El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por mayoría la sentencia propuesta por el magistrado Ricardo Enríquez sobre el recurso de Vox de 2021 contra la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida como 'ley Celaá', aprobada en 2019, porque respaldaba la norma salvo en dos cuestiones -el rechazo a la segregación del alumnado por sexos y en centro de educación especial-, encargando al ponente que elabore un nuevo borrador que avale sin fisuras la ley, según ha informado este jueves la Corte de Garantías.

Vox impugnó lo que consideraba "la parte más sectaria de la ley", la que guarda relación, según ellos, con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular.

Enríquez proponía declarar constitucional la Ley Orgánica de Educación de 2020, excepto los artículos que recogen que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género"; y que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado".

Ese aval parcial incluía la parte de la norma que señala que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable".

Ha sido ahora, al avalarse la decisión del Constitucional, cuando Enríquez ha accedido a redactar una nueva que recoja el sentir de la nueva mayoría progresista del TC (de siete magistrados frente a cuatro), lo que se traduce en declarar la constitucionalidad de toda la 'ley Celaá'. Una vez confeccionado este segundo borrador, tendrá que someterse otra vez al examen del TC, algo que se espera que suceda en las próximas semanas.

Esta decisión se suma también a la se conocía este miércoles, de dar luz verde a la ley de eutanasia, por el que también el tribunal rechazó el recurso presentado por el partido de Santiago Abascal. 

Voto particular de Enríquez

Cabe destacar que la ponencia se ha rechazado por seis votos: los de la mayoría progresista menos el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien se abstuvo de la deliberación sobre este recurso de Vox. De este modo, se ha encontrado únicamente con el apoyo de los cuatro magistrados del bloque conservador.

De acuerdo con las citadas fuentes, el debate ha girado únicamente en torno a las dos tachas formuladas por Enríquez, sin entrar a cuestionar el resto de la ponencia, que se espera que conserve su redacción actual.

El punto que mayor discusión ha generado ha sido el tocante a la segregación por sexos, aunque no para determinar si es constitucional, puesto que sobre eso ya se pronunció el TC en 2018 avalando la separación entre alumnos y alumnas, sino para fijar si el legislador tiene potestad para quitar las ayudas públicas a los centros que hagan esa diferencia, un margen de actuación que la mayoría del tribunal ve constitucional.

El otro 'pero' de Enríquez, que ha encontrado el respaldo de sus otros tres compañeros conservadores, se debía a que, a su juicio, la 'ley Celaá' no tenía suficientemente en cuenta la opinión de las familias que tiene hijos con discapacidad y prefieren llevarlos a centros de educación especial. No obstante, el Pleno ha defendido que la norma educativa apueste por eludir también este tipo de segregación.

Así las cosas, Enríquez modificará su texto para cambiar radicalmente esos dos puntos, aunque ha avanzado al resto de magistrados del trinunal que formulará un voto particular en el que sellará su discrepancia al respecto.