El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de suspenderle como parlamentario el pasado 22 de octubre tras la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por pegar a un policía en 2014.
La defensa de Rodríguez pide la "urgente suspensión cautelar" de la retirada del acta, que considera "una decisión unilateral, infundada y, por ende, arbitraria" de la presidenta del Congreso, y acusa a Meritxell Batet de haber "vulnerado" hasta siete derechos fundamentales del exdiputado de Unidas Podemos, así como los de los 64.000 votantes canarios que le eligieron como diputado por Santa Cruz de Tenerife. Según las alegaciones del recurso, que adelanta Eldiario.es, "se inventó una causa, no prevista en la Ley, para privar de su escaño" a Rodríguez.
Los abogados del exdiputado de Podemos, Isabel Elbal y Gonzalo Boye, consideran que los preceptos constitucionales "infringidos" por Batet con su decisión de suspender al exdiputado "son, por un lado, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 9.3, 14, 16, 21, 23, 24 y 25 de la Constitución", varios preceptos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como, "entre otros, los artículos 12, 49, 50 y 54 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea".
Una decisión "arbitraria"
La defensa cree que la decisión de Batet "es fruto de una gran arbitrariedad" y se adoptó "sin ninguna motivación, más allá de decir que se basa en la propia sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo", que le condenó a 45 días de prisión y la prohibición de ejercer el sufragio pasivo durante ese periodo, aunque la pena fue sustituida por una multa de 540 euros que fue satisfecha por el exdiputado nada más conocer la sentencia.
La retirada del escaño a Rodríguez es, según sus abogados, una nueva pena, no prevista en la ley ni prevista en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo", que "es claramente mucho más lesiva que la impuesta" por el Supremo, "tanto en sus efectos como en su duración". La resolución de la presidenta del Congreso se adoptó, a juicio de los abogados, "sin seguir ningún tipo de procedimiento previamente establecido y por quien no tiene competencias para ello".
El texto señala que la decisión de Batet no está en concordancia con el primer informe emitido por los letrados del Congreso, de fecha 18 de octubre de 2021, que consideró que Rodríguez podía mantener el acta pese a la condena. "La resolución se adopta sin el apoyo de ningún otro informe ni consejo y sin motivar las razones por las que se aparta del único informe con el que contaba, que no es otro que el de fecha 18 de octubre", concluye. Para la defensa, la aparición de un escrito firmado por el Secretario General de las Cortes tres días después de que se conociera la retirada del escaño, que sí avalaba la suspensión del diputado, "no supone base jurídica de dicha resolución, dado que se efectúa y se registra después de adoptada la resolución, pareciendo más una coartada" de Batet "que un informe jurídico".
"La pena quedó irreversiblemente sustituida por la multa"
Los letrados consideran que la presidenta del Congreso, "como jurista que es, bien debía conocer" que cuando se sustituye una condena de cárcel por una multa "la pena de prisión queda definitiva e irreversiblemente sustituida", por lo que "no existe ningún tipo de base" para retirarle el escaño. "La pena de prisión nunca llegó a nacer porque, como ya tiene establecido el Tribunal Supremo en materia de sustitución de penas", la condena "queda definitiva e irreversiblemente sustituida". El recurso recuerda, además, que el ordenamiento jurídico español "no prevé que se ejecute la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, mediante la privación del escaño".
Los del exdiputado del Congreso solicitan al Constitucional que deje sin efecto de forma "urgente" y cautelar la suspensión como diputado de Rodríguez, que dejó la política tras la decisión de Batet y regresó a su puesto de trabajo en una fábrica.
