La Eurocámara se convertía este miércoles en testigo de la paralización del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur con una votación que enviaba el tratado al Tribunal de Justicia de la UE, pese a la firma que se produjo el pasado sábado en Asunción (Uruguay) y que trataba de poner fin al bloqueo que se ha extendido durante casi 26 años de negociaciones y que suponía sentar las bases de la mayor zona comercial del mundo.

Con una ajustada votación, recae ahora en la justicia europea fallar sobre si el pacto respeta el derecho comunitario. Una nueva paralización que no ha sido bien recibida atendiendo además a las recientes amenazas vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aplicar aranceles en países europeos y hacerse con el control de Groenlandia. “La decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable. No interpreta correctamente la situación geopolítica”, reprochó el canciller alemán, Friedrich Merz, tras conocerse el resultado de la votación y la consecuente paralización del tratado.

Y es que, entre los entresijos de esta reciente votación realizada en Estrasburgo, sobresale una nueva contradicción que salpica al Partido Popular (PP). Mientras que en Bruselas el PP europeo (PPE) se mostraba partidario, junto con los Socialistas y Demócratas, de proseguir con las negociaciones y el acuerdo, desde las filas populares en España adoptan una postura favorable a paralizar Mercosur. Con el sector agrícola y las necesidades del campo en el centro de su argumentario, tanto el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han hecho frente a la postura adoptada por los populares en la Eurocámara instando a paralizar el acuerdo con Mercosur.

En lo que respecta al presidente de los populares, solicitaba tanto al Gobierno central como a la Comisión Europea pausar el acuerdo si no se da la “plena certeza” de que se aprueben las “garantías que necesita el campo español”. En su mensaje, el líder del PP ha defendido que este acuerdo solo se puede dar cuando se apruebe “un procedimiento para que las cláusulas de protección sean automáticas”, “el refuerzo de los controles en frontera” y “la reducción de las actuales exigencias a los agricultores que impone Europa y el gobierno central”. Con ello, el líder de la oposición ha solicitado "formalmente al Gobierno de España y a la Comisión Europea la no entrada en vigor de Mercosur hasta que haya plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español".

Líneas similares son las que ha seguido la presidenta madrileña quien pedía este jueves a la Comisión Europea no dar luz verde al pacto hasta que "se garantice la protección" de los agricultores y ganadores españoles. “Mercosur es una gran oportunidad para Europa, pero nunca lo será si es a espaldas del mundo rural. El Gobierno de España debe defender los intereses de un sector estratégico que nos alimenta, vertebra el territorio y cuida de nuestro medioambiente”, expuso la lideresa regional en su cuenta de X.

Los argumentos que llevan al PPE a defender Mercosur

En la otra cara de la moneda, un PP que se mostró en Bruselas contrario a paralizar el acuerdo y defender este, aunque “con condiciones”. Entre estas, se incluye “activar de forma urgente y automática las cláusulas de salvaguarda”, “que los productos que vienen de fuera cumplan las mismas normas sanitarias y de calidad que los nuestros”, “reforzar los controles en frontera para los productos que llegan de países que no son de la UE”, así como “hacer más auditorías y controles en tiempo real en los países de origen a los productores y empresas que exportan sus productos”.

En este mismo orden de cosas, los populares en Europa ponen de manifiesto que los votos que se emitieron favorables a paralizar Mercosur, eran en realidad votos para que el acuerdo vaya al TJUE. “Vox y sus nuevos socios de izquierdas y nacionalistas no han bloqueado el acuerdo, si no que han ampliado la agonía del campo”, matizan.

Asimismo, justifican su negativa a enviar el acuerdo a la justicia en que su prioridad “era añadir las condiciones que protegen al campo”. “No perdemos el tiempo como otros. Hemos querido proteger al campo antes de que sea demasiado tarde, pero Vox no ha querido”, han expuesto.

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