por este grupo en febrero, se señaló a tres fiscales que habían investigado a Trump, entre ellos estaba Jack Smith.