El magistrado instructor del Caso Voloh, Joaquín Aguirre, ha concedido una entrevista a la televisión pública alemana sobre este procedimiento, que investiga el desvío de fondos para financiar el independentismo, así como los vínculos del entonces presidente catalán Carles Puigdemont con Rusia. Lo que en otros países es de lo más habitual, en España es una rareza digna de estudio el hecho de que un juez conceda declaraciones a un medio de comunicación sobre un caso que está abierto. Pero si extraño es que hablen, mucho más lo es que se posicione sobre el mismo.

Aguirre les explicó a los periodistas del canal de televisión ARD1 que existe “influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Cataluña”. Pero además, el juez también ha dicho que, “apoyando el proceso de independencia con la finalidad de que Rusia desestabilizara primero la democracia española y abriendo la puerta trasera a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa occidental”, una de las líneas centrales de sus tesis jurídicas: que Rusia quería utilizar a Puigdemont y su entorno para desestabilizar a la Unión Europea.

Cabreo del abogado de Puigdemont

Pese a que el juez habla muy poco tiempo en el reportaje realizado por los periodistas alemanes, su mera presencia en una televisión ha enfadado, y mucho, al letrado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y del investigado en esa causa Voloh, el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluis Alay. De hecho, Gonzalo Boye, en un claro ejemplo de sarcasmo procesal, se atrevía incluso a escribir en alemán parte de su recurso al juzgado de Aguirre.

Decía el letrado este martes en un escrito contra la prórroga de la instrucción que, “ahora que el titular de este Juzgado se dedica a dar entrevistas a la televisión alemana1, sobre el presente procedimiento, creemos que resulta más útil transcribir la norma de referencia a dicho idioma para facilitar tanto al Juzgado como a los medios alemanes la desviación que representa prorrogar una instrucción que finalizó por el dictado, por el propio juez, del auto de transformación en procedimiento abreviado, hecho que sucedió hace casi un año".

Y añadía: "Obviamente, la concesión de la entrevista a la televisión alemana, y el contenido de la misma, será objeto de planteamiento separado, pero, desde ya se anuncia el deber de abstención del titular de este Juzgado ante lo inaudito que resulta que un juez conceda entrevistas y hable, sin tapujos, sobre un caso del que está conociendo".

Boye transcribe el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero en alemán. Así, se puede leer: "Die gerichtliche Untersuchung wird innerhalb einer Frist von höchstens zwölf Monaten nach Einleitung des Verfahrens durchgeführt. Stellt sich vor Ablauf der Frist heraus, dass die Ermittlungen nicht abgeschlossen werden können, kann der Richter von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei nach Anhörung der Parteien die Frist mehrmals um höchstens sechs Monate verlängern. Die Verlängerungen erfolgen durch einen Beschluss, in dem die Gründe, die den fristgerechten Abschluss der Untersuchung verhindert haben, sowie die zu treffenden spezifischen Maßnahmen und ihre Bedeutung für die Untersuchung angegeben werden. Gegebenenfalls wird auch die Ablehnung der Fristverlängerung durch eine begründete Entscheidung beschlossen".

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