Enésimo pulso de Vox al Partido Popular. De nuevo, a cuenta de la migración. Los ultraderechistas, a través de su secretario general, Ignacio Garriga, han anunciado la paralización de las negociaciones presupuestarias con sus socios en todas las Comunidades Autónomas donde dependan del apoyo de la extrema derecha. Una jugada similar a la ruptura de los gobiernos regionales durante el mes de julio, cuando los conservadores entablaron conversaciones con el PSOE para la reforma de la Ley de Extranjería ante la tensión que se vivía en las Islas Canarias.
El motivo de este nuevo órdago es exactamente el mismo. Salieron de los gobiernos entonces, pero mantenían la mano tendida para negociar y sacar adelante las cuentas públicas de cada territorio. Ahora ya se acabó. Al menos por el momento. Garriga ha anunciado que todas sus sucursales han suspendido las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Castilla y León, toda vez que haya trascendido que los conservadores se han planteado sentarse de nuevo en la mesa de negociación con el PSOE sobre políticas migratorias.
Como era de prever, Vox se quedará fuera de estas mesas motu proprio. Lo verbalizan y airean con orgullo, con su clásico tono anti establishment. “Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden” tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El secretario general de la fuerza que comanda Santiago Abascal ha insistido en que si los conservadores -es decir, sus socios- “quieren seguir impulsando las políticas del PSOE”, deben de “negociar los presupuestos con ellos”. “A Vox no le va a temblar el pulso”, insistía el líder de los ultras en el Parlament de Catalunya, aprovechando una visita para denunciar un supuesto auge de la inseguridad en el barrio de Besòs-Maresme.
Acercamiento al PSOE
Este jueves, PP y el PSOE se reunirán con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para intentar desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería, que sigue poniendo en cuarentena el consenso migratorio. Esta reunión surge en un contexto político complejo, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde los presupuestos para 2025 están siendo completamente reestructurados tras los efectos devastadores de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que afectó gravemente a una zona habitada por cerca de 850.000 personas.
El Gobierno valenciano aún no ha definido con claridad cuándo presentará el nuevo proyecto de presupuestos autonómicos, aunque ha fijado el mes de enero como plazo para iniciar las negociaciones en Les Corts Valencianes. Este proceso se complica debido a que el Partido Popular, liderado por Carlos Mazón, no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento autonómico y dependerá del apoyo de Vox para aprobar las cuentas.
En este contexto, la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, apeló este miércoles a la "responsabilidad" y al "sentido común" de todos los grupos parlamentarios para que aprueben los presupuestos destinados a la reconstrucción tras la DANA. Según Camarero, no debe haber “color político” en la aprobación de estas cuentas, pues se trata de un asunto de emergencia que requiere unidad. Sin embargo, la situación no será fácil, ya que la oposición de izquierda, especialmente el PSPV-PSOE, está centrada en cuestionar el liderazgo de Mazón, mientras que Vox, por su parte, sigue una línea muy estricta dictada por su dirección nacional.
Vox ya ha dejado claro que no apoyará ninguna propuesta presupuestaria que contemple "gastos superfluos", lo que podría generar fricciones con el PP en la negociación. El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, adelantó que su partido buscará revertir en el trámite parlamentario la eliminación del límite salarial de los miembros del Consell. Esto afectaría especialmente a los nombramientos de Mazón, ya que los altos cargos procedentes del ámbito militar verían reducidos sus sueldos en comparación con lo que percibían en el Ejército, lo que podría generar tensiones dentro del propio PP. En resumen, las negociaciones para aprobar los presupuestos valencianos de 2025 se presentan como un desafío
