Isabel Díaz Ayuso lanzó su órdago y puso contra las cuerdas a Alberto Núñez Feijóo y, por ende, a su propio partido. El desafío de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin embargo, no ha obtenido el respaldo ni de la dirección nacional ni de las baronías, que han optado por acatar el plan de ahorro energético del Gobierno central. La lideresa sí ha encontrado complicidad -de manera indirecta- en la ultraderecha. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) es el único que ha recogido el guante de la estrategia judicial contra lo que ha calificado un “decretazo suicida”.

Tres días después de que Ayuso pusiera patas arriba la agenda política a las puertas de las vacaciones, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, manifestaba su oposición rotunda a lo que han bautizado como un “decretazo suicida”. El ultraderechista se puso a rebufo de la lideresa madrileña en la senda judicial que encabezó el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El martes, un “descorbatado” Enrique Ossorio proclamaba las intenciones del Gobierno madrileño. El portavoz de Ayuso deslizó que en las entrañas de la Puerta del Sol se estudia el cambio de escenario para la enésima cruzada contra la Administración de Pedro Sánchez. El popular engalanó su anuncio con una serie de advertencias de insumisión y descubrió sus intenciones para trasladar a la Justicia la afrenta política.

Horas antes de descubrir sus planes, en la tranquilidad de la noche del lunes, tras una intempestiva rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del curso, emergía de entre la oscuridad tuitera una desaparecida Ayuso. La baronesa conservadora sacudió las placas tectónicas del tablero político y cercenó la calma que prometía el recién nacido mes de agosto. “Por parte de la Comunidad de Madrid, no se aplicará el plan de ahorro energético”, pronunció, antes de culminar su particular levantamiento con un contundente “Madrid no se apaga”.

Seguidismo desde Vox

Las altas esferas ultraderechistas se han limitado a censurar el Real Decreto, pero ningún alto mando de Vox ha sugerido adoptar la senda del Tribunal Constitucional. Cabe indicar que la formación de extrema derecha cuenta con el suficiente peso en el Congreso de los Diputados para tirar de este cable -basta con 50 diputados para solicitar el amparo-, pero han optado por resucitar la estrategia implantada desde 2018 en Andalucía y que la mayoría de Juanma Moreno les ha arrebatado: valerse de su plataforma más potente y, a su vez, la más suculenta en clave electoral.

Con Madrid capitalizado por el poderío de Ayuso y tras el fracaso de Andalucía, a Vox le resta el comodín de Castilla y León. Desde el Gobierno de la Junta es precisamente desde donde ha iniciado su presión al Ejecutivo central. El vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, pedirá una reunión con el popular Alfonso Fernández Mañueco para combatir desde el Constitucional el “decretazo energético suicida”.

Gallardo, a través de un contundente comunicado de prensa, expresó el jueves su "oposición frontal" al paquete de medidas del Gobierno. Un "decretazo suicida" y una "nueva cacidada" de Sánchez que, a su juicio, deben desembocar en los tribunales. Por este motivo, el dirigente de Vox en Castilla y León ha urgido al presidente de la Junta a concretar una "reunión urgente" para sopesar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. 

 

A su juicio, Sánchez recurre a "lo único que sabe hacer". Es decir, ocultar su "incapacidad política" tras un "evidente recorte de libertades y derechos" a los ciudadanos. "Nos sigue condenando a la ruina con su fanatismo climático", prosiguió el vicepresidente castellano y leonés, quien subraya el carácter "suicida" del Real Decreto y que tiene "apariencia de ilegalidad". 

Génova aísla a Ayuso entre malabarismos

En clave conservadora, la presidenta madrileña, neutralizada en cierto modo tras el Congreso de Sevilla que encumbraría a Feijóo, se valió del plan de ahorro energético presentado por el Gobierno en su afán por confrontar con Pedro Sánchez. Encabezó la rebelión de los conservadores madrileños, obligando a todo el Partido Popular a sacar lustre a sus cinturas para contrarrestarla sin generar un nuevo cisma orgánico.

El tuit intempestivo de Ayuso pilló por sorpresa a Génova y a un Feijóo que aún no ha dicho ‘esta boca es mía’. El líder conservador se ha puesto de perfil ante la insurrección de su baronesa. Tan sólo Elías Bendodo, número tres del partido, ha dado la cara. Con una tibia respuesta, el ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía ha marcado la posición de Génova, aún reponiéndose del aldabonazo de la presidenta regional.

La dirección del partido intenta capear el temporal como puede. Por eso, Bendodo dice entender el “enfado” de Ayuso. Sin embargo, desde Génova evitan que el foco se sitúe sobre las medidas en sí, sino sobre la enésima “imposición” de Moncloa y no informar al principal partido de la oposición en busca de “consenso”. Todo ello, tras repetir hasta la saciedad que el PP “no es un partido monolítico”.

Conservadores de diferentes territorios valoraron el órdago de Ayuso, aunque no todos compraron su discurso. Tan solo la Región de Murcia, comandada por Fernando López Miras, se dejó seducir por el argumentario de la madrileña, no sin añadir el matiz de que lo estudiarán en cuanto lo comprueben. En Castilla-La Mancha, el PP dio un paso más y urgió a Emiliano García-Page a contagiarse de la “valentía” de la vecina y oponerse a una medida que “castiga” a los ciudadanos de la región.

Sin embargo, ni Andalucía ni Galicia han hecho seguidismo de Ayuso. Desde el entorno de Juanma Moreno se ha optado por un enfoque más apegado al argumentario de Génova. En una senda idéntica se ha mostrado Antonio Rueda, sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, desmarcándose así del levantamiento madrileño.