Pocos acuerdos comerciales ilustran mejor las contradicciones internas de la política europea que el tratado entre la Unión Europea y Mercosur, un proyecto que ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras la reciente decisión del Parlamento Europeo de frenar de nuevo su avance. La paralización de su tramitación, respaldada por una mayoría heterogénea de la Eurocámara (una coalición inusual de eurodiputados de izquierda, verdes y algunos grupos de derecha que votaron a favor de remitir el texto al Tribunal de Justicia), ha reactivado una discusión que parecía enquistada y ha puesto de relieve hasta qué punto el acuerdo sigue dividiendo a la Unión, tanto entre países como dentro de ellos.
La votación en la Eurocámara -334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones- no solo ha tenido un impacto técnico en el calendario del tratado, sino que ha actuado como detonante político. En un contexto marcado por las protestas del campo en varios países europeos, por la presión social sobre el coste de la vida y por la creciente desconfianza hacia los grandes acuerdos de libre comercio, Mercosur ha vuelto a convertirse en símbolo de un modelo económico cuestionado. La actualidad ha servido así de percha para rescatar un debate de fondo que acompaña al acuerdo desde su nacimiento: quién gana y quién pierde con una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.
Un acuerdo tan ambicioso como eterno
El acuerdo UE-Mercosur comenzó a negociarse en 1999, en plena euforia globalizadora y con la convicción de que la apertura comercial era un motor indiscutible de crecimiento. El objetivo era eliminar aranceles, facilitar el intercambio de bienes y servicios y reforzar los lazos políticos entre Europa y Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, un bloque que agrupa a más de 260 millones de personas. Para Bruselas, el tratado tenía además una dimensión estratégica: consolidar su influencia en América Latina y contrarrestar el peso de otras potencias, especialmente Estados Unidos y, más recientemente, China.
Tras años de negociaciones intermitentes, bloqueos y relanzamientos, la Comisión Europea anunció en 2019 un acuerdo político que fue presentado como histórico. Sin embargo, aquel anuncio pronto mostró sus límites. La ratificación exigía el respaldo del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, y las resistencias que durante años habían acompañado al tratado emergieron con fuerza. Desde entonces, Mercosur ha quedado atrapado en un limbo político del que no ha logrado salir.
Lejos de disiparse, las críticas se han intensificado con el paso del tiempo. El contexto internacional ha cambiado, la emergencia climática ha ganado peso en la agenda pública y la pandemia y la guerra en Ucrania han reabierto el debate sobre la soberanía alimentaria y las cadenas de suministro. Todo ello ha convertido al acuerdo en un campo de batalla donde confluyen intereses económicos, sociales, territoriales y medioambientales.
Protestas en Estrasburgo (Francia) por el acuerdo con Mercosur. EP/Archivo.
El campo europeo, en pie de guerra
Uno de los principales focos de oposición al acuerdo procede del sector agrario europeo. Agricultores y ganaderos llevan años advirtiendo de que Mercosur permitiría la entrada masiva de productos agrícolas y ganaderos sudamericanos —carne de vacuno, soja, azúcar o etanol— producidos con estándares muy diferentes a los exigidos en la Unión Europea. El uso de fitosanitarios prohibidos en Europa, las menores exigencias en bienestar animal o las diferencias en derechos laborales son señalados como factores de competencia desleal.
Las organizaciones agrarias alertan de que el acuerdo podría poner en riesgo miles de explotaciones, especialmente pequeñas y medianas, y agravar la crisis del medio rural. Estas advertencias han ganado fuerza en un momento en el que el campo europeo atraviesa dificultades estructurales, con aumento de costes, precios en origen bajos y una creciente sensación de abandono institucional. Mercosur se percibe, en este contexto, como la gota que colma el vaso.
Las protestas de agricultores en distintos países han servido para visibilizar este rechazo. Tractores bloqueando carreteras y concentraciones frente a instituciones europeas han convertido el acuerdo en un símbolo de la distancia entre Bruselas y el mundo rural. Para muchos productores, Mercosur representa un modelo de libre comercio que sacrifica al campo en beneficio de otros sectores.
Norte y sur: una Europa dividida
El debate sobre Mercosur ha evidenciado una fractura clásica dentro de la Unión Europea: la división entre países del norte y del sur. Los Estados del norte y centro de Europa, con economías más industrializadas y menos dependientes del sector primario, tienden a ver el acuerdo como una oportunidad. Alemania, Países Bajos o los países nórdicos valoran especialmente la apertura de mercados para sus industrias, desde la automoción hasta la maquinaria o los productos químicos.
Para estos países, Mercosur encaja en una estrategia de refuerzo del papel de la UE como potencia comercial global. En un mundo cada vez más fragmentado y competitivo, defienden que Europa no puede permitirse renunciar a acuerdos que amplíen su acceso a mercados estratégicos y reduzcan su dependencia de otros actores.
En cambio, los países del sur muestran una mayor resistencia. España, Italia o Grecia comparten muchas de las preocupaciones del campo francés, aunque con matices. Su estructura productiva, con un peso relevante del sector agrario y con amplias zonas rurales vulnerables, hace que el impacto potencial del acuerdo se perciba como más negativo. Esta divergencia ha dificultado la construcción de una posición común y ha alimentado la sensación de que Mercosur beneficia de forma desigual a los Estados miembros.
Francia, el gran freno político
Dentro de este escenario, Francia ha asumido un papel central como principal dique de contención del acuerdo. Gobiernos de distinto signo político han expresado su oposición o, como mínimo, profundas reservas. París ha vinculado su rechazo tanto a la protección del sector agrario como al cumplimiento de los compromisos climáticos. El peso simbólico y político del campo francés, unido a una fuerte tradición de movilización rural, ha convertido Mercosur en una línea roja para el Elíseo.
Francia sostiene que el acuerdo es incompatible con el Pacto Verde Europeo y con el Acuerdo de París, al incentivar prácticas que contribuyen a la deforestación y al aumento de emisiones. Además, ha cuestionado la capacidad de la UE para hacer cumplir de forma efectiva las cláusulas medioambientales incluidas en el tratado. Su posición ha sido clave para bloquear avances, dado que sin el respaldo de París resulta prácticamente imposible lograr la ratificación necesaria.
España busca un equilibrio imposible
En España, el debate adopta una forma más ambivalente. Por un lado, las organizaciones agrarias han mostrado un rechazo claro al acuerdo, alertando de sus consecuencias para sectores sensibles y para el equilibrio territorial. Por otro, parte del tejido industrial y exportador ve en Mercosur una oportunidad para reforzar la presencia de empresas españolas en América Latina, una región con fuertes vínculos históricos y económicos.
Esta división interna se ha reflejado en la posición del Gobierno español, tradicionalmente favorable al acuerdo, pero cada vez más consciente de la necesidad de introducir salvaguardas. España ha defendido la inclusión de cláusulas que garanticen el cumplimiento de los estándares europeos y mecanismos de protección para los sectores más vulnerables, tratando de equilibrar intereses contrapuestos.
A esta complejidad se suman las críticas medioambientales. Organizaciones ecologistas advierten de que Mercosur podría incentivar la deforestación de la Amazonía y otros ecosistemas sensibles, especialmente en Brasil, al aumentar la demanda de productos agrícolas ligados a la expansión de la frontera agraria. También cuestionan que el tratado sea coherente con la ambición climática de la UE y con su discurso de liderazgo verde a nivel global.
El futuro del acuerdo sigue siendo incierto. Cada intento de relanzarlo reabre las mismas preguntas y enfrenta a los mismos actores, sin que hasta ahora se haya encontrado una síntesis aceptable. Bruselas insiste en su valor estratégico, pero las resistencias políticas y sociales no han hecho sino consolidarse. En un momento de redefinición del papel de la Unión Europea en el mundo, Mercosur plantea una cuestión de fondo que va más allá del comercio: hasta qué punto Europa está dispuesta a asumir los costes internos de su proyección global y quién debe pagar el precio de esa ambición.
