El ejemplo más candente se ha visto reflejado esta última semana, pero desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 el Partido Popular (PP) ha recurrido en múltiples ocasiones a la Comisión Europea para llevar a Bruselas no solo medidas de gran calado aprobadas por el Gobierno español sino también decisiones de amplia trascendencia en el espectro político y social del país.
Tanto el acuerdo entre el Ejecutivo de Sánchez con Podemos para la regularización de 500.000 migrantes como la tragedia ferroviaria sufrida en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero son los casos más recientes que ponen forma a esta estrategia maquinada por el PP de Alberto Núñez Feijóo con el objetivo, en buena parte de las ocasiones, de desprestigiar medidas que han salido adelante y desplazar el foco de la responsabilidad que asumía su formación. Para el primero de los ejemplos, Bruselas ya ha dado respuesta y portazo a los populares, remarcando que la competencia para la regularización masiva de migrantes la tiene España. Este varapalo de Europa llega después de que la derecha española solicitara al Ejecutivo comunitario que revise la medida para saber si esta va en contra de los acuerdos de política migratoria europea y tras calificar de “indecente” la regularización.
Sin embargo, desde Asuntos Internos y Migraciones han dado carpetazo a la petición de los populares. “Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”, defendía este jueves el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner.
Por su parte, respecto al accidente ferroviario de Adamuz, el PP también ha solicitado a la Comisión Europea una evaluación detallada del uso de los fondos europeos destinados al mantenimiento de la red ferroviaria en España. Tanto la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, como el eurodiputado Borja Giménez Larraz han registrado dos preguntas en las que han reclamado un análisis en profundidad sobre el destino de los millones de euros invertidos por la Unión Europea en el sistema ferroviario español, ante lo que consideran un "colapso" de la red.
Sin embargo, las peticiones a la Comisión Europea tras cada decisión aprobada por el Gobierno de Sánchez o cada vez que España ha hecho frente a escenarios complejos que requerían de la voluntad y el consenso político, no es algo nuevo. En noviembre de 2023 el PP acudió a Europa como el último clavo al que aferrarse después de que PSOE y Junts pactaran la amnistía como condición para recibir el voto favorable de los neoconvergentes a la investidura del presidente del Gobierno. A razón de ello, la secretaria general del PPE y la delegación española de Renew (Ciudadanos) enviaron una misiva en la que calificaban el acuerdo como el inicio de una “era de desestabilización política” y “clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”. Tan solo un día después, la Comisión Europea contestaba defendiendo que no había motivo alguno para actuar en la ley. Asimismo, alegaron que la amnistía es un asunto de ámbito nacional cuyo control les corresponde a las autoridades competentes nacionales, empezando por el Parlamento y terminando por el Tribunal Constitucional, que avaló la ley el pasado mes de junio.
En línea con todo ello, otros ejemplos se han podido materializar con la DANA que sufrió la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 y que, pese a recaer la gestión sobre el Ejecutivo autonómico de -entonces- Carlos Mazón, los populares trataron de verter la responsabilidad en el Gobierno central y en la que en ese momento era todavía ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera, y quien optaba a hacerse con el cargo de vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva. Ribera tuvo que hacer frente en el Parlamento Europeo a una audiencia encargada por el PP, en la que trató de responsabilizarla de la DANA. “Le correspondía haber evitado la tragedia porque es responsable de la prevención, la preparación y la respuesta de los desastres climáticos. Es responsable de la inversión en la gestión los ríos, la prevención de inundaciones y alertas climáticas”, fueron las palabras que expuso Montserrat en aquella ocasión en la Eurocámara.
Algo similar sucedió en octubre del año pasado cuando el PP elevó a la Comisión Europea el ‘caso Begoña’ por “posible uso indebido de fondos comunitarios”. “Es necesario que Bruselas actúe, que se impliquen la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en francés) la Fiscalía Europea (EPPO) y el Tribunal de Cuentas y que se exijan responsabilidades a las autoridades españolas para proteger el dinero de todos los europeos”, señaló en aquella ocasión Montserrat.
Y si de fondos se trata, en enero de 2022 el Ejecutivo comunitario dio un nuevo portazo a las peticiones del PP en materia de fondos europeos. Los populares desataron la polémica por una presunta discriminación entre comunidades en el reparto de 70.000 millones de euros. "Pedimos transparencia y una gestión compartida. Y si no, iremos a la Justicia e iremos a Europa porque esto acabará en malas prácticas y esperamos que no acabe otra vez como con los ERE en corrupción", señaló Pablo Casado, quien en aquel momento ocupaba la presidencia del PP. Pero pese a la polémica y las críticas de los populares, el Ejecutivo europeo des
pejó rápidamente todo ello. Desde la Comisión Europea justificaron que con cada Estado miembro se utilizan "instrumentos de verificación" para comprobar que el dinero que se ha desembolsado en cada país sirve para contribuir a que se "logren los resultados esperados": "Hasta la fecha no tenemos constancia de ninguna disputa entre autoridades locales y el Gobierno central, aparte del caso de España".
En orden con todo ello, en el plano judicial, el PP también elevado a Europa múltiples cuestiones como la condena al fiscal general del Estado, cuando exigió al Ejecutivo europeo a que se pronunciara sobre una presunta "operación" del Gobierno para utilizar la Fiscalía General con "fines políticos" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; cuando elevó a Bruselas el bloqueo judicial en el marco de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); también en el marco de los nombramientos del Tribunal Constitucional, pese a que la Comisión Europea contestó a los populares remarcando que España "no es el único país" donde exministros ejercen en la justicia; así como en la reforma del Código Penal en noviembre de 2025 cuando el PPE presentó una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para evaluar si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal española respetaba el derecho comunitario y el Estado de derecho
