Los Presupuestos Generales del Estado 2023 han superado su primera votación con holgura. El precio ha sido el compromiso a seguir negociando con sus aliados parlamentarios y un amago de reformar varios delitos del Código Penal, incluido sedición. El resultado ha sido abrumador: solo 159 diputados han apoyado vetar los PGE. Las enmiendas a la totalidad han cosechado 186 noes y tres abstenciones. Moncloa logra, así, avanzar en el trámite parlamentario y demostrar que la actual legislatura es la más estable de los últimos años tanto a nivel nacional como en el convulso entorno europeo. A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha costado la voz, pero su ferviente defensa de las cuentas ha merecido la pena. Ha aprovechado cada intervención en estas dos jornadas para explicar las cifras, atizar a la derecha y la ultraderecha y cortejar a sus potenciales socios. 

Montero se sacudió las críticas de la bancada de PP y Vox a los Presupuestos asegurando que las previsiones de crecimiento que sientan sus mimbres son “prudentes” y, aunque algunos indicadores esbozan un aciago escenario, el crecimiento económico de España es sólido, sostenible y “hay margen” para maniobrar. La ministra ha esgrimido unas cuentas sociales que descansan sobre dos pilares: la justicia social y la eficiencia económica; argumentos que le permitieron cortejar a la clase media y a sus socios habituales, a saber, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y PNV. El primer guiño lo lanzó el miércoles, garantizando que las medidas excepcionales y temporales que están amortiguando la inflación derivada de la guerra en Ucrania no figuran en las cuentas pero se prorrogarán las “más eficaces”. “Las medidas que aplicamos para paliar la inflación empiezan a funcionar. Las cuentas de 2023 no contienen el grueso de medidas extraordinarias y temporales, pero a medida que se acepte el final del real decreto, noviembre, se irán concretando aquellas que tienen que permanecer”, refirió Montero.

Montero ha aclarado que el Gobierno propondrá la reforma de sedición "cuando haya mayorías" y evita hablar de plazos

Continuó con un alegato en defensa del robustecimiento del Estado de Bienestar para mejorar las condiciones materiales de la clase media, justificando que “la riqueza de un país la crea el conjunto de los ciudadanos, no solo una élite económica como piensan algunas de sus señorías”. Y segundo gesto para el respetable: el impuesto a las grandes fortunas entrará en vigor en 2022 y no a partir de 2023 como se anunció en un primer momento. El gravamen mantendrá los términos iniciales y se extenderá hasta 2024, tal y como estaba previsto.

¿Reforma de sedición?

Al margen de lo que los socios logren arrancar al Ejecutivo en el marco de los Presupuestos, varios son los reclamos que nada tienen que ver con las cuentas. Moncloa ya sopesa una de esas monedas de cambio que decantarían la bancada de Esquerra hacía el ‘sí’ en la votación definitiva que tendrá lugar el 24 de noviembre: la reforma del delito de sedición.

Tiempo ha que la formación independentista lo desliza como condición, aunque el portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha asegurado que están más preocupados por el precio de las hipotecas y los problemas de acceso a la vivienda. Por ello, el Gobierno de coalición se ha comprometido a llevar al Congreso una propuesta de reforma del delito de sedición para homologarlo y adecuarlo a los estándares europeos "cuando haya mayorías". Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda durante su turno de réplica al diputado Joan Margall Sastre, el encargado de exponer la postura del Grupo Republicano en el debate sobre las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. “Lo traeremos a esta Cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión", ha señalado Montero sin mencionar expresamente el delito de sedición y orillándolo al margen de la negociación presupuestaria. Previamente, Margall, en su turno de palabra, mencionó ese delito de sedición que se aplicó a los independentistas condenados por el referéndum ilegal de 2017. “La solución pasa por la política", incidió, instando al PSOE a elegir si está "con el 80% de la sociedad catalana" y el mandato de distintas organizaciones internacionales como la ONU y el Consejo de Europa o "está al lado del PP y Vox”. Ante esto, Montero ha respondido que Sánchez siempre se ha inclinado por homologar “determinados delitos” al Derecho europeo: “Ha sido muy claro”.

La titular de Hacienda ha rebajado las expectativas en cuanto la prensa le ha preguntado si ya hay plazos para la propuesta de reforma. "No", ha aseverado, aclarando que “he expresado en la tribuna lo mismo que dijo Sánchez respecto a que la voluntad del Gobierno es homologar delitos del Código Penal a los estándares europeos. El compromiso es impulsarlo cuando existan esas mayorías. Si se ha interpretado que daba un paso más, para nada”, escudándose en el fragor del debate.

Pasando lista e intercambiando golpes estériles

Ni el PSOE ha contemplado en algún momento el apoyo del PP, ni éstos sopesan negociar las cuentas. El debate entre Montero y la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha sido estéril e improductivo. La dos de Alberto Núñez Feijóo se enrocó en los malos augurios y pasó a la ofensiva afeando a Sánchez su ausencia durante el pleno. El presidente se encuentra de viaje institucional en Kenia, luego visitará Sudáfrica, en busca de inversiones para empresas españolas. Montero le recordó que Feijóo tampoco estaba en el hemiciclo escuchando en la tribuna. Y así con todo. Si Gamarra censuraba la subida de sueldo del jefe del Ejecutivo, la ministra de Hacienda respondía que Isabel Díaz Ayuso cobra 12.000 euros más al año.

Montero procuró entrar en el núcleo de las cifras aunque el aliento quebrado comenzaba a fallarle, pero con Gamarra no fue posible. Que si EREs por un lado y Gürtel por otro. Por cierto, Gamarra no ha estado presente este miércoles mientras su homólogo socialista, Patxi López, defendía los PGE. “Qué cosas”, ironizan fuentes del Grupo Socialista a este periódico.

"No den por hecho nuestros votos"

Voluntad de un acuerdo lejano

Todos y cada uno de los partidos que configuran el denominado bloque de investidura han manifestado su voluntad inequívoca de “seguir negociando” para rubricar un acuerdo que facilite la aprobación de las últimas cuentas de la legislatura. El PNV ve mucho “margen de mejora” y ha urgido al PSOE a recuperar “parte de la confianza perdida”. No obstante, su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, garantizado que su ánimo es “constructivo” y las enmiendas parciales que registrarán no persiguen sino la mejora de los PGE.

Por su parte, EH Bildu se ha movido en la misma sintonía: voluntad, pero su apoyo tendrá un precio. “Nuestros votos no son cautivos de este Gobierno y mucho menos de los grandes intereses económicos. Nosotras y nosotros no nos debemos a este Gobierno, no tenemos ninguna responsabilidad con su Gobierno. Cada uno de los 5 votos que la izquierda soberanista e independentista vasca tiene en este Congreso solo se activan en función de una premisa: si son medidas y leyes en favor del pueblo o no. Y en los Presupuestos actuaremos igual”, ha verbalizado Oskar Matute, quien ha advertido que “no den por hecho nuestros votos”.