Vox pide este martes en el Congreso de los Diputados la ilegalización de los partidos independentistas y recuperar el delito de sedición. La proposición de ley contempla la prohibición de formaciones soberanistas, los referendos con fines contrarios a la unidad de España y castigar el uso de símbolos separatistas. También pretende, tal y como se ha señalado, recuperar el delito de sedición y subir el castigo por contactar con potencias extranjeras para perjudicar al país. 

La portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, ha estimado por la mañana que Sánchez pretende sacar una ley "a la medida de un golpista" y para "beneficiar a los independentistas". "Después buscará beneficiar a los presos etarras (...)  A todos menos a los españoles que seguimos padeciendo las nefastas políticas de este Gobierno", ha incluido.

Para la formación de extrema derecha, partidos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts o Bildu representan a un problema “especialmente grave” al tratarse de minorías parlamentarias capaces de “condicionar” las políticas de Estado, las leyes presupuestarias e incluso la formación de gobiernos en un escenario donde los pactos con estos partidos se convierten en algo fundamental para poder lograr los apoyos necesarios en la Cámara Baja.

El partido de Santiago Abascal registró en el Congreso la propuesta el pasado mes de noviembre con el pretexto de “garantizar y proteger” la soberanía y la integridad de España ante los “ataques” del Ejecutivo de Pedro Sánchez y los partidos soberanistas, que “constituyen” todos ellos y a juicio del grupo de ultraderecha, una “amenaza de primera magnitud” para la cohesión nacional.

Que no puedan presentarse a las elecciones

La iniciativa pasa por modificar la Ley de Partidos Políticos para que solamente puedan presentarse a las elecciones y operar en España partidos que respeten la unidad y la soberanía del país, sin que pretendan atentar contra la integridad territorial. Los partidos que no cumplan con ello podrán considerarse ilegales o entrar en proceso de disolución.

La modificación que pretende Vox no solamente atañe a los partidos políticos, sino también a las marcas sucesoras de las formaciones para que estas no puedan presentar candidaturas ni continuar la actividad que les es imposible desempeñar a los partidos que han sido ilegalizados.

Prisión por la convocatoria de referéndums

Pero la propuesta de la extrema derecha va incluso más allá de las formaciones políticas y de las marcas sucesoras. En concreto, los de Abascal reclaman la ilegalización de cualquier referéndum ilegal o votación fuera de la Constitución y habla incluso de prisión para quienes promuevan estos actos, independientemente de que pertenezcan a unas siglas o sea una autoridad o funcionario que, careciendo de competencias, promueva o autorice este tipo de convocatorias. Las penas que contempla la ultraderecha pasan por entre tres y cinco años de prisión y la inhabilitación absoluta de la persona por un periodo de entre tres y ocho años.

La cárcel también queda contemplada -en este caso con penas de hasta ocho años- para cualquier relación con gobiernos extranjeros que perjudique a los intereses o a la dignidad del país, entendiendo como tal, por ejemplo, los presuntos contactos entre Rusia y Carles Puigdemont.

Recuperar el delito de sedición

Además, el cambio que plantea la extrema derecha contempla la recuperación del delito de sedición que se aplicó a los líderes del procés y cuya eliminación quedó rubricada hace ya más de un año tras el pacto PSOE-ERC. Con aquel acuerdo -la Ley Orgánica 14/2022 - quedaron redefinidas las conductas castigadas por este delito

Los de Santiago Abascal plantearon ya una normativa en esta línea en enero de 2020, cuando registró un texto que pasó el primer filtro de la Mesa del Congreso pero que quedó aislado en debate del hemiciclo, ya que únicamente la extrema derecha votó a favor.

El PP votó contra Vox en noviembre y se hizo un lío en enero

Hace unos meses, ya en noviembre de 2023, Vox intentó sacar adelante en el Senado una moción para ilegalizar a ERC y a Junts bajo la explicación de que ponían en riesgo la "supervivencia de la nación española, el ordenamiento jurídico y la convivencia e igualdad entre españoles" y con el argumento de que estos dos partidos "vulneran los principios democráticos" e "incurren de forma grave en el apoyo político expreso al terrorismo".

Aquella moción encontró el rechazo de la derecha de Alberto Núñez Feijóo quien, por otra parte, se enredó asimismo con la disolución de partidos que promovieran declaraciones de independencia o un referéndum ilegal, llevándose en consecuencia las críticas de la izquierda, de voces internas y de Vox, que pidió en paralelo crar un delito que contemplase a quienes "negocian con personas condenadas o procesadas judicialmente"