El Tribunal Constitucional (TC) aparca los temas considerados políticamente sensibles hasta nueva orden. Concretamente, y según se prevé, hasta que pasen las elecciones del 28 de mayo. Se trata de un normal no escrita dentro de los tribunales mediante la que se aconseja no incurrir durante las semanas previas a los comicios en asuntos que puedan interferir en los mismos.

A partir de aquí, el órgano de Cándido Conde-Pumpido va a dejar a un lado por el momento cuestiones tales como los dos recursos de amparo presentados por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra las resoluciones que derivaron en su salida del Congreso de los Diputados en octubre de 2021 o el recurso presentado por el PP contra la reforma que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevar a cabo nombramientos.

Siguiendo con los tiempos estimados de un año marcado por las citas del próximo mes de mayo primero y finales de 2023 después, cuando previsiblemente se celebrarán las elecciones generales, está estipulado que sea de cara al mes de junio cuando se condense la deliberación de los recursos, a los que se suma la nueva revisión sobre el aborto por el recurso presentado contra la actual normativa y después de que el Constitucional avalara el documento del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Alberto Rodríguez

En lo que respecta a la primera cuestión, sobre la mesa de los jueces se mantiene el doble recurso que presentó Rodríguez después de perder el escaño parlamentario tras ser condenado por parte del Supremo debido a un atentado a la autoridad. El diputado canario recurrió la decisión y también la de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

Hace seis meses, la sala de lo contencioso administrativo ratificaba la interpretación que hizo la máxima responsable de la Cámara Baja para forzar la retirada del escaño al entonces dirigente de Podemos, quien fuera condenado por delitos contra la administración pública por unos hechos cometidos antes de la entrada en vigor de la reforma legal. De ese modo, los magistrados ratificaban la decisión del Tribunal de Justicia de Andalucía que falló que el entonces alcalde de la localidad malagueña de Benamocarra debía dejar el cargo al ser condenado por los delitos que ya se han apuntado.

Desde hace cosa de año y medio Unidas Podemos cuenta con un representante -ahora en un nuevo proyecto bajo las siglas Drago, incorporado a la alianza de partidos de Errejón- menos en el Congreso y, en consecuencia, una persona menos para afrontar las votaciones, algo que en ocasiones ha estado a punto de provocar un problema teniendo en cuenta que hay textos que han salido adelante en las Cortes de manera más ajustada.

La decisión que le concierne al TC tiene que ver con las consecuencias de la condena para señalar qué ocurre con el asiento que, ahora mismo, no pertenece a nadie. En otro orden de cosas, la sentencia le imponía une pena de un mes y 15 días de cárcel que fueron sustituidos por una multa de 90 días, una indemnización al agente presuntamente agredido y el pago de la mitad de los costes del procedimiento judicial.

Recurso del PP a la limitación del CGPJ

En lo que respecta al recurso planteado por los populares en relación a la limitación de funciones del CGPJ, el tribunal protagonista de estas líneas podría dejar para después del verano el pronunciamiento pese a que fue en 2021 cuando admitió los recursos. El escenario judicial no se antoja sencillo habida cuenta de los problemas derivados de aquel bloqueo del PP a la renovación del Consejo y de la reforma legal señalada en estas últimas líneas.

Los hechos primeros sobre la cuestión que concierne se remonta a marzo de ese año, cuando el Senado daba el paso definitivo para aprobar la reforma que limitaba al CGPJ en funciones con 150 votos a favor, 108 en contra y tres abstenciones a la proposición no de ley de PSOE y Unidas Podemos mientras que la renovación del órgano de gobierno de los jueces seguía bloqueado y caducado, por aquel entonces, desde hacía más de dos años debido al veto que el PP mantendría en la era Feijóo.  

Cabe destacar que pese al desbloqueo del TC el pasado mes de diciembre, con el que se nombraba al conservador César Tolosa y a la progresista María Luisa Segoviano como nuevos magistrados, el CGJP mantiene como tarea pendiente desencallar la renovación del propio órgano, cuyos vocales llevan en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. En contraposición a todo lo señalado hasta este momento, el TC sí que avala la ley de eutanasia y la de Educación o ley Celáa, dos normas claves para el Ejecutivo de coalición.