La polémica ha explotado ahora pero las investigaciones sobre Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó hace casi dos años. La Agencia Tributaria ha elaborado desde mayo de 2022 un informe de casi 200 páginas que revela que el empresario habría defraudado a Hacienda más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, pese a que la lideresa sostiene que la inspección contra él ha sido "salvaje", "sacada de quicio" y casi que una cacería contra ella. Todas estas indagaciones comenzaron con una factura y un empresario mexicano, con coches de lujo de por medio, y ha acabado con un escrito a la Fiscalía reconociendo los hechos. Así ha sido la investigación al novio de Ayuso.

Una factura y un empresario mexicano

Las alarmas de la Agencia Tributaria se encendieron en mayo del año 2022 a cuenta de una factura del 20 de noviembre de 2020 por valor de 620.000 euros que una empresa mexicana, MKE Manufacturing SA, emitió a Maxwell Cremona SL -empresa de Alberto González- en concepto de comisión por encontrar oportunidades de negocio con la sanidad de México. El pretexto era un convenio por Servicios de comercialización de Proyectos sanitarios y Gestión con las Administraciones Públicas, sin embargo, cabe destacar que MKE no se dedica al sector sanitario, sino a la exportación de productos perecederos como leche, hortalizas, aceite de soja o harinas a Estados Unidos, como ha revelado El País.

Relacionado La vivienda 100% propiedad de Ayuso es sede social de una empresa que compra y vende material médico

Ante esto, el ministerio público solicitó explicaciones a González, que quiso demostrar su vinculación con esta sociedad de México alegando fotos con políticos de dicho país, como el secretario de salud, o varios billetes de avión y reservas de alojamientos por Airbnb. Unas visitas que "no sorprenden a la inspección" según el informe de la Agencia Tributaria, que conoce que Maxwell tiene proyectos en este país de Latinoamérica, entre ellos con Quirón, firma a la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso beneficia con sus políticas privatizadoras en la Comunidad de Madrid. Pero Haacienda solicita a las autoridades fiscales del país en octubre de 2022 los contratos entre la empresa de González y la mexicana.

Meses más tarde, en abril de 2023, contestan una primera vez asegurando que por el momento no habían encontrado operaciones comerciales entre ambas, mientras cinco meses después, en octubre del pasado 2023, aseguran que no expidieron facturas tras una "exhaustiva búsqueda". Esto fue reconocido por el propio González por escrito. "Esta factura la emite MKE pasadas unas semanas de las reuniones que se organizaron en México y donde se presentó el proyecto de colaboración entre ambas empresas, como anticipo a los proyectos que se iban a desarrollar en el muy corto plazo. No se realiza el pago inmediato, puesto que no existía un proyecto cerrado y se esperó un periodo prudencial para ver si estos finalmente se materializaban", justificó.

Así, al no haber acuerdo, Hacienda entiende que la factura de más de 600.000 euros no es procedente. "¿Por qué se emite una factura apenas unos días después de firmar el acuerdo y sin un proyecto concreto?, ¿cómo se fija el importe de la factura cuando en el contrato se acuerda retribuciones variables?, ¿por qué se anula cuando se solicitan las explicaciones por parte de la inspección fiscal?", se pregunta antes de colocar el foco en un presunto representante de MKE, Maximiliano Eduardo Niederer González, un empresario mexicano que reside en España desde hace cuatro años. El 24 de abril de 2023 los agentes se entrevistan con él, que negó ser representante ni haber firmado algún acuerdo en su nombre. 

Otra factura de 922.500 euros

La historia se complica hasta ser "bastante rocambolesca", tal y como reconoce Hacienda en su informe. Y es que unos días después de hablar con Niederer, este reconoce haber hablado con el novio de Ayuso y se desdice de sus argumentos. "Era de esperar porque, como reconoce, venía preparado para que le preguntáramos por Gayani LTD -otra de sus empresas, en este caso de Costa de Marfil-, pero sin duda le pilló por sorpresa que le preguntásemos por su intervención en MKE Manufacturing", dice el ministerio público después de que este empresario reconociera que se prestó a un contrato en nombre de esta para un contrato comercial que "nunca" llegó a ver ni firmar

Niederer es también responsable de la mayor factura que Maxwell pretendía deducirse, por valor 922.582 euros y emitida el 1 de octubre de 2021 como socio de Gayani Ltd. González se alía con esta compañía para que le ayude a ganar un concurso público de dos millones de vacunas contra el covid, pero el objeto social de Gayani consiste en la compraventa de cacao y café, además de electrificación urbana y rural. Al mismo tiempo que González contrata con Gayani, hace lo propio con otras tres: una empresa vasca, DBT, una gallega, Mape, y una andaluza, Tec Pharma. Unas conexiones que González no sabe explicar y utiliza "mucha palabrería", según Hacienda. Pero lo que sí hace es intentar demostrar que esta factura no es falsa alegando pruebas de un viaje junto a Nieder a Abidjan, la capital de Costa de Marfil, entre el 31 de mayo y el 3 de junio. 

Relacionado Babia, Ayuso y el misterio de cómo comprar al contado un piso de 1 millón facturando sólo 91.000 euros

Tres colaboradores sevillanos

Mientras tenía una colaboración con este empresario mexicano también tuvo otra con tres colaboradores sevillanos, concretamente de Arahal, a los que sí pagó, a diferencia con Niederer. Eso sí, los inspectores comprueban que tras los pagos a través de ingresos bancarios se produce una salida de efectivo, una práctica que tildan de "muy común en empresas que se dedican a emitir facturas falsas que los fondos sean retirados el mismo día, que suelen retornar en todo o en parte al pagador". Además, Hacienda pudo comprobar que las sociedades que habían facturado a Maxwell tenían su domicilio en las casas donde residían estos supuestos empresarios con objetos sociales tan variopintos como actividades inmobiliarias, impresión de periódicos o manufacturas.

Cabe destacar que Maxwell reclutó a estos empresarios para hacer trabajos de consultoría en Quirón Prevención en ámbitos como certificados de calidad ISO, planes medioambientales, búsqueda de locales o planes de limpieza y acceso a obras. Pero ninguno de los tres sevillanos cuenta con cualificación para estas tareas. "Yo qué voy a conocer a ese hombre. Lo que me hacía falta. Pensaba que Ayuso estaba soltera", relató uno de ellos a El País hace unos días. Para justificar su motivación para contratarles, Hacienda considera que González da explicaciones "farragosas" y que no aporta datos útiles, "y mucho menos las pruebas objetivas, que permitieran verificar la realidad de las explicaciones dadas o de los trabajos y servicios contratados y prestados por las mercantiles".

"Resulta llamativo las explicaciones dadas por el tributario. En el momento en el que se requiere la justificación de los trabajos y los contratos, cierra el asunto sin aportar documentación alguna, limitándose a dar explicaciones en un escrito que resultan ser meras manifestaciones sin posible contraste por la inspección", asegura Hacienda, que concluye que la finalidad de estas facturas falsas es que González reduzca su carga fiscal. Con todo, la pareja de Ayuso solicitó una ampliación del plazo para emitir una nueva alegación y envió un nuevo escrito a finales de 2023 en el que asegura que en "ningún momento" ha actuado "guiado por una voluntad defraudatoria frente a la Hacienda pública". Algo que en las últimas horas la Agencia Tributaria ha sentenciado como todo lo contrario.

 

Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes