El PP eleva el ‘caso Begoña’ a la Comisión Europea por “posible uso indebido de fondos comunitarios”

El Partido Popular Europeo (PPE), impulsado por su delegación española (PP), ha decidido elevar al Ejecutivo comunitario los contratos de Red.es y Plus Ultra, enmarcados en el caso Begoña, que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los conservadores justifican este paso por el “posible uso indebido de fondos europeos en beneficio de actores con conexiones políticas con Moncloa, la existencia de conflictos de interés y opacidad en los procedimientos, y la necesidad de activar el control de los órganos europeos competentes”.

Los casos de Plus Ultra y Red.es no tienen nada que ver, algo que los propios liberales han reconocido. “Estos casos, aunque distintos, reflejan un patrón común de opacidad, conflictos de interés y utilización partidista de fondos de la Unión”, apuntan. La encargada de gestionar el procedimiento ha sido la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, que ha dirigido varias preguntas a la Comisión Europea en las que reclama “medidas”, pese a que aún no existe evidencia probatoria.

“Es necesario que Bruselas actúe, que se impliquen la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en francés) la Fiscalía Europea (EPPO) y el Tribunal de Cuentas y que se exijan responsabilidades a las autoridades españolas para proteger el dinero de todos los europeos”, considera Montserrat. Los de Alberto Núñez Feijóo buscan así seguir poniendo el foco en la esposa del jefe del Ejecutivo español, aludiendo a las últimas informaciones relacionadas con los contratos de Red.es.

Fondos europeos y contratación pública

La primera de las preguntas trasladada por la secretaria general del PPE se refiere al informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición de la Fiscalía Europea. En este informe, emitido por un perito de Hacienda, se pone bajo la lupa la toma en consideración en concurso público de las cartas de recomendación, pese a que esta posibilidad no aparecía en los pliegos, presentadas por Juan Carlos Barrabés, entre las que destacan las del Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Complutense (UCM) o Begoña Gómez, entre otras.

El informe indica que este proceder podría suponer una regularidad en la adjudicación de los contratos de Red.es, cuantificaos en 8,4 millones de euros. Recogiendo este planteamiento, la pregunta del PPE apunta a una “opacidad en la tramitación, valoración irregular de criterios técnicos por órganos incompetentes, pliegos contrarios a la ley de contratación, insuficiencia de medidas para prevenir conflictos de interés y posibles fraudes de ley en procedimientos financiados con fondos europeos”.

“¿Conocía la Comisión el informe de la IGAE remitido a la EPPO? ¿Qué medidas concretas piensa adoptar para garantizar que los contratos de Red.es cumplen el Derecho de la Unión, exigir responsabilidades a las autoridades españolas y asegurar la recuperación de fondos en caso de irregularidad, por ejemplo, a través una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo y/o investigaciones de OLAF y/o EPPO?”, recoge expresamente la pregunta emitida por Montserrat.

“La utilización de cartas de recomendación que no figuraban en los pliegos como criterio de adjudicación constituye, según el informe de la IGAE, una alteración arbitraria de la valoración técnica. Esto plantea un riesgo evidente de trato preferencial y vulneración de los principios básicos del mercado interior y choca directamente con los principios europeos que establecen la obligación de que los procedimientos de contratación se rijan por transparencia, igualdad de trato y libre competencia”, zanja Montserrat.

Plus Ultra

En una segunda pregunta, Montserrat pide aclaraciones a la Comisión tras su respuesta a la interpelación parlamentaria sobre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), que se utilizó durante los peores momentos de la pandemia para sostener y garantizar la liquidez de empresa no financieras estratégicas. A través de este fondo, la aerolínea Plus Ultra recibió una inyección de 53 millones de euros, algo que la representante del PPE considera que debería ser investigado.

Montserrat subraya que existen abundantes “informaciones públicas sobre presiones políticas, conflictos de interés y trato discriminatorio” en torno a la operación de rescate de Plus Ultra, aunque nada concluyente o definitivo, por lo que considera que la Comisión tiene la obligación de activar mecanismos de control adicionales. Al respecto, pregunta expresamente “si el Ejecutivo comunitario piensa remitir el caso al Tribunal de Cuentas Europeo, a la OLAF o a la Fiscalía Europea”.