El Partido Popular nos tiene acostumbrados a la técnica del sí pero no. Según publica este sábado El Confidencial, en Genóva reconocen que su plan para "disolver" partidos políticos "fue un error", además de señalar que "no tiene sentido" lo propuesto. La recogida de cable en las filas del PP nace tras las críticas, no solo del exterior, sino dentro de sus filas. De hecho, desde algunas delegaciones territoriales se vio "con recelo el riesgo de desviar el foco de la clave de bóveda de su oposición: la ley de amnistía y el conjunto de cesiones al independentismo, ahora eclipsada por el enredo en la entrega de las competencias de inmigración a la Generalitat", señala el digital.

Las críticas internas contra Alberto Núñez Feijóo son duras y hay quien no ha dudado a la hora de señalar al gallego por su error: "Fue un lío, se explicó mal y, encima, no nos lleva a ninguna parte", señala un miembro del comité de dirección del partido a El Confidencial.

El pasado 9 de enero, Feijóo protagonizó una infame rueda de prensa en la que defendió que su partido estaba abierto a la posibilidad de ilegalizar partidos. Y lo hizo excusándose en el derecho y defendiendo "fortalecer al Estado" y la "democracia". Días antes, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, anunció que la formación conservadora contemplaba la "disolución" de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional.

Ante la radicalización del PP por seguir la estela de Vox, el PSOE y todos sus socios de investidura dejaron claro el pasado miércoles su rechazado a las enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas por el PP y Vox a la Ley de Amnistía en un debate que se convirtió en un chorreo de críticas a los 'populares' por haber cedido a las tesis de la ultradercha.

El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Artemi Rallo, restregó al PP su "grosera y obscena" deslealtad constitucional por los "1.863 días" que lleva bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial y le ha echado en cara que haya "comprado" a Vox la idea de "ilegalizar a millones de catalanes".

La propia Cuca Gamarra, secretaria general del PP, destacó la "oportunidad política y la solidez jurídica" de su texto alternativo a la Ley de Amnistía en el que apuestan por tipificar el delito de "deslealtad constitucional" con distintas penas, como la disolución de los partidos que promuevan referendos ilegales o proclamen la independencia. "No parece extraordinario, si se atenta contra el orden constitucional, que se pueda suspender o disolver a instancias de los jueces". 

Tan solo unos días después, el PP se echa atrás en sus pretensiones y reconocen que todo fue un error.