El presunto fraude de al menos 350.000 euros por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, no obedece a un “mero error”, sino a una conducta “consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”. Así lo concluye el servicio jurídico regional de la Agencia Tributaria tras más de un año de trabajo, por lo que considera “oportuno y procedente, a efectos de investigar el fraude”, poner los hechos “en conocimiento del ministerio fiscal”.
El Ministerio Público remitió el pasado 23 de enero un escrito de denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid, que abrió diligencias de investigación penal que acabaron poco menos de un mes después, el 13 de febrero, con la presentación de una demanda en la que se acusa a la pareja sentimental de la presidenta de dos delitos fiscales y un tercero de falsedad documental; formando parte los tres de todo un entramado de empresas pantalla y documentos falsos a través del cual el compañero de la líder regional intentó evitar el pago de impuestos.
Un sinfín de facturas falsas y servicios ficticios
El informe de la Agencia Tributaria es muy clarividente y muestra cómo González Amador intentó deducirse “gastos irreales y ficticios” a través de “facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados por los emisores de las facturas, debiendo considerarse por ello falsas o falsedades”. El entrecomillado se refiere concretamente a la declaración del impuesto de sociedades que el novio de Ayuso realizó con una de sus compañías, Maxwell Cremona. A partir de aquí, son varias las modalidades de fraude que aparecen en el texto y que presuntamente habría llevado a cabo el protagonista de los últimos días.
Una de esas deducciones falsas pasa por la cantidad de 620.000 euros que aparecen en una factura por unos servicios que le habría prestado la firma MKE en concepto de comisión de venta de mercancías. Sin embargo, en el contrato no aparece ni mercancía concreta, ni servicios, ni el porcentaje pagado. Dos conclusiones se desprenden de esta primera presunta estafa, una de ellas reconocida por el propio González -que dicha factura “no se pagó nunca”- y la otra que se desprende del informe: que los servicios jamás se llegaron a prestar.
Hacienda pone el foco asimismo sobre una factura de 922.000 euros a favor de Gayani para deducirse gastos. Se trata de una sociedad de Costa de Marfil que el novio de Ayuso había contratado a fecha 1 de junio para intermediar en la venta de vacunas. González justificó que pagó el montante por la venta de mascarillas a las autoridades sanitarias del país africano, pero la Agencia Tributaria se encontró con “justificaciones contradictorias e inverosímiles”, habida cuenta de que las vacunas “nunca se vendieron” y la comisión “no se pagó”, según reconoció la empresa de la pareja de la responsable de Sol.
El Ministerio Público hace alusión también a la emisión de facturas falsas a sociedades de personas residentes en Arahal (Sevilla). En concreto, los servicios jurídicos desgranan una serie de facturas por valor de 178.000 euros para deducirse gastos en cinco sociedades vinculadas a tres personas residentes en esta localidad. Cabe destacar, como señaló ElPlural.com, que una de las otras cuatro personas que aparecen en el caso del novio de Ayuso es un miembro del PP andaluz con relaciones familiares con al partido conservador de Sevilla. Tan estrecha es su relación que llegó a ir como número 11 por los populares en la localidad de la ciudad hispalense en los comicios del pasado 26 de mayo.
En otro orden de cosas, el delito contable que se puede desprender de los hechos “queda absorbido por el delito fiscal” a pesar de que la Agencia Tributaria apunta a un delito contable “por anotaciones ficticias en sus libros, superando los apuntes omitidos o falseados la cantidad de 240.000 euros por el ejercicio”. Por otro lado, en el apartado de falsedad documental, el estudio evidencia, respecto a las facturas emitidas, que el documento “es falso”, falta a la verdad “en toda su extensión” y “narra hechos totalmente inveraces”. Por todo ello, el Ministerio Público apostilla que las actuaciones de González Amador se encuentran dentro de un “delito continuado al tratarse de facturas elaboradas en función de un plan preconcebido”.
El presunto fraude llevado a cabo por el novio de Isabel Díaz Ayuso encuentra su origen en el papel de éste como intermediario entre dos compañías para la venta de material sanitario durante la pandemia; pero hay mucho más, tal y como ha ido contando este medio: un piso en Chamberí de casi un millón de euros, la conexión leonesa o los vínculos con una parte importante de la geografía -desde Panamá hasta Costa de Marfil o Florida- son otros aspectos que se desprenden del caso y a los que hay que atender.
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