Apaguen (y cobren) al salir. El adelanto electoral para el 23 de julio anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pillado con el pie cambiado a mucha gente. No solo al Partido Popular, que ha manifestado su malestar por este movimiento político tras su victoria en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y a los socios de la coalición, que se dividen entre el desconcierto, la esperanza y la cuenta atrás para crear nuevas alianzas, como Sumar y Unidas Podemos. Y es que uno de los grandes damnificados por este cambio de fecha para la cita con las urnas, que en principio iba a ser en el mes de diciembre, es el colectivo de los parlamentarios del Congreso y el Senado. Estos, al igual que los partidos que conforman las Cortes, daban por hecho que quedaba un largo camino por recorrer de seis meses para replantearse su futuro, pero este órdago del líder del PSOE ha acelerado los tiempos. Sin embargo, estos no se quedan sin colchón ya que tanto los diputados como los senadores tienen derecho a un finiquito en calidad de indemnización por cese de actividad.

¿Cobran finiquito los diputados y senadores?

A las 00:00 horas de este martes todos los representantes que hasta ahora eran parte de los grupos del Congreso y del Senado han dejado de serlo de facto tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de elecciones para el 23 de julio y, por lo tanto, la disolución efectiva de las Cortes. Sin embargo, y a pesar de quedarse sin empleo hasta la nueva conformación de Gobierno -en el caso de volver a formar parte de las listas- o para siempre en estas instituciones democráticas, no se quedan con una mano delante y otra detrás ya que todos los que han estado en esta legislatura tienen derecho a una indeminación de transición. En concreto, se trata de más de 350 parlamentarios en total entre ambas instituciones que podrán solicitar un finiquito por cese de actividad en el que ha sido su puesto de trabajo hasta este 30 de mayo.

En este contexto, este mismo miércoles la Mesa de la Diputación Permanente del Senado y en los próximos días la del Congreso -dos únicos organismos que siguen vigente en una suerte de ejercicio en funciones- tienen previsto reunirse para estudiar los términos de lo que conlleva la disolución de las Cortes, entre otras cosas la indemnización. Cabe destacar que únicamente podrán acceder a ella todos aquellos políticos electos en las pasadas elecciones generales que no forman parte precisamente de las correspondientes diputaciones permanentes. De esta forma, solo tienen derecho 212 diputados y unos 150 senadores a esta liquidación.

Corresponde a la retribución que cobrarían sus señorías de seguir en activo durante los 52 días que median entre la disolución y el día de reflexión, es decir, incluye la denominada retribución constitucional -de 3.126,89 euros-, la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria -unos 958,75 euros para los que tienen residencia en Madrid y 2.008,61 para los de fuera de la comunidad-, y también los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en la Cámara Alta y en la Baja. Además, este finiquito, que los potenciales beneficiarios han de solicitar expresamente, es incompatible con cualquier otro ingreso, se abona en un solo pago y también tributa a Hacienda.

¿Cuánto perciben de 'paro'?

En cuanto a las cantidades, ese pago único podría oscilar entre los 6.800 euros de los diputados de base de Madrid hasta los 9.000 euros de parlamentarios de otras circunscripciones con algún cargo en el Congreso de los Diputados y de entre los 6.400 euros de los senadores de base de Madrid hasta los 7.500 euros de parlamentarios de otras circunscripciones con algún cargo en el Senado. Una vez se ha publicado este martes el decreto de disolución del Congreso solo mantendrán la condición de diputados los 137 que integran la Diputación Permanente, ya sea como miembros titulares o como suplentes, de los 350 escaños totales que tiene la Cámara Baja. Unidas Podemos nunca ocupó el que dejó vacante su exdiputado Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

Así, este paro será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en más de 3.100 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario. Ahora los miembros de la Diputación Permanente continuarán siendo diputados hasta que se constituye el nuevo Congreso, lo que tendrá que suceder en los 25 días posteriores a la votación. Es decir, como muy tarde el 17 de agosto, tal y como ha confirmado ya el Consejo de Ministros tras publicar el decreto de disolución y los tiempos que se manejan. La campaña electoral comenzará el día de San Fermín.

Una vez celebradas las elecciones, los diputados que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir una indemnización por cese. Eso sí, siempre y cuando que hayan estado ocupando un cargo en el Parlamento un mínimo de dos años. Además, tras la publicación este martes de la disolución, solo mantienen su condición de senadores los 73 miembros de la Diputación Permanente: los cinco de la Mesa, 32 titulares y 36 suplentes. Cabe destacar que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es uno de los miembros del Grupo Popular en esta Diputación Permanente y por tanto mantiene su condición de senador. No es diputado, al menos hasta que concurra a los comicios generales y salga elegido como cabeza de lista.