El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a los funcionarios del CNI a compartir la información que conozcan de los móviles del presidente y los ministros infectados por Pegasus. Según fuentes de Moncloa, no hay ninguna documentación a desclasificar ya que se trata de un análisis pericial.

El Gobierno ha respondido este martes al suplicatorio remitido por el juez de la Audiencia Nacional Jose Luis Calama, que autoriza a la ex directora del CNI, Paz Esteban, y a los técnicos del Centro Criptológico Nacional que acreditaron el espionaje a los terminales del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, a declarar ante el juzgado sobre las pesquisas. Siempre y cuando sean citados por el magistrado.

Desde Moncloa precisan a ElPlural.com que el trámite se ciñe al espionaje sufrido por Sánchez y los ministros con el programa Pegasus. Es decir, no guarda relación alguna con las escuchas que el CNI -previa autorización judicial, según Esteban- realizó a líderes y activistas independentistas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió diligencias previas el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, Margarita Robles, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la infección del teléfono de Fernando Grande-Marlaska con este software espía.

El presidente del Gobierno ha asegurado en los últimos días estar tranquilo porque no tiene “nada que ocultar” y trabaja para "que no se usen las instituciones públicas con fines partidistas para obstaculizar a la justicia o para perseguir adversarios políticos de manera ilegal"

Este jueves será una fecha clave, pues Sánchez comparecerá ante el pleno del Congreso por petición del Grupo Plural, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu para explicar el caso Pegasus. El espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes y vascos provocó un notable enfado no solo en los aliados parlamentarios del PSOE, sino también de sus socios de coalición. Podemos se aventuró a exigir la dimisión de la directora del CNI, entonces Paz Esteban, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, esgrimiendo la brecha de seguridad de los servicios de inteligencia españoles al ser Sánchez y otros ministros víctimas también de espionaje. El tono soberbio de Robles forzó situaciones tensas con los morados hasta el punto de que Pablo Echenique le exigió su cabeza en la comisión de Defensa.

El asunto no está zanjado ni mucho menos a pesar de que Moncloa fulminara a Paz Esteban -con el mayor de los reconocimientos-. Y es que, su cese no pudo interpretarse como un gesto, pues su sustituta es Esperanza Castelerio, mano derecha de la propia Robles. La titular de Defensa cuenta con el respaldo total y absoluto de Sánchez. No habrá cese ni se barrunta amago de dimisión. El jueves, durante el pleno, a buen seguro Unidas Podemos exigirá nuevamente su cabeza. El presidente no la dispondrá y los decibelios subirán.