La portavoz de Hacienda y Política Local socialista en el Parlamento Gallego, Begoña Rodríguez Rumbo, preguntó este martes en la Comisión 7ª de la Cámara gallega al director general de Desenvolvimiento Rural de la Xunta, Miguel Pérez Dubois, sobre el reparto de aproximadamente 2,7 millones de euros de ayudas del Plan de Infraestructuras Rurales (PIR). La responsable del PSdeG, ante la falta de transparencia, ha interpelado por la convocatoria pública para adjudicar estas subvenciones, además de los criterios que se han utilizado para la concesión, junto a la relación de los ayuntamientos a los que se han distribuido y el objeto de las obras.
En su comparecencia Dubois,confirmó que, el pasado 6 de septiembre, se activó el PIR para la ejecución de diferentes obras que se caracterizan por ser urgentes. Al mismo tiempo apeló al artículo 19 de la ley 9/2007 del 13 de junio, que dictamina que para otorgar subvenciones no es necesaria la concurrencia pública. Pero la sorpresa ha llegado con los procedimientos de solicitud para los ayuntamientos, al afirmar que “las puertas de la Consellería están abiertas para cualquier ayuntamiento que quiera solicitar la subvención”. Es decir, que el departamento de Medio Rural parece haberse convertido en una suerte de santuario a donde los alcaldes peregrinan para hacer peticiones. El responsable del Gobierno autonómico tampoco ha querido exponer los criterios que se utilizan para el reparto, ciñéndose a la “necesidad y a la urgencia”.
Subvenciones sin convocatoria pública aprobadas en el Consejo de Gobierno de la Xunta
El pasado 6 de septiembre, la Xunta de Galicia hacía pública la adjudicación de casi 2,7 millones de euros aprobados en el Consejo de Gobierno. Con estos fondos se beneficia a un total de 65 ayuntamientos, para obras de infraestructuras rurales que requieren urgencia y necesidad. En el comunicado de prensa del Gobierno gallego se especifica que se han firmado 46 convenios, ya que requieren de la aprobación de este organismo por ser bianuales, es decir, se desarrollan durante los ejercicios del 2018 y del 2019. Mientras que los 19 conciertos restantes no precisan de este permiso expreso, al ser ejecutados íntegramente durante este año. De esta manera, el importe total aprobado para estos 46 ayuntamientos es de 2.237.189,42 millones de euros y más de 437.000 euros son para los 19 consistorios restantes.
En declaraciones a este medio la socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, ha afirmado que “a pesar de que el responsable de Desenvolvimiento Rural, ha leído en la Comisión la relación de los ayuntamientos agraciados y, además, me ha dicho que me proporcionaría el listado, al finalizar me ha emplazado a que me lo facilitaría en otro momento. De hecho, desde que se han aprobado el pasado día 6 de septiembre, matiza la diputada, sigue sin hacerse público el listado”.
Además, Rodríguez Rumbo añade que “el Gobierno de Feijóo, en estos momentos, está vulnerando su propia ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en el 2016, por la que se compromete a hacer públicas todas las subvenciones. A veces tardan medio año y han llegado a tardar un año".
Para finalizar, la parlamentaria, ha categorizado que “la gestión que hacen de la ley de Transparencia, difiere bastante de este concepto. Nos hemos enterado por un comunicado a medios que las subvenciones del Plan de Infraestructuras Rurales de Galicia son aprobados en el Consejo de Gobierno de la Xunta". Esto ha sido así, enfatiza Rumbo, porque “la ley les obliga a que sean aprobados los planes bianuales por este órgano de Gobierno, porque si no, ni siquiera nos hubiésemos enterado". Por otra parte, termina Begoña Rodríguez, no “es muy transparente decir que los alcaldes tienen que ir a los despachos para formular su petición. Presuponemos que con un plan que es urgente y necesario, ya que las solicitudes tampoco las conocemos”.
