Las diferencias en Vivienda no se han superado. El PSOE sigue negociando con Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu para aprobar definitivamente el proyecto antes de finalizar el año, pero las discrepancias se antojan irreconciliables. Los morados trataron de presionar al ala socialista del Ejecutivo supeditando los Presupuestos Generales del Estado 2023 a la ley de Vivienda. Fracasaron. Ahora, se han aliado con el Grupo Republicano y la izquierda abertzale presentando cuatro enmiendas conjuntas a las cuentas 2023 relacionadas con Vivienda y el resultado se barrunta semejante. Fuentes del PSOE consultadas por este periódico orillan lo relativo a Vivienda a las conversaciones sobre el articulado en concreto, evitando que impacten en los Presupuestos.

Tras superar con holgura la primera votación, los PGE han entrado en la fase más complicada: las enmiendas parciales. Es ahí donde los aliados parlamentarios extraen partidas y arrancan compromisos, en ocasiones, en cuestiones al margen de las cifras, como ocurriera el año pasado con ERC y la Ley Audiovisual. Unidas Podemos ha hecho frente común con la formación independentista y con EH Bildu para forzar al PSOE a desbloquear la ley de Vivienda e integrar sus reclamos. No obstante, los de Pedro Sánchez no sopesan la posibilidad de mezclar Vivienda y Presupuestos.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que “pelearán” para sacar adelante estas cuatro enmiendas que afectan a Vivienda; sin embargo, es perfectamente consciente de que sus compañeros de Ejecutivo no lo contemplan. En una entrevista en TVE, subrayó que existe una “emergencia” real y espera desencallar un atasco que acumula ocho meses. Sin embargo, ha deslizado que los Presupuestos no corren riesgo de no salir adelante en caso de que el PSOE se oponga a ellas. Precisamente, a esto se agarran fuentes parlamentarias del Grupo Socialista: “El propio Podemos ha reconocido que los Presupuestos no están en peligro si no se aprueban esas enmiendas que atañan a Vivienda”.

"El propio Podemos ha reconocido que los Presupuestos no están en peligro si no se aprueban esas enmiendas que atañan a Vivienda"

Una propuesta ambiciosa

La génesis del choque hunde sus raíces en el tope a los alquileres. Unidas Podemos es partidario de limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas tanto a grandes como a pequeños tenedores y que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a titularidad pública para aumentar el parque social en pisos de alquiler. El PSOE comparte el tope, pero solo a los grandes tenedores. En consecuencia, el problema es la definición de lo que se entiende como gran tenedor. UP es partidario de rebajar de las 10 viviendas o los 1.500 metros cuadrados. En este sentido, el PSOE cree que la mejor solución son los incentivos fiscales, alegando que hay personas de clase media cuya economía depende de la renta de algunos inmuebles.

Para forzar al PSOE, los morados se han aliado con los republicanos catalanes y la izquierda abertzale. Cuatro son las enmiendas que han impulsado conjuntamente. La primera pretende regular de manera integral los precios de los alquileres de todas las viviendas en las zonas tensionadas para evitar subidas abusivas. En estas zonas, los precios de los nuevos contratos no deben superar la renta anterior vigente en los cinco años anteriores. En caso de una empresa considerada como gran tenedor -para lo cual establecen un umbral de ocho viviendas, y no de diez como plantea el proyecto-, la renta pactada no podrá exceder el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios.

Otra de las enmiendas propone congelar las hipotecas de tipo variable cuyo valor no supere los 360.000 euros, por lo que estarían sujetas a los tipos vigentes al 1 de septiembre de este año y no podrán subir en todo 2023. Además, pretenden prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, establecer una serie de responsabilidades sociales tales como la obligatoriedad de ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables previa interposición de cualquier acción judicial.

Enquistada

El articulado tiempo ha que colea. Era uno de los buques insignia legislativos del Ejecutivo, hasta el punto de que pretendían aprobarlo en el anterior periodo de sesiones, antes de verano. Según Moncloa, es una “prioridad absoluta”, mismos términos que los empleados por sus socios parlamentarios. Y sin embargo, va camino de los ocho meses de bloqueo .

En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Según fuentes parlamentarias, el proceso se está dilatando en exceso no solo por el volumen de trabajo, sino por discrepancias en el seno de la colación y entre sus aliados habituales.

Sánchez: "A lo mejor no es que estemos bloqueando, es que no coincidimos"

Fuentes del Grupo Socialista consultadas por ElPlural.com acusan la cantidad de enmiendas a despachar. “Hay más de 800. Hay muchas ya avanzadas, pero quedan otras tantas”, justifican. En cuanto a los plazos que manejan, insisten en que pretenden tenerla lista para diciembre para que sea efectiva antes de finalizar el año, pero no se aventuran a fijarse una fecha límite puesto que hay enmiendas que primero tienen que “mirarlas con unos y, luego, con otros”.

Desde el entorno del Grupo Confederal de Unidas Podemos señalan a los socialistas recordando que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ignacio López Cano (PSOE), quien ha de convocar al órgano para comenzar la ponencia; por lo que lamentan la terna de “excusas”. Frente a ello, fuentes del ala socialista ya volcaron durante esta semana la responsabilidad de la tardanza de aprobar la ley a Podemos precisamente por dichas enmiendas, que no tienen sentido cuando ya habían llegado a un acuerdo en el seno del Ejecutivo.

Dedos acusadores

Y mientras todos los dedos señalan al PSOE, Sánchez se sacude las acusaciones. Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles, el jefe del Ejecutivo optó por intentar darle la vuelta a la tortilla y culpó a sus socios parlamentarios del bloqueo en la tramitación de leyes como Vivienda o la reforma de la denominada Ley Mordaza (Seguridad Ciudadana). En consecuencia, urgió a los grupos buscar puntos de “equilibrio” para poder aprobarlas antes de que finalice el año, tal y como esperan desde hace semanas.

Así respondió Sánchez a la intervención de la diputada y portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien reconoció “avances” en derechos sociales, pero sacó a relucir todos los compromisos adquiridos y que aún no se han concretado: ley Trans, Secretos Oficiales y reforma fiscal, entre otros. “No hay mucho tiempo ya”, ha exhortado, recordando que Moncloa ha de aprovechar que “hay mayoría suficiente” para materializar los antecitados articulados y la legislatura encara su estadio final.

"Decida si quiere aprobar o no estas leyes en los términos que prometió, son cuestiones básicas para un Gobierno que se dice progresista y no hacerlo hipotecará el futuro de millones de personas y puede que también el suyo y el de su Gobierno", advirtió Aizpurua, antes de apuntar que "no cumplir las promesas y no avanzar en derechos sólo beneficia a la derecha”.

Por su parte, Sánchez dice haber “cumplido” remitiendo todos esos proyectos al Congreso y que es al conjunto del arco parlamentario al que le corresponde ahora hallar los acuerdos necesarios para concretarlas. "A lo mejor no es que estemos bloqueando, es que no coincidimos en la aproximación que ustedes tienen de la seguridad ciudadana".