El Gobierno ha solicitado un informe a Reino Unido sobre todo lo ocurrido en el accidente de dos buques en el entorno de Gibraltar que provocó fugas de combustibles que impactaron el medio ambiente porque entiende que se produjo en aguas de soberanía española. Así lo afirma en una respuesta escrita, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, remitida al diputado de Izquierda Unida (Unidas Podemos) por Cádiz, José Luis Bueno.

El diputado del grupo confederal se interesó por el grave accidente marítimo acaecido en la Bahía de Algeciras, así como por los planes del Ejecutivo español para reducir el bunkering, abastecimiento de combustible para uso de los navíos, pues la zona se ha convertido en una suerte de gasolinera flotante que amenaza el ecosistema.

El choque se registró el pasado 29 de agosto en torno a las 22:10 horas. Al día siguiente, el 30, se sellaron las fugas del buque OS35 y se remolcó. El 1 de septiembre se confirmó que, pese a los esfuerzos, se registraron fugas de fueloil pesado en el mar y comenzaron las operaciones para hundir el barco de forma controlada. La gestión en su práctica totalidad la realizó el Reino Unido a través de las autoridades de Gibraltar. De hecho, el capitán del OS35 fue detenido por las autoridades británicas y luego puesto en libertad bajo fianza. Pese a ello, en la respuesta del Ministerio de Exteriores a Bueno, se asevera que “el suceso ha ocurrido en aguas que España considera de su soberanía”.

“El suceso ha ocurrido en aguas que España considera de su soberanía”

Aguas en litigio

Exteriores afirma en su respuesta que “España ha solicitado al Reino Unido la remisión de un informe del suceso ocurrido”, al tiempo que “el Gobierno mantiene contacto con las autoridades británicas” a través de los canales diplomáticos habituales. También se esgrime que “las autoridades españolas competentes movilizaron todos los medios disponibles, activándose inmediatamente en Plan Marítimo Nacional en su fase de alerta”; además de que el contacto y la coordinación han sido fluidos.

La pregunta es: si España considera que las aguas están bajo su soberanía, ¿por qué fue Reino Unido el que gestionó, decidió y maniobró? Según señala el Ministerio de Exteriores a ElPlural.com, “la prioridad era dar una respuesta inmediata”.

Exteriores: "La prioridad era dar una respuesta inmediata"

En la actualidad, las aguas se consideran en litigio, es decir, que cada país entiende que son suyas. Para el Gobierno español, el Tratado de Utrecht (1713) sigue vigente, y en él se especifica que se cedió a la Corona británica la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas, pero ni las aguas, ni el istmo, ni el espacio aéreo formaban parte del acuerdo. En el marco del accidente de este verano, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), sostuvo que era una zona que no pertenecía a Gibraltar a pesar de que “el Almirantazgo británico así lo indique en las cartas náuticas”.

Y es que, frente al Tratado de Utrecht al que se acoge España, los británicos blanden la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que reza que el mar territorial son 12 millas (19,3 km) desde la costa hacia el interior. De este espacio, tradicionalmente Londres únicamente ha reivindicado la soberanía de tres millas para el las aguas de Gibraltar. Incluso, en el Territorial Sea Act aprobado en 1987, fijaron 12 millas para las Islas Británicas, Irlanda del Norte, las del Canal y Man. Del peñón no se recogió nada.

Una gasolinera flotante

El diputado de IU, integrado en el espacio confederal de Unidas Podemos, no solo manifestó al Ejecutivo su preocupación por el suceso y su impacto, sino que se interesó por las “medidas que tiene previstas para reducir el bunkering en la Bahía de Algeciras”, lo que ayudaría a evitar que episodios de este tipo se repitan con tanta frecuencia. Además, plantea la reducción del fuel en los barcos. El Ejecutivo ha evitado entrar en ambas cuestiones.

Bueno pide medidas para reducir el 'bunkering' de la zona y que los barcos lleven menos fuel

El ministerio de José Manuel Albares indica en el documento que “se está todavía en fase de gestión de la emergencia”, que es “la máxima prioridad”. Una vez consumida esta etapa, “el Gobierno velará por obtener la máxima información posible, con el fin de dilucidar las responsabilidades que puedan derivarse”.

Por último, destaca que “lo sucedido no hace sino demostrar la importancia de alcanzar compromisos sólidos y ambiciosos en materia medioambiental en el marco de las negociaciones en curso entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, en las que España participa activamente, y que sean plenamente respetuosas con las posiciones de soberanía españolas”.