Un informe detallado de julio de 2007
Según las mismas fuentes, citadas por El País este sábado, el director corporativo de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos de Renfe, Manuel Rodríguez Simons, informó el 30 de julio de 2007 al tribunal del caso del 11-M del proceso de desguace y destrucción de todos los trenes y vagones que resultaron afectados por las explosiones.
Había un informe anterior, de septiembre de 2004
El directivo de Renfe adjuntó un cuadro, fechado el 9 de septiembre de 2004 por la Dirección General de Cercanías y Media Distancia de Renfe, en el que se detallaba el destino de cada una de las unidades y sus vagones correspondientes, es decir, los que habían sido reparados y puestos de nuevo en circulación y los que habían sido desguazados.
El presidente del tribunal del 11-M pidió los datos
El presidente del tribunal encargado de juzgar los atentados del 11-M, el juez Javier Gómez -Bermúdez, había reclamado a la propietaria de los convoyes que remitiera por escrito la información sobre el destino de los trenes con motivo de la celebración del juicio. El informe fue remitido por Rodríguez Simons el 30 de julio de 2007 y entró en la Audiencia Nacional el 3 de agosto de ese año.
Un brindis al sol de Torres-Dulce
Las citadas fuentes consideran que la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de abrir unas diligencias informativas en la Fiscalía de Madrid y encargar a la Guardia Civil la custodia de la chatarra descubierta es un “brindis al sol” y “carnaza para los teóricos de la conspiración”.
Un delito que hubiera prescrito
Según afirman, el fiscal general del Estado da muestras de “falta de finezza” al basar sus diligencias informativas sobre la base de un delito de obstrucción a la justicia, un delito –apuntan- que tiene un plazo de prescripción de cinco años y, en caso de que se hubiera producido, que no es el caso, el plazo se hubiera rebasado con creces.