La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado sobre el jurado popular

En el marco de la causa que investiga a Begoña Gómez por presunta malversación de caudales públicos en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, esta última ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el juicio se celebre ante un jurado popular, según ha adelantado El País.

En su argumentario, la defensa de Álvarez alega que la decisión del magistrado "desobedece" al criterio de la Audiencia Provincial que negó "de manera expresa y tajante" que la asistente hubiera podido cometer el delito de malversación.

Por su parte desde las filas del Partido Popular (PP) y en voz de su líder, Alberto Núñez Feijóo, han adelantado que desde la formación instarán al presidente del Senado, Pedro Rollán, a que presente ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra la Cámara Baja por "bloquear" las leyes aprobadas en el Senado. De otro lado, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha hecho hincapié en que "no hay nada" en el caso de Begoña Gómez.

La Fiscalía insiste en la ausencia de malversación

El recurso presentado por Álvarez se produce en el mismo día en el que la Fiscalía ha confirmado que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se benefició con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

En este mismo orden de cosas, el fiscal José Manuel San Baldomero ha destacado que la “ayuda”-en relación con los correos que pidió el magistrado- que la asesora de Gómez le prestó fue de manera “ocasional” y que en ningún caso supuso “menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos”, según ha adelantado eldiario.es. Además, tal y como recuerda el fiscal, Gómez “no recibía remuneración ninguna” por la cátedra: “Un total de 0 euros”.

Con todo ello, el Ministerio Público reafirma de esta manera que en ningún caso la existencia de las conversaciones entre la asesora de La Moncloa y la universidad implica malversación, porque no hubo un menoscabo de dinero para el patrimonio público y, además, Gómez no es funcionaria, por lo que no puede existir el mencionado delito.

El fiscal ha tumbado también la tesis de los “negocios privados” de los que habla la ultraderecha cuando se refieren a la esposa del líder del Ejecutivo. “No parecemos ser conscientes, o lo olvidamos, de qué magnitudes estamos hablando”, afirma el fiscal, en este supuesto en otro recurso reciente que presentó ante la Audiencia Provincial en el marco de la investigación del juez de investigar por malversación a Gómez.

Batería de recursos contra Peinado

En línea con la investigación que dirige el titular del Juzgado 41 de Madrid, la defensa de las partes implicadas -incluyendo la de Gómez, pero también la de la asesora y la del Delegado del Gobierno en Madrid- han presentado en total media docena de recursos en la Audiencia Provincial contra la decisión del juez del pasado 5 de mayo de abrir la investigación específica acerca de la colaboración de la asesora de Moncloa en tareas privadas profesionales de la esposa de Pedro Sánchez después de la defensa de ambas asegurando que en ningún caso Álvarez se extralimitó en sus funciones.

Por partes, todo ellos han elevado un recurso directo al tribunal que supervisa las actuaciones del magistrado, de manera que se han saltado la opción de recurrir ante el propio juez ante el “evidente retraso” del magistrado en a la hora de resolver casos anteriores.

De igual manera, han impugnado la diligencia del juez que pasaba por reclamar a La Moncloa los correos de la cuenta oficial de Gómez desde que su marido llegara a la presidencia del Gobierno, en 2018. En este caso, tal y como explica el diario 'El Mundo', lo han recurrido la propia Gómez y la Fiscalía, considerando las dos que se trata de una decisión por parte del juez a todas luces injustificadas y desproporcionadas y solicitando a la Audiencia que de marcha atrás en esta decisión. En el caso concreto de Gómez, también ha pedido que se implementen medidas para proteger su intimidad si finalmente se convalida la entrega de los correos.